La PAC toma tierra

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha constituido, desde la presentación de la primera propuesta en otoño de 2011 por el comisario Dacian Ciolos, el eje de las actividades del Ministerio de Agricultura y la principal preocupación del conjunto del sector agrario.

Más de dos años después del arranque de los debates, por fin, la reforma ha tomado tierra. Agricultura y comunidades autónomas, tras unas negociaciones que se han desarrollado en los últimos seis meses, con las organizaciones agrarias informadas, pero más bien como oyentes, suscribían la pasada semana un acuerdo por el que se define lo que es actividad agraria y agricultor activo y, en definitiva, se ponen nombres y apellidos a los destinatarios de los fondos, superficies, activos y comunidades autónomas.

Sobre el papel, en lo que afecta a los pagos directos, la reforma de la PAC suponía un cambio radical al sustituir el anterior modelo de pagos por derechos históricos a otro basado en las superficies. Sin embargo, en la práctica, con el apoyo de los países que han estado recibiendo las mayores ayudas tradicionalmente, entre ellos España, la reforma ha supuesto una estabilidad en la distribución de los fondos. La novedad más importante ha sido el compromiso de la Comisión Europea de evitar conceder ayudas a superficies abandonadas, así como a personas o empresas no ligadas a la actividad agraria, que han sido motivo de escándalos y que deslegitimaban los pagos de la PAC.

Bruselas hizo una lista negra sobre superficies como campos de golf, aeropuertos, instalaciones ferroviarias o terrenos de empresas constructoras que debían eliminarse de las ayudas, y dejaba la puerta abierta a cada país para incrementar la misma. En España, Agricultura consideró que no era necesario ampliarla y, de acuerdo con la reglamentación comunitaria, negoció con las comunidades autónomas la definición de lo que se debería entender como actividad agraria y como agricultor o ganadero activo, condiciones que se acordaron en la última conferencia sectorial y que han supuesto la cuenta atrás para aplicar la reforma.

En relación con la concesión de las ayudas previstas, que se pagarán en otoño de 2015, el solicitante de las ayudas deberá justificar que desarrolla una actividad agraria. En el caso de la agricultura, mediante declaración de cultivo o de barbecho, pero siempre justificando los gastos realizados en labores o medios de producción de esa actividad. Si se trata de explotaciones ganaderas, deberá justificar su existencia en el registro correspondiente y que las cabañas sean compatibles con la dimensión de la finca, con una carga ganadera mínima de 0,20 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea, es decir, el equivalente a una vaca por cada cinco hectáreas.

Junto a la actividad agraria como condición indispensable para recibir la ayuda, España ha marcado las exigencias para ser considerado agricultor activo y destinatario prioritario de las ayudas. Según el acuerdo adoptado, el agricultor o ganadero cuyos cobros por ayudas supongan más del 80% del total de los ingresos de la explotación no tendrá derecho a considerarse activo. Esta medida afectará a 71.476 productores que dejarán de percibir unos 550 millones de euros, que pasarán a los agricultores activos de las mismas comarcas agrarias.

Agricultura y las comunidades autónomas habían marcado inicialmente ese porcentaje en el 90%. Pero las organizaciones agrarias se opusieron, al creer que se dejaba la puerta abierta para recibir ayudas a personas no profesionales, a los denominados cazaprimas, al tener solamente un 10% de ingresos ligados a la actividad agraria. Esta medida se aplicará igualmente a las empresas que optan por las ayudas directas. COAG y UPA valoran positivamente esas mayores exigencias, aunque las consideran insuficientes si lo que realmente se pretende es que los activos sean los profesionales del campo, unos 300.000, frente a los 900.000 perceptores actuales de ayudas.

Esta exigencia no se aplicará a los agricultores que reciben ayudas inferiores a los 1.250 euros, más de 407.000, calificados como pequeños productores.

Para concentrar los recursos sobre los activos y la actividad agraria, se eliminarán también progresivamente los pagos a quienes perciban menos de 100 euros en 2015; de 200 euros en 2016, y de 300 en 2017, unos 100.000 perceptores.

El acuerdo no prevé la posibilidad de aplicar una modulación superior al 5% para quienes perciban ayudas superiores a 150.000 euros, algo que era optativo en cada Estado miembro y que en España afecta a poco más de 200 solicitantes.

La aplicación de la reforma de la PAC en España para la distribución de los fondos, en realidad ya estaba casi marcada de antemano, tanto desde las instancias comunitarias como por el propio ministro de Agricultura, que había reiterado la necesidad de una reforma que no supusiera un trasvase de fondos entre territorios o sectores para evitar inseguridad en las explotaciones. Bajo este planteamiento acudieron a la Conferencia Sectorial los consejeros de Agricultura regionales para lograr un acuerdo que solo prevé oscilaciones del 0,67 al alza o a la baja en los pagos en relación con los actuales. Por esta razón, COAG entiende que se han tenido más en cuenta los intereses regionales que los de los agricultores activos.

Tras este acuerdo falta la territorialización de España en más de veinte regiones, donde debe producirse una convergencia discreta de ayudas.