El expresidente de Pescanova Fernández de Sousa Faro declara ante el juez Ruz

Tras la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la investigación mercantil de KPMG ha llegado el turno del juez. El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, y P. J. F. A. declaran este martes como imputados ante el magistrado Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, y en cuentas anuales. Al patriarca de Pescanova se le imputan, además, los presuntos delitos de uso de información relevante, de estafa, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro societario.

El empresario ha llegado a las dependencias de la Audiencia Nacional en la madrileña calle de Goya con unos minutos de adelanto sobre las 09.30 en un taxi y acompañado de su abogado. Fernández de Sousa no ha querido hacer declaraciones a la media docena de periodistas que le esperaban a las puertas del edificio. Antes que el imputado ha entrado el abogado Joaquín Yvancos, quien representa a los accionistas minoritarios que presentaron la demanda que acabó en la apertura de la investigación judicial contra Fernández de Sousa. Yvancos se ha mostrado confiado en que la justicia actúe y se amplíe la querella contra otros implicados en el caso Pescanova.

El empresario debe explicar la venta a espaldas de la CNMV de 1,6 millones de acciones

En torno a mediodía, P. J. F. A., ha llegado andando a esta sede de la Audiencia para declarar. Una hora después, estaba prevista la comparecencia de otro de los imputados: Jesús García, el representante del consejero de la Sociedad Gallega de Importación de Carbones, una de las entidades instrumentales de Fernández de Sousa y que tenía un asiento en el consejo de administración de la pesquera.

Los problemas se desbordan

El pasado mes de febrero nada hacía esperar a los mercados que la fiabilidad de la compañía estaba a punto de saltar por los aires. El 28 de febrero, al límite que marca la normativa bursátil, la empresa anunció que no presentaría su contabilidad de 2012. Pocos días después reveló que había "discrepancias" entre las cuentas reales y las que estaban ya preparadas para ser enviadas al regulador bursátil. El castillo de naipes se tambaleaba.

A esa revelación siguieron cinco meses de incertidumbre: tras presentar el concurso de acreedores y después de que la cúpula fuera retirada de la gestión e imputada en parte, un informe encargado por Pescanova y elaborada por KPMG, reveló que en la empresa se habían manipulado las cuentas desde hacía tiempo. Un fraude a gran escala, del que según los primeros indicios señalados por la investigación, estaban al corriente el presidente y buena parte de la cúpula. Desveló que la empresa está en quiebra técnica, con un agujero de 927 millones y una deuda de 3.281 millones.

Aunque la imputación de Sousa y parte de la cúpula se conoció en julio, hasta septiembre no se impusieron fianzas a los acusados hasta septiembre. A principios de ese mes, los 10 consejeros y directivos de Pescanova encausados se les exigieron para hacer frente a su posible responsabilidad civil 1.200 millones de euros de fianza en total. La mayor de las fianzas civiles fue la impuesta a Sousa: 178,85 millones de euros para él y 69,4 millones a cada una de sus sociedades implicadas, Sodesco, Inverpesca y Sociedad Gallega de Importación de Carbones.

Los 10 consejeros y directivos encausados responden de una fianza civil 1.200 millones

Unos días después sus cuentas quedaron bloqueadas: Rosario Andrade, esposa del expresidente, había tratado de enviar a un banco de China 5,2 millones de dólares (cuatro millones de euros) tras admitirse a trámite la primera de las querellas contra su marido en mayo. Tras conocerse este posible intento de alzamiento de bienes, el magistrado Eloy Velasco, en funciones de guardia en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, decretó el bloqueo.

Venta de acciones a escondidas

Sousa declara este martes sobre la venta a espaldas del regulador bursátil de 1.688.518 acciones, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco) a un precio medio de 16,16 euros, con lo que obtuvo un ingreso superior a los 27,45 millones de euros al tiempo que evitaba una pérdida patrimonial de 15,6 millones. También vendió acciones posteriormente a través de las sociedades Inverpesca y Sociedad Gallega de Importación de Carbones, 560.678 y 24.400 títulos respectivamente, lo que le evitó otras pérdidas patrimoniales cuyo importe no ha estimado la CNMV.

El expresidente reconoció haber realizado esa venta a escondidas, pero justificó que lo había hecho para prestar el dinero a la compañía. En realidad, solo una parte del dinero, unos nueve millones, fueron a parar a Pescanova, en forma de préstamo al 5% de interés.

También está previsto que declare como imputado su hijo Pablo Javier Fernández Andrade, exmiembro del consejo de administración de Pescanova (actuaba en nombre de Inverpesca). Se le imputan presuntos delitos de falseamiento de información económica-financiera, de falseamiento de cuentas anuales, estafa y un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Siete exconsejeros imputados

En total, hay siete exconsejeros imputados, de los doce que tenía el consejo antes de que estallara la crisis. El juez Ruz de la Audiencia Nacional encausó a finales de mayo Fernández de Sousa. Tras las denuncias admitidas de varios accionistas, la Audiencia también encausó por los mismos delitos a Alfonso Paz-Andrade, consejero de la firma y ex consejero delegado. Además, por posible uso de información relevante declararán imputados los accionistas José Alberto Barreras (padre de una consejera habitual) y José Antonio Pérez-Nievas, este último también consejero, a través de la empresa Iberfomento.

A principios de julio se sumaron a la lista cuatro consejeros más, tras una querella del fondo Luxempart: el director general y representantes de Inverpesca, P. J. F. A.; el miembro de la comisión de auditoría y consejero por ICS Holdings, Fernando Fernández de Sousa Faro, hermano del presidente; y el miembro de la comisión de auditoría, Robert Albert Williams, amigo de Sousa y su colaborador desde hace lustros. Todos declararán ante el juez Ruz en los próximos días.