Francia defiende su modelo

La situación de Francia inquieta. Desde que hace más de un año el semanario The Economist definió al país como “una bomba de relojería en el corazón de Europa”, la prensa anglosajona y parte de la local no se cansan de señalar sus males: un mercado laboral demasiado rígido, impuestos y costes laborales excesivos, deuda pública disparada, un crecimiento nulo, desempleo alto y un presidente, el socialista François Hollande, que parece estar desbordado por la situación y hundido en las encuestas de popularidad. Ante estos problemas, Berlín, Bruselas y la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), que acaba de rebajar la nota del país, coinciden en la receta: más esfuerzos para atajar el déficit y, sobre todo, para devolver a Francia a la senda de la competitividad.

Tras la decisión de S&P, Hollande soltó una de esas frases que tienen el don de desquiciar a sus opositores: “Mantendré la estrategia, que es la nuestra, el rumbo, que es el mío”. El Gobierno ha defendido una forma propia de afrontar la crisis, un modelo que difiere del de sus vecinos.

Para reducir el déficit hasta el 4,1% este año, París ha priorizado la subida de ingresos fiscales, cuando lo habitual en otros países han sido los recortes; y ha buscado acuerdos en reformas como la laboral, pactada entre las patronales y la mayoría de los sindicatos. Se ha resistido, en definitiva, a reducir su envidiado Estado de bienestar, que muchos consideran ya obsoleto, un vestigio de tiempos mejores.

Hollande ha apostado por subir impuestos y no por recortar gastos

Lógicamente, la quinta economía mundial se resiste a ser considerada el enfermo de Europa y tiene algunos argumentos que ofrecer. “Francia tiene importantes ventajas, incluida una demografía dinámica, una productividad entre las más altas de la OCDE —59,49 dólares frente a los 58,26 de Alemania—, una posición como líder global en sectores clave, como el aeroespacial o los transportes, así como infraestructuras de alta calidad”, dijo el año pasado Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE.

“Claramente, mi país es atractivo”, se entusiasmaba hace unos días Serge Boscher, director de la agencia francesa para las inversiones internacionales (AFII), durante un encuentro con periodistas españoles en París, invitados por la agencia. “Somos el segundo destino europeo para la inversión productiva, por detrás de Reino Unido. Somos un gran mercado y servimos de puente hacia el resto de Europa, África y Oriente Próximo. Tenemos una mano de obra muy formada, y un buen ecosistema para las empresas que quieren invertir en I+D”, aseguraba.

Los mercados parecen darle la razón. Pese a la rebaja de S&P, Francia se financia a costes históricamente bajos, con unos tipos de interés en los bonos a 10 años en torno al 2,4%, lejos del 4% de hace apenas tres años.

Entonces, ¿tiene Hollande motivos para estar preocupado? Sí. El presidente ha llevado a cabo, desde su elección en mayo de 2012, un delicado número de equilibristas entre las exigencias de Bruselas y las de sus votantes, un ejercicio con el que ha conseguido una hazaña: disgustar a todos. En Bruselas y Berlín, el optimismo del Ejecutivo, que atisba un cambio en la curva del paro, no es contagioso. El crecimiento imparable de la deuda pública, que alcanza ya la cifra récord del 93,4% del PIB, preocupa. También inquieta la receta elegida por Hollande para alcanzar el objetivo de déficit del 3% en 2015, tras lograr un plazo extra de los socios comunitarios. Las repetidas subidas de impuestos suscitan recelo y son acusadas de restar competitividad a las empresas galas. “La disciplina presupuestaria debe pasar por una bajada del gasto público y no por nuevos impuestos”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Oli Rehn, el pasado agosto. Mientras Francia siga teniendo el gasto público más elevado de la zona euro —el 57% del PIB—, unos costes laborales unitarios de los más altos de Europa —35,4 euros frente a los 32,68 de Alemania o los 20,85 de España— y un mercado laboral juzgado poco flexible, pese a la reforma aprobada este año, no parece que las exigencias de mayores reformas vayan a cesar.

De hecho, el mensaje ha empezado a calar en un Gobierno que ve con preocupación su pérdida de competitividad. “Francia está reformándose, cambiando respecto a sus finanzas públicas y su competitividad”, prometió hace un mes el ministro de Economía, Pierre Moscovici.

El presupuesto para 2014 dibuja las primeras grietas en el modelo que había defendido el Ejecutivo hasta la fecha y da prioridad a un mayor control del gasto. Contempla 15.000 millones de recortes —9.000 en la Administración y 6.000 en los gastos sociales, incluidos ahorros de 2.400 millones en la Seguridad Social— y una subida de impuestos de 3.000 millones. En 2013, en cambio, el presupuesto recogía un ajuste de 30.000 millones: 20.000 en subida de impuestos y 10.000 en reducción del gasto. El Gobierno también ha escuchado a las empresas, que se beneficiarán de una rebaja del 4% del coste laboral, gracias a un crédito fiscal de 10.000 millones para “la competitividad y el empleo” en 2014 y otro similar, en 2015.

El optimismo de Hollande tampoco convence en Francia. La población vive con frustración el alto desempleo —el 10,5% en el tercer trimestre, según el instituto nacional de estadísticas francés, la mayor tasa desde 1997—, el cierre de fábricas y las deslocalizaciones. Está harta de las subidas de impuestos. En enero, el tipo general del IVA pasará del 19,6% al 20%, y el medio, del 7% al 10%.

Su apuesta por el diálogo social empieza a ser vista como una falta de ideas, cuando no como una muestra de incompetencia. Una imagen que recientes episodios, como el de la suspensión de la ecotasa para los camiones, ante las protestas del sector, no contribuyen a mejorar.

Entre un vecino alemán que parece inalcanzable y la competencia de países cuyos costes laborales son más bajos, como España, a Hollande se le multiplican los retos. Tendrá, sin embargo, que encontrar la forma de reactivar un crecimiento que ha sido prácticamente nulo este año, de atajar el paro, de cumplir las exigencias de Bruselas y de mejorar la competitividad de las empresas. Todo ello sin empeorar demasiado las condiciones laborales de los trabajadores y del Estado de bienestar. Una labor ingente que quizá solo pueda conseguir un equilibrista como él.