La juez exculpa a 22 controladores de Palma por el caos aéreo de 2010

La juez de Palma Ana Cameselle ha sobreseído y archivado la causa abierta por un supuesto delito de sedición contra 22 controladores que bloquearon durante dos días en 2010, como en el resto de España, la actividad de la torre de control y del tráfico en el aeropuerto de Mallorca. La instructora descarta que los hechos puedan enmarcarse en el tipo delictivo que alude a "número suficiente" de empleados de aeropuertos que “perturben el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en aeronave o aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia”.

La investigación judicial establece que los encausados “no se negaron abiertamente a controlar el tráfico y no desobedecieron órdenes de sus superiores y no se ausentaron hasta que les fue permitido”. En los días 2 y 3 de diciembre de 2010, en Palma al igual que en los otros centros de España, los responsables de la navegación de aviones se dieron de baja, dejaron de trabajar, al alegar que estaban afectados por una extrema tensión, preocupación y estrés por su exceso de horas de trabajo y ante las perspectivas de cambios en su situación laboral y del ámbito legal con la privatización del servicio.

La juez cree que, en otro ámbito, podría haberse dado “un fraude de ley”, por haberse “utilizado una vía oblicua” con la intención de “alcanzar un fin prohibido por el ordenamiento jurídico, la huelga ilegal”. Reconoce en los investigados un estado ánimo y capacidad dominados por la frustración, rabia, nervios y ansiedad, no aconsejable para su función.

Idéntica situación de colapso de la circulación de aviones por bajas médicas en las plantillas de controladores sucedió en la mayoría de torres de España, con un bloqueo aéreo generalizado, con suspensión de vuelos, al no poderse realizar con el apoyo directo y seguridad las maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue. El conflicto generado motivó que el Gobierno ordenara la intervención de mandos militares en las torres al declarar el estado de alarma.

Los encausados “no se negaron abiertamente a controlar el tráfico”

“Considero que estamos ante un abandono impropio que no tiene cabida en el tipo objetivo del delito perseguido”, indica la juez en el auto que no es firme. En la dilatada instrucción se han escuchado las grabaciones de las comunicaciones internas de los hasta ahora imputados.

En el auto se hace hincapié en la influencia sobre los controladores de las decisiones político administrativas de posible privatización que se barajaban en 2010. "Es obvio (que) influyeron en su estado de ánimo y capacidad" constatado por los distintos médicos que les exploraron y lo manifestaron.

En el ámbito civil los perjudicados por los efectos de la acción de los controladores puedan iniciar sus iniciativas contenciosas de reclamación. El fiscal jefe de Baleares, la patronal de los hoteleros de Mallorca y distintos viajeros perjudicados plantearon las denuncias penales.

En el ámbito laboral, reseña la instructora, pudo darse “transgresión de la buena fe que contractual debe presidir la prestación” del servicio aunque sin indisciplina, renuencia a su cumplimiento de órdenes. Tras la intervención de los militares solo cuatro de los controladores “se negaron a controlar el tráfico, alegando que no sabían controlar espacios militares, alegando desconocimiento y que sólo atenderían emergencias”.

Esta decisión se produce poco después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, decidiera archivar de forma definitiva la causa de los controladores de Santiago, abierta por el mismo motivo, porque consideraba que el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010 fue "una decisión política de quien tenía competencia para ello". Todavía quedan causas abiertas contra controladores por el caos aéreo de 2010 en Madrid y Barcelona.