Hacienda endurece las exigencias a las comunidades incumplidoras

El Ministerio de Hacienda va cerrando el puño sobre las comunidades autónomas incapaces de embridar su déficit presupuestario. Ha endurecido las condiciones del rescate regional para controlar los pagos pendientes y evitar que crezca de nuevo la bola de la morosidad.

Para ello, el Departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro ha dado un nuevo giro al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) —el fondo de rescate estatal para las comunidades en apuros— y desde hace semanas exige a las comunidades tuteladas la lista detallada de las facturas pendientes de pago para que las deudas vinculadas a sectores como la sanidad, educación o servicios sociales se liquiden cuanto antes. Las comunidades ni siquiera gestionarán el dinero de este nuevo FLA. Envían a principio de cada mes el listado con las facturas pendientes y las que pretenden liquidar y Hacienda las revisa y las paga directamente a los proveedores a través de la cuenta general del Estado. Así, el dinero no pasa por las comunidades para evitar que lo destinen a otros pagos como ha venido ocurriendo en algunos casos.

La lista de facturas es uno de los requisitos que Hacienda ha reclamado a los territorios que se han sumado al nuevo FLA reforzado y que acumulan retrasos con el cumplimiento del déficit (Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares). Estas Administraciones tendrán que presentar, además, nuevos planes de equilibrio financiero actualizados para garantizar que cumplirán con la nueva senda de déficit fijada por el Gobierno para los próximos años.

En las dependencias de Hacienda sorprendió que a principios de este año las farmacias de la Comunidad Valenciana y Murcia se quejaran por los impagos del Gobierno regional que las tenían asfixiadas. Algo parecido ocurrió en Cataluña, Baleares y Andalucía con otros sectores.

El Ejecutivo había puesto en marcha un plan de pago a proveedores en 2012 con el que se liquidaron facturas por 17.718 millones. Además, estableció un fondo de rescate (FLA) por otros 12.689 millones. Este fondo es en realidad una línea de préstamo que facilita el Estado para convertir deuda comercial en deuda con los bancos a largo plazo y en condiciones ventajosas. Pero las regiones siguieron entonces arrastrando facturas pendientes y padeciendo graves problemas de liquidez.

El Ejecutivo endurece el FLA  con mayor tutela sobre los pagos

Las medidas adicionales que el Gobierno aplicó el año pasado para aliviar la tesorería regional se prolongaron este año con un nuevo fondo de rescate (FLA), al que solo se sumaron ocho autonomías. Esta línea de préstamo tiene un tramo para pagar facturas pendientes y otro para liquidar vencimientos de deudas financieras. Pero el maná de Hacienda tampoco ha sido suficiente para cubrir los incumplimientos de los territorios más rezagados.

Las comunidades autónomas tienen un tope de endeudamiento. No pueden pedir prestado más de la cantidad que el Gobierno les fija como margen de déficit. Pero las que sobrepasan ese límite, las incumplidoras, no pueden financiar ese exceso de gastos. Por eso, la bola ha crecido en las cinco autonomías más rezagadas: Comunidad Valenciana registró un déficit del 3,52% del PIB regional en 2012 cuando el tope era el 1,3%; Murcia (3,12%); Andalucía (2,04%); Cataluña (1,96%) y Baleares (1,8%).

Por eso, las finanzas de estas autonomías iban arrastrando la deuda de un año a otro. Ahora Hacienda les exige el listado detallado de las facturas pendientes para comprobar el estado de todos los pagos. También exige un plan de tesorería —que incluye vencimientos de deuda— para hacer un seguimiento de la liquidez.

Las autonomías deben presentar una lista con todas las facturas pendientes

Además, para aliviar el colapso de la tesorería de las que arrastran déficit de otros años el Ejecutivo ha vuelto a poner en marcha un nuevo plan de proveedores con el que se pagarán facturas por 15.324 millones de euros. Con este mecanismo el Gobierno espera poner el contador de facturas pendientes de pago a cero y cumplir con la directiva europea que obliga a que la morosidad pública no supere los 30 días de plazo. Hacienda retendrá ingresos a las comunidades si incumplen con este plazo, según la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público aprobada ayer por el Consejo de Ministros.

En total, el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas casi 65.000 millones de euros en los últimos dos años entre los planes de pago a proveedores y los dos tramos del FLA. Lo que ha disparado la deuda pública a niveles récord.

A cambio de este apoyo financiero, el ministerio de Hacienda ha ampliado la tutela con las comunidades en apuros. Altos cargos de Hacienda se reúnen con los responsables de las finanzas regionales de estos territorios casi todas las semanas mediante teleconferencia para hacer un seguimiento de las cuentas públicas. El pasado 31 de julio, el departamento que dirige Montoro aprobó los planes de equilibrio financiero de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Murcia, que ahora deben actualizar para adaptarlo a los nuevos límites del déficit a la carta. La mayoría de estos planes incluyen recortes en los gastos de personal —bien mediante la reducción de plantillas o la supresión de una paga extra como Cataluña—, inversiones y nuevos ingresos por venta de activos. Todo para que las cuentas regionales abandonen los números rojos.