El asesor jurídico de TUI carga con los cinco delitos fiscales de la empresa
El directivo evita ir a la cárcel ya que la compañía pagará 50 millones a la Hacienda española
Un profesional del Reino Unido, Andrew Lloyd John, que es jefe de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración del turoperador turístico TUI Travel, asumió este lunes ante un juez de Palma la autoría de cinco delitos fiscales en nombre de la empresa. La condena, que es de cuatro meses por cada delito, no le supondrá el ingreso en prisión porque TUI pactó previamente con la fiscalía y Hacienda. El pacto supondrá un abonó de 50 millones de euros. La pena de multa del reo asciende a 36.000 euros y el condenado merece la atenuante muy cualificada de reparación del daño.
Este asunto es el mayor fraude fiscal detectado hasta la fecha en Baleares y ha sido resuelto en un juicio breve y de conformidad. El caso se ha centrado en el impago del impuesto de sociedades de 29 millones, más otros 20 millones por intereses y la multa correspondiente. TUI Travel y su filial First Choice Investment Spain (presidida por Andrew Lloyd) entre 2004 y 2008, dejaron de abonar las cuotas fiscales y que oscilaban entre 8,4 y 1,7 millones en cada ejercicio.
La raíz del caso, según la abogacía del Estado, nace de los ”artificios”, "pérdidas artificiales" en diferentes “operaciones de compraventa sin movimientos financieros” tras la adquisición del operador First Choice al grupo español Viajes Barceló en 2003. Hacienda tilda de incorrecta la deducción de pérdidas fiscales de 40 millones y de gastos financieros por 47 millones de euros que fueron atribuidas por el grupo inglés a sus filiales españolas. Las bases imponibles negativas resultaban de 87 millones.
La empresa TUI sostiene que sus métodos y el pago de tributos "cumplían con la legislación y prácticas fiscales del Reino Unido", según la nota entregada en la puerta de los juzgados. El touroperador es uno de los primeros grupos turísticos del mundo y sus representantes pugnaron durante dos años con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para intentar exonerar a la empresa.
TUI buscó, además, que no se mantuviera la acusación contra los integrantes de cúpula del operador, decisiones que habían sido imputadas ante los dos jueces que sucesivamente instruyeron la causa, Antoni Rotger y Juan Pedro Yllanes. Finalmente, aceptó el pacto y el asesor legal cargó con la responsabilidad penal.
Las empresas del consorcio TUI —uno de los primeros del mundo en turismo y transportes— mueven más de seis millones de turistas a España. La empresa reseñó que en septiembre de 2013, el pago de 50 millones al Estado fue consignado en las cuentas del grupo empresarial.
