Congelación, incapacidad y deterioro

Llueve sobre mojado. La congelación salarial que anunció ayer el Gobierno central para los empleados públicos tiene causas nítidas y consecuencias de incidencia creciente, a medida que se prorrogan congelaciones y se consolidan hachazos en pagas extra y complementos. No es posible dar un porcentaje único de pérdida acumulada de poder adquisitivo, porque depende de la comunidad autónoma de referencia y la categoría. Pero en muchos casos se supera el 20%; sobre todo en el caso de los trabajadores más cualificados. A los empleados de los niveles más bajos les aproxima a los mínimos de subsistencia; y a los mejores entre los de nivel más alto (médicos, profesores, investigadores, jueces, cargos directivos) les lleva a preguntarse si dada su cualificación y reputación no sería mejor buscarse la vida en el sector privado o en el extranjero. La vocación de servicio público tiene un límite.

La causa primera del recorte es la crisis económica y la consecuente reducción de los recursos públicos. Pero la incapacidad del Gobierno actual y el anterior no pueden orillarse. Por dos motivos. Primero, por el daño que le han hecho a la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, mediante rebajas indiscriminadas y escasamente meditadas, pero también por la desatención a la lacra del fraude fiscal. Nuestros problemas con el déficit que ahora se esgrimen para justificar los recortes tienen que ver sobre todo con eso, y no con un gasto público desmesurado en perspectiva comparada.

Segundo, porque es comprensible que un Gobierno opte un año o dos por la congelación; incluso por una eliminación por la vía del decreto urgente de una paga extra. Las dinámicas presupuestarias son complejas y sujetas a una fuerte inercia, por lo que este tipo de medidas pueden ser la única solución efectiva para cuadrar en el corto plazo. Pero han transcurrido ya cinco años y el Gobierno central no ha sido capaz de encontrar alternativas. Lo mismo que le ha pasado a los Gobiernos autónomos de Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha o Galicia, entre otros, que han recortado por encima de la media. Preocupante.

Las consecuencias son de naturaleza variada. Señalaré dos. En el terreno macroeconómico, penaliza el consumo privado y, por tanto, la demanda agregada y el producto interior bruto (PIB). No solo por la reducción de renta, sino también por la erosión de la confianza que generan las caídas de capacidad adquisitiva reiteradas, a veces por sorpresa y siempre sin compromiso creíble de reversión. En el terreno de los servicios públicos, los recortes de salario, el empeoramiento de las condiciones laborales, los ajustes indiscriminados en material y personal minan la moral de los trabajadores y ponen en riesgo la calidad de los servicios. Sin duda, el sector privado se hace más competitivo cuando lo público se deteriora.

Santiago Lago Peña es catedrático de economía aplicada de la Universidad de Vigo

@SantiagoLagop