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Panamá

Sacyr y el Canal de Panamá rompen la negociación sobre las obras de ampliación

El consorcio de la constructora española y los gestores de la vía se acusan de ser inflexibles

Las obras ya se han paralizado, según la estatal ACP

La ampliación del canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, está más en el aire que nunca. Las negociaciones que mantenían desde enero el consorcio responsable del proyecto, liderado por la constructora española Sacyr, y la Autoridad del Canal (ACP) para zanjar una disputa relacionada con sobrecostes multimillonarios en las obras acabaron este miércoles en ruptura. Una de las grandes incógnitas es quién acabará el tercer juego de esclusas de la vía, que debía estar listo antes de 2015 para triplicar el número de contenedores que cruzan este estratégico paso comercial. Según los gestores del Canal, las empresas ya han paralizado las obras. El consorcio —Grupo Unidos por el Canal (GUPC)— se apresuró a negarlo.

“Hay paralización de las obras en ambos lados”, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, dijo ayer tajante Jorge Quijano, administrador de la ACP, en declaraciones a EL PAÍS. Quijano añadió que el consorcio había “cumplido la amenaza” que lanzó el 1 de enero de detener los trabajos si no se le pagan 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) por gastos adicionales o sobrecostos: “Han enviado a los empleados para su casa y a otros les dijeron que no tenían que entrar, porque en verdad ya no iban a trabajar”.

El consorcio niega que se hayan suspendido o paralizado las obras. En todo caso, fuentes de Sacyr admitieron que hay menos actividad desde hace unas semanas, debido al problema de liquidez que arrastra el proyecto. La constructora lideró ayer las caídas del Ibex: se desplomó un 6,86%, casi lo mismo que subió la víspera ante la perspectiva de un acuerdo inminente.

La ruptura de las negociaciones fue anunciada por el consorcio por la mañana, después de que expirara el último plazo que se habían dado las partes para llegar a una solución. En un comunicado, las empresas —además de Sacyr, está compuesto por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana— culpaban a la ACP del fracaso de los contactos e informaban de que, pese al fin de las negociaciones, habían enviado una carta a Quijano con una última oferta en la que invitan al Canal a “abandonar su posición injustificadamente rígida”. Según el consorcio, la ruptura de negociaciones pone “en riesgo inminente” la expansión del Canal y hasta 10.000 puestos de trabajo. Un eventual acuerdo de financiación permitiría seguir adelante con las obras mientras las partes “dirimen sus disputas sobre la responsabilidad de los sobrecostes en el arbitraje”, añade el comunicado.

La Autoridad del Canal negó cualquier responsabilidad en el fin de la negociación. “Se acabó el tiempo, eso es todo”, afirmó Quijano. “No permitiremos chantajes”, ratificó. Sobre las razones que han llevado a la ruptura, Quijano explicó que, durante las negociaciones, el consorcio ha mantenido “una posición inflexible, una y otra vez, pretendiendo que la ACP negociara fuera de contrato cifras exorbitantes y no sustentadas”, lo que impidió una salida consensuada. “En estas negociaciones, cada vez que se vislumbraba un acuerdo, el GUPC endurecía su posición y regresaba a su propuesta inicial de que la ACP se hiciera responsable por las cifras exorbitantes por supuestos sobrecostos a la que unilateralmente llegó”, añadió. En realidad, el consorcio no pide que la ACP asuma los sobrecostes, sino que financie la obra mientras los árbitros dirimen quién tiene razón.

“No permitiremos chantajes”, afirma la Autoridad del Canal

El consorcio insistió en que las obras tienen un avance de más del 70% y que “ha estado haciendo propuestas y respondiendo a propuestas de la ACP de manera continua y casi diaria”, en un esfuerzo para “permitir que se complete el proyecto de la expansión en el menor tiempo posible”. Además, el consorcio pidió ayer al Canal que pagase una factura pendiente de 50 millones de dólares “para permitir los pagos a las subcontratistas y a los trabajadores y cubrir así las nóminas”. Quijano aclaró que no se ha atendido el pago porque el consorcio no está al día con la Seguridad Social.

Las empresas proponen a la Autoridad del Canal una moratoria (de 2015 a 2018) de la devolución de 785 millones de dólares en pagos anticipados realizados bajo el contrato. “Con esta ampliación del reembolso, GUPC estaría en posición de contribuir con otros 500 millones de dólares en efectivo”, asegura el consorcio en la carta enviada al administrador del Canal el martes. En ese documento se asegura que la negativa de la ACP a aceptar una moratoria ha sido uno de los puntos de mayor fricción.

La crisis estalló el 1 de enero, cuando el consorcio advirtió a la ACP que, a partir del 20 de ese mes, paralizaría la construcción si no se le financiaban 1.600 millones de dólares en sobrecostes por “condiciones geológicas imprevistas” que absorbieron “gran cantidad de recursos adicionales”. La Autoridad rechazó la petición. La ACP ofreció un anticipo de 183 millones de dólares, con una contrapartida del grupo de 100 millones de dólares. Entonces, las empresas ofrecieron fórmulas de cofinanciación con garantías de devolución de su parte a la ACP que tampoco prosperaron.

Las empresas piden una moratoria de la devolución de 785 millones de dólares

Tras cumplirse el plazo del 20 de enero, y ante la ausencia de un acuerdo, las partes acordaron fijar primero el 31 de enero y luego el 4 de febrero como límite para resolver sus diferencias, pero la negociación siempre fue complicada.

Quijano ha narrado a este diario que la noche del martes “todavía intercambiábamos cosas”. “Simplemente los dos lados nos dijimos: mira, ¿para qué extender esto más? Y parece ser que ellos sí tenían su plan, porque yo también pude haber ejecutado la resolución del contrato. Sin embargo, no lo hicimos. Ellos son los que han suspendido la obra. Era más el plan de ellos que el nuestro”.

La duda ahora es saber si existe la posibilidad de que las partes reanuden los contactos o, simplemente, se busque a otra empresa que acabe las obras o que sea el propio Canal el que finalice los trabajos. “Seguiremos nuestros pasos con una cabeza muy fría y un corazón muy caliente. Estamos analizando las opciones que tenemos para asegurarnos de que no cometemos ningún error o desviación”, dijo Quijano. “La ACP va a cumplir con todos los pasos importantes del contrato y va a terminar esta obra en 2015, con o sin GUPC”, aseguró el administrador del Canal, que añadió que en las últimas dos semanas las negociaciones las ha dirigido la empresa italiana Impregilo.

“Sin una solución inmediata, Panamá y la ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso”, advirtió el consorcio en el comunicado.

Con una oferta de 3.118 millones de dólares (2.300 millones de euros), el GUPC ganó en 2009 la licitación de las nuevas esclusas —parte principal de la ampliación— y ese año inició los trabajos. El total de la expansión está valorada en 5.250 millones de dólares (4.000 millones de euros) y fue iniciada en 2007. El consorcio liderado por Sacyr debía concluir en 2014, pero por diversos retrasos registrados en 2012, la fecha se postergó a 2015.

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