Creación de empleo y fraude fiscal

La Reforma del Sistema Tributario Español es, sin duda alguna, una de las más importantes que debe abordar la sociedad española. Una reforma de largo recorrido que debería ser concebida para varias generaciones de españoles y que de inmediato afectará a los ciudadanos, la economía española y la situación de las finanzas públicas.

El objetivo principal de esta reforma debe ser la creación de empleo. Con ello se avanzaría igualmente en lograr una mayor cohesión social y la reducción de las desigualdades. Sin embargo, la política impositiva que viene desarrollando el Gobierno en estos dos últimos años, amnistía fiscal incluida, y la propuesta de reforma elaborada por la Comisión nombrada por el ejecutivo, no contribuyen al objetivo tantas veces aludido, porque dichos planteamientos económicos y políticos parten de una falacia que a fuerza de repetirla quieren imponer. Reduciendo los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios se incrementaría el empleo, cuando ya se ha demostrado en otras economías, como la norteamericana, que el resultado de estas políticas es un aumento de las desigualdades sin que aumente la creación de empleo.

El Gobierno propone más fiscalidad indirecta sin compensación a las rentas medias y bajas

La solución que propone el Gobierno, y sus compañeros de viaje, es incrementar la fiscalidad indirecta en beneficio de la directa, sin compensación alguna a los perdedores que son las rentas medias y bajas, salvo un impreciso deseo de aumentar la creación de empleo. Este tipo de políticas a su vez tienen unas consecuencias económicas negativas sobre los desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía y sobre la creación de empleo: lento desapalancamiento de las endeudadas rentas medias y su menor demanda de bienes domésticos, que con una alta probabilidad no son bienes importados. Por el contrario, las rentas más altas tendrían más disponibilidad para consumir, pero en este caso, bienes de alta gama que sí serán en un mayor porcentaje importados.

El punto de partida de una reforma fiscal ambiciosa para la creación de empleo y la equidad debería ser la lucha contra el fraude ilegal y el fraude legal (elusión fiscal). Pero acabar con el fraude no es una prioridad para el Gobierno como se ha puesto de manifiesto en reiterada ocasiones; tampoco lo es en el Informe que ha elaborado la Comisión de expertos gubernamental. En este se echa en falta una propuesta concreta de medios y una cuantificación precisa de objetivos. El Informe no incluye medidas para evitar las distintas formas de elusión fiscal, relacionadas con las multinacionales, los grandes patrimonios y la fiscalidad de la economía digital; tampoco hay referencia alguna a la orientación de la fiscalidad europea e internacional desde la perspectiva española.

Y es que el fraude es la fuente mayor de distorsión del sistema económico. Distorsión en las decisiones empresariales, las empresas con beneficios no declarados difícilmente los usan en políticas de crecimiento sólidas (desde la innovación a la exportación), aunque dispongan de oportunidades, de forma que el fraude socava el crecimiento empresarial y del conjunto de la sociedad; Pero, además, las empresas que defraudan emplean más sus recursos y su tiempo en cómo actuar para que nos las descubran que en tomar decisiones que tengan como meta incrementar la dimensión empresarial, innovar o apostar por la exportación. Hay una relación empírica clara, contrastada e inversa entre niveles de fraude de una economía y productividad por hora trabajada.

El punto de partida de una reforma ambiciosa para el empleo debe ser la lucha contra el fraude

Pero no acaba en lo anterior la distorsión sobre las decisiones económicas. También se pueden encontrar distorsiones en las decisiones personales de ahorro y trabajo, el fraude desfigura la canalización del ahorro hacia actividades productivas, de tal forma que las rentas ahorradas, en lugar de estar disponibles a través del sistema financiero se bloquean en activos con precios opacos como puede haberlo sido la propiedad inmobiliaria. En cuanto a las decisiones individuales de trabajo, la introducción del fraude las sesga hacia decisiones de menor valor añadido social y de menor proyección futura individual. Además la existencia de fraude supone una mayor presión fiscal nominal. En la medida en que la sociedad no esté dispuesta a renunciar a un cierto nivel de gasto, el fraude conduce a una presión fiscal superior sobre las rentas y empresas que sí tributan.

Por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal también tiene una incidencia directa en la resolución de uno de los desequilibrios macroeconómicos más importantes de la economía española como es el desahorro público, en tanto en cuanto, los resultados de lucha contra el fraude incrementaría la recaudación y reduciría el déficit público. La UE estima un fraude fiscal para España de en torno a los 70.000 millones de euros anuales. Ni que decir tiene que el fraude fiscal es, por encima de cualquier otra consideración, una fuente de injusticia y debilitamiento de las bases éticas del sistema. Si el fraude se percibe como un mal por la población es por la injusticia de que dos situaciones iguales tengan efectos distintos. Además, el gran fraude y la corrupción debilitan el estigma social del pequeño fraude y provocan un cierto efecto emulación que socava todo el fundamento del contrato social.

La lucha contra el fraude es la garantía de un sistema tributario que no distorsione el funcionamiento de la economía, que cree empleo y que avance en la equidad. Utilizando un símil, al "coche" del sistema fiscal español le faltan las ruedas que es el conjunto de técnicas y medios para luchar contra el fraude. Podemos ahora discutir mucho si conviene ponerle un carburador más eficiente o un tubo de escape más moderno. Mientras el Gobierno no tenga voluntad de ponerle las ruedas (que son hacer que las fortunas elevadas y paguen impuestos los que no pagan), solo estaremos mareando a la ciudadanía con fuegos artificiales, escondiendo, eso sí, detrás de la propuestas del Gobierno, una transferencia de renta de las rentas medias y bajas a las más altas, que por otra parte no es nuevo en la política económica del Gobierno. Por tanto, sin los medios necesarios y sin una reforma en profundidad de la administración tributaria no habrá una eficaz reforma tributaria.

* Pedro Saura García es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Murcia.