La UE dará a los accionistas poder de veto sobre la remuneración del consejo

Bruselas quiere que los accionistas de las empresas cotizadas puedan vetar los honorarios del consejo de administración. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una directiva que otorga carácter vinculante al voto de los socios pero que, a diferencia de lo que ocurre con los bonus del sector bancario, no fija un tope máximo común sobre la remuneración de los altos mandos. Tampoco otorga poder de veto sobre el sueldo de los ejecutivos que no sean consejeros de la sociedad. Si la Eurocámara y el Consejo Europeo aprueban el texto, las cotizadas deberán someter a consulta la política de remuneraciones cada tres años y la junta general revisará su correcta aplicación al final de cada ejercicio. Algo tan lógico como que el voto de los accionistas de empresas cotizadas pueda frenar una remuneración excesiva de sus consejeros solo ocurre en diez países europeos entre los que no se encuentra España.

La norma también exigirá a las cerca de 10.000 cotizadas europeas dar explicaciones sobre la forma en que la política retributiva de los consejeros mejora sus resultados empresariales, así como sobre la relación entre sus sueldos y los del resto de empleados. El texto solo admite una excepción: los fichajes estrella de directivos, en cuyo caso las empresas podrán desviarse del máximo establecido siempre y cuando los accionistas lo refrenden en la siguiente junta de accionistas.

En la actualidad solo Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia— consideran vinculante el voto de los accionistas sobre la remuneración de sus cuadros directivos. En otros tres Estados miembros —España, Italia y República Checa— el pronunciamiento de la junta general es obligatorio pero no tiene poder de veto. El Ejecutivo comunitario considera que otorgar mayor capacidad de control a los accionistas redundará en beneficio de las compañías, que tomarán decisiones estratégicas pensando en el largo plazo y evitará que cometan errores derivados de “comportamientos cortoplacistas”. En otras palabras, lo que la directiva pretende es ligar los salarios del consejo a los resultados económicos de la empresa.

En aras de mejorar el control de los accionistas sobre la gestión de las cotizadas, la UE también propone una nueva salvaguardia para evitar que los minoritarios salgan perjudicados en operaciones corporativas en las que esté involucrado algún miembro de su consejo de administración. En concreto, la directiva obligará a las empresas a encargar una evaluación independiente cuando estas transacciones excedan el 1% de los activos de la compañía y vinculará al acuerdo de la junta general aquellas operaciones que superen el 5% de su valor en libros. La propuesta también incluye nuevos requisitos de transparencia para inversores institucionales (fundamentalmente fondos de pensiones, aseguradoras y sociedades de inversión), gestores de activos y asesores de voto con la intención de evitar potenciales conflictos de intereses.