Chasco del Gobierno mexicano en su intento de incentivar el pago de impuestos

El Ejecutivo de Peña Nieto publica una lista de morosos fiscales por primera vez en la historia del país cuestionada por los contribuyentes y que podría violar los derechos fundamentales

La lista de deudores publicada en México por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha convertido en el centro de las críticas de contribuyentes e instituciones apenas una semana después de su estreno. El ejercicio de transparencia fiscal, promovido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sufre desde hace días ataques de algunos particulares incluidos como morosos, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Incluso algún miembro del PRI (partido del Gobierno), como el líder del Senado, Emilio Gamboa, ha pedido que se dé marcha atrás y se retire la lista. El SAT, por lo pronto, ha pospuesto la publicación de los supuestos deudores que compran facturas para pagar menos impuestos, que estaba prevista para este miércoles.

Lo que nació como un avance hacia la transparencia podría quedarse en un fracaso. Algunos de los señalados como morosos ya se han rebelado públicamente y han demostrado posibles inconsistencias en la elaboración del listado. La actriz y cantante Susana Zabaleta, por ejemplo, emitió un comunicado en el que el propio SAT le notifica que está al corriente de sus pagos o el académico José Woldenberg, que aparece en la lista como "no localizado", ha explicado públicamente que lleva residiendo en el mismo domicilio fiscal desde hace más de 20 años. "Todo indica que el SAT no ha cumplido bien con sus atribuciones de cobrar a quien le tiene que cobrar, de notificar a quien le tenga que notificar o de localizar a quien parece ridículo que no puedan localizar", dice el comisionado del IFAI Ángel Trinidad Zaldívar.

La procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, asegura que ya han recibido "bastantes" denuncias de particulares sobre las que el SAT tendrá que pronunciarse antes del viernes. Bernal sostiene que la lista actual incumple el debido proceso al no explicar las razones por las que cada uno de los contribuyentes está incluido. "¿Cómo se van a defender si no conocen las razones de por qué los incluyen? No se puede hacer un listado sin dar explicaciones, podrían estar violando derechos fundamentales", argumenta.

El director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, cree que "el hecho es que es un derecho de todos los contribuyentes el saber en qué situación se encuentra el resto", pero lamenta que si el proceso de la elaboración del listado "no está perfectamente apegado a derecho abre la puerta a que los ciudadanos se amparen", lo que podría frenar el avance en materia de transparencia fiscal.

Las críticas se multiplican y no solo afectan a aquello que se ha publicado, sino a lo que se oculta. La reforma fiscal promovida por el presidente Peña Nieto y aprobada por el Congreso mexicano el pasado mes de octubre incluyó seis casos de excepción al secreto fiscal en favor del derecho del ciudadano a conocer cierta información. Los cuatro primeros puntos corresponden a aquellos contribuyentes que no están al corriente de su pago de impuestos (los ahora publicados), pero los dos últimos casos aún no han salido a la luz y se refieren a aquellas personas o empresas a las que el Gobierno les condonó una deuda o crédito por atraso en el pago de impuestos.

Las cifras de condonación de créditos fiscales alcanzaron entre 2007 y 2009 más de 73.000 millones de pesos (más de 5.500 millones de dólares). "La publicación de la lista de morosos es un primer paso, pero se queda corto porque lo más importante sigue faltando, que es aquello que tiene que ver con la cancelación de los créditos fiscales. El hecho de que haya algunos que no paguen afecta a todos. De pronto parece que los contribuyentes menores están cautivos, pero a los grandes les acaban cancelando el crédito, eso suena a algo inequitativo", dice Trinidad Zaldívar.

El problema no es menor, ya que el dinero que se condonó, y se sigue condonando, es un dinero que el país deja de ingresar. Más aún cuando México es el país de la OCDE que menos recauda en impuestos, con apenas un 19,8% de ingresos. La explicación a las condonaciones de algunos créditos fiscales - principalmente a grandes empresas- es que sale más caro recuperar el monto que lo que es en sí el crédito, pero en el 2009 se cancelaron 15 créditos fiscales por valor de entre 100 y 500 millones de pesos, según información oficial del SAT. "Yo me pregunto cuál fue la causa ahí. Estimo que es de interés público conocer quiénes son los beneficiados", añade el comisionado del IFAI, que lleva años exigiendo que los nombres de las empresas y los montos salgan a la luz.

El SAT se defiende de la no publicación de los créditos perdonados porque en la ley dice que solo se publicarán estos datos a partir del 1 de enero de 2014, no con carácter retroactivo. De manera que lo que sirve para los deudores no se aplicable a las grandes compañías que han salido beneficiadas. "Es cierto que hay un trato diferenciado, pero la responsabilidad es del Congreso porque así quedó la ley, de lo que puede inferirse que hubo presiones en las negociaciones políticas de la reforma", explica Bohórquez. Las grandes empresas siempre se han enfrentado a cualquier intento de hacer público el perdón fiscal. Al menos hasta ahora, su secreto se mantiene.

Sobre la firma

Inés Santaeulalia

Es la jefa de la oficina de EL PAÍS para Colombia, Venezuela y la región andina. Comenzó su carrera en el periódico en el año 2011 en México, desde donde formó parte del equipo que fundó EL PAÍS América. En Madrid ha trabajado para las secciones de Nacional, Internacional y como portadista de la web.

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