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El Gobierno argentino se fija como objetivo una inflación por debajo del 25%

El Ejecutivo busca reforzar y amplias acuerdos de precios con industrias y supermercados

Además, ha iniciado un ajuste fiscal y monetario para evitar el aumento de la pobreza

Un comercio con ofertas en el centro de Buenos Aires
Un comercio con ofertas en el centro de Buenos Aires EFE

Casi un mes después de la devaluación de Argentina, la cotización del peso se ha calmado, pero todavía hay operadores financieros que pronostican una profundización de la crisis cambiaria, con un impacto en términos de recesión, mayor inflación y tensión social. Mientras, otros consideran que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está comenzando a corregir errores que cometió el kirchnnerismo en los últimos ocho años de los casi 11 en el poder. Aquellos con más fluidez en el contacto con los colaboradores del dúo que desde noviembre pasado maneja la economía (el ministro del área, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega) han podido enterarse de los planes del Ejecutivo después de que ha sincerado los precios, primero con la devaluación del 14% del peso y después con la difusión de un nuevo índice de inflación, que reemplazó al subestimado que rigió desde 2007.

El Gobierno de Fernández apunta a bajar la inflación a un nivel por debajo del 25%, cinco puntos menos del que supuestamente es el nivel actual, según las fuentes del mercado que frecuenten a los altos cargos. No está claro cuál es ese nivel, pero si se combina la información de los índices de precios al consumidor (IPC) que elaboraban nueve provincias hasta el año pasado con el nuevo indicador creíble que en enero difundió Argentina, se puede concluir que la inflación ronda el 29,8% anual.

¿Cómo hará el Ejecutivo para bajar una inflación que supera el 20% anual desde 2007 (la excepción fue el 15% de 2009, por la Gran Recesión mundial) y que se acerca al 30% tras la depreciación de la moneda? Por un lado, busca reforzar y amplios acuerdos de precios con industrias y supermercados para productos de consumo masivo y la Comisión Nacional de Valores amenaza con castigar “prácticas desestabilizadoras” con los costes y el desabastecimiento del mercado, pero por otro lado ha iniciado un ajuste fiscal y monetario que busca resguardar a los pobres, que suponen un cuarto de la población argentina.

El Gobierno espera reducir el déficit fiscal, que no es tan alto (2% del PIB) , pero es financiado con emisión monetaria, lo que en este contexto impacta en la inflación, según reconocen economistas cercanos al kirchnerismo como Aldo Ferrer. Por una parte, augura que la devaluación mejorará las exportaciones y, por ende, la recaudación de los tributos que las gravan en Argentina. Por otra, ha puesto en marcha una “corrección del gasto”. La palabra ajuste no gusta al kirchnerismo.

Para empezar, en enero recortó en 2.400 millones de pesos (306 millones de dólares) anuales las subvenciones a los colectivos (autobuses) de Buenos Aires, con lo que el billete se encareció el 66%. Para continuar, los máximos funcionarios del Ejecutivo han admitido públicamente que reducirán las subvenciones a la tarifa de electricidad en Buenos Aires, pero puertas adentro aclaran que esa disminución afectará solo a los ricos y la clase media y excluirá a los hogares pobres.

El Banco Central comenzó a absorber pesos con letras cuyo rendimiento rondan entre el 28% y el 30%, por primera vez similar a la inflación después de años en que mantuvo los tipos de interés por debajo de ella para alentar la actividad económica. El alza de tipos, que se trasladó a los depósitos a plazo, tuvo un doble objetivo: reducir la inflación y evitar que la devaluación alentara una estampida de ahorradores hacia la compra de dólares, tradicional refugio de los ricos y la clase media de Argentina a partir de las recurrentes crisis cambiarias desde la década del 70. En lo que va de 2014, la autoridad monetaria ha retirado de circulación 34.900 millones de pesos (4.462 millones de dólares) en un intento por tranquilizar al mercado. La base monetaria, que está compuesta por el dinero en circulación y las reservas de los bancos en el Banco Central, viene creciendo al 21% anual, menos que el ritmo de la inflación y que en los años anteriores.

Los operadores que frecuentan a los funcionarios saben que los tipos altos no quedarán para toda la vida sino en la medida en que necesiten seguir absorbiendo pesos y dando señales de que la inflación bajará. No subirán tampoco por encima del IPC si con el nivel actual pueden cumplir con la tarea de quitar liquidez monetaria. Además, analistas privados prevén en contra de la opinión del Gobierno que la devaluación y los ajustes pueden llevar a Argentina a la recesión. En 2013, el PIB se expandió el 3,1% en los primeros nueve meses.

Los altos funcionarios kirchneristas reconocen que la devaluación fue una respuesta a la pérdida de competitividad que sufrían varios sectores de la economía, desde industrias hasta producciones agrícolas de fuera de la rica región pampeana, como las aceitunas o el vino. Pero como cualquier devaluación afecta a la sociedad, por la consiguiente subida de precios, y al mercado, por la incertidumbre que provoca, el Gobierno adoptó diversas medidas de compensación, incluidas las subidas de las pensiones y de la ayuda escolar y la creación de una subvención a los jóvenes que no trabajan ni estudian a cambio de que vuelvan a formarse, y prevé otras más.

Fernández se venía resistiendo a una devaluación desde 2011. Instauró entonces restricciones y prohibiciones para el acceso de empresas y personas a las divisas, el llamado cepo cambiario, con lo que cobró impulso un mercado ilegal de cambios, pequeño, pero influyente en las expectativas económicas. El dólar allí cuesta 11,90 pesos, mientras en la plaza oficial, 7,83. Para evitar que la depreciación brusca del 22 y el 23 de enero, que llevó el dólar de 6,87 pesos a 8,02, impulsara a que los ahorradores compraran dólares en el mercado ilegal, el 24 de ese mes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que también se incorporó al Gobierno en noviembre, y Kicillof anunciaron que los ciudadanos volverían a poder comprar un cupo de dólares para ahorro, después de 19 meses de abstinencia. En los primeros días llegó a haber 50.000 operaciones diarias, pero en febrero se fue estabilizando en 10.000. En parte, porque al principio muchos argentinos se quitaron las ganas contenidas de adquirir dólares en forma legal y a menor precio que en el mercado llamado blue (azul), pese a que bien podría apodarse black (negro). En parte, porque el Banco Central obligó a los bancos a vender divisas y bajó el dólar a la cotización actual.

La calma posterior a la devaluación de aquellos dos días de enero llevó a que los exportadores de productos agrícolas, principales bienes que Argentina vende al mundo, dejaran de retrasar sus ventas al exterior. En el Gobierno se jactan de que grandes agricultores y multinacionales de la comercialización internacional de granos advirtieron de que la nueva tasa de cambio era competitiva y estable.

Pero en el kirchnerismo no quieren mantener el peso más o menos fijo al dólar más que por un tiempo. Las autoridades admiten que la tasa de cambio, después de que se estabilice con la cosecha agrícola en abril, deberá acompañar la evolución de la inflación. Es decir, volvería a haber otras depreciaciones de la moneda argentina, aunque ya no tan bruscas como la de enero. Además, si el Gobierno logra su objetivo de bajar la inflación, también se hará menos necesaria la corrección de la tasa de cambio. Pero en la dupla Kicillof-Fábrega no quieren volver a la apreciación real (ajustada por inflación) del peso, que sucedió entre 2007 y 2012, cuando el dólar se encarecía cada año mucho menos que el IPC provincial. Ahora calculan que se ha recuperado la competitividad cambiaria de 2010.

Las reservas del Banco Central argentino, clave para la estabilidad del peso, habían batido un máximo histórico a principios de 2011, cuando llegaron a 52.000 millones de dólares, pero meses después cayeron unos 5.000 millones y entonces Fernández impuso el cepo cambiario en octubre de aquel año. Las reservas siguieron cayendo hasta 32.000 millones en noviembre pasado, cuando la presidenta de Argentina decidió renovar su equipo económico y político, un mes después de la magra victoria electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas. La cancelación de deuda externa pública y privada y el déficit comercial de sectores como energía, industrias del coche y electrónica y turismo explican el descenso.

La caída de reservas continuó hasta después de la devaluación, porque los exportadores retrasaron sus ventas al exterior a la expectativa de más depreciaciones y los importadores adelantaron compras por el mismo motivo. Pero desde hace dos semanas, con la nueva estabilidad cambiaria, los recursos del Banco Central se han mantenido relativamente quietos por encima de 27.000 millones. Las autoridades esperan que con el tiempo la cifra se recupere porque toda devaluación abarata la producción local, con lo que estimula la exportación y desalienta la importación. De hecho, el déficit de divisas por el turismo ha bajado en el primer mes posdevaluación de 57 millones de dólares mensuales a 32 millones. Menos argentinos vacacionan en este verano austral en Miami, el Caribe, Brasil o Uruguay, destinos que cambian por las playas de aguas más frías de la provincia de Buenos Aires.

Pero para recuperar reservas el Gobierno necesita también que lleguen inversiones, tanto de argentinos que tienen el dinero en el exterior como de extranjeros. Y para eso no solo basta la señal positiva para los mercados de que Argentina está a punto de sellar el acuerdo definitivo de indemnización a Repsol por la expropiación del 51% de YPF. En el Ejecutivo admiten que los controles de cambio, que prácticamente impiden girar beneficios al extranjero, deben ir quitándose de a poco para atraer al capital. Por eso el levantamiento parcial del cepo cambiario anunciado el 24 de enero es solo el comienzo.

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