Bruselas mantiene que mediará en el conflicto pese al rechazo de Panamá

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha matizado este lunes en Bruselas que el papel de la Comisión Europea en el conflicto abierto entre el Gobierno de Panamá y el consorcio que acomete las obras del Canal de Panamá —liderado por Sacyr— se limita a acercar las posturas para alcanzar una “solución financiera” que permita a las empresas terminar el proyecto “en el plazo previsto”. Las autoridades comunitarias, sin embargo, siguen calificando su labor de “mediación” y apuntan que las obras seguirán hasta que se alcance un acuerdo. Por su parte, el Gobierno panameño rechaza el papel de árbitro de la UE.

El Ejecutivo comunitario anunció el domingo que intervendría en el conflicto para “mediar” entre las empresas que conforman el consorcio que lleva a cabo la obra (la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul) y el Ejecutivo panameño. Este mismo lunes, el portavoz del vicepresidente de la Comisión y comisario Antonio Tajani, ha vuelto a calificar su labor de “mediación entre las partes”. El ministro Margallo, en cambio, sostiene que “se ha entendido mal” el anuncio de las autoridades europeas. “Lo que la Comisión se está planteando es buscar una fórmula, una solución financiera, para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el que están inmersas y la obra pueda continuar al ritmo previsto", ha puntualizado el titular de Exteriores en Bruselas, donde ha participado en una reunión con el resto de ministros europeos del ramo.

Las declaraciones se producen horas después de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazase frontalmente la intervención de la Unión Europea en el conflicto y recalcase que la solución “debe darse dentro de los mecanismos que indica el contrato firmado".

El conflicto se desató el pasado 1 de enero, cuando el consorcio que realiza los trabajos de ingeniería, Grupo Unidos por el Canal, amenazó con echar el freno a las obras si la ACP no aceptaba asumir el pago de 1.600 millones de dólares (aproximadamente 1.200 millones de euros) en concepto de “sobrecostes”. Las empresas cargaron contra la “información deficiente” facilitada por los administradores del Canal y el Gobierno panameño replicó que las compañías debían cumplir con “lo acordado en el contrato”.

El ultimátum de Sacyr —en calidad de líder del consorcio— a la Administración del Canal finalizaba este lunes pero no se ejecutará hasta que se alcance un acuerdo, según han informado tanto la Comisión Europea como las empresas que forman parte de la ACP. “Los trabajos seguirán hasta que las partes pacten una resolución que ponga fin al problema”, ha añadido el departamento europeo de Industria. Según fuentes comunitarias consultadas por Efe, Bruselas plantea un plazo de tres semanas para lograr avances en la solución del litigio que califica de “complejo”.

Sacyr y sus socios se hicieron con el contrato de ampliación del Canal de Panamá en julio de 2009. La oferta del consorcio fue de 3.118 millones de dólares, por debajo de los 3.481 millones que Panamá estableció como precio máximo de adjudicación. La importancia del Canal es clave para la economía panameña. Cada año, entre 13.000 y 14.000 barcos lo utilizan como tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico. Por sus instalaciones pasan 144 rutas marítimas que conectan 160 países, según cifras oficiales.