Orange pide a la CNC que suspenda el acuerdo entre Yoigo y Telefónica

Orange está dispuesta a dar la batalla para conseguir que se suspenda el macroacuerdo firmado por Telefónica y Yoigo a principios de agosto. La compañía naranja cree que el pacto entre ambas vulnera las normas y atenta contra la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, y por ello lo ha denunciado ante los reguladores, a quienes ha pedido que suspendan cautelarmente los efectos de la alianza.

La firma francesa presentó el miércoles ante la moribunda Comisión Nacional de la Competencia (CNC) un escrito en el que solicita al ente que paralice el pacto mientras analiza hasta qué punto el acuerdo entre el operador dominante —Telefónica— y el cuarto del mercado —Yoigo— incurre en fijación de precios, resta atractivo a la inversión o perjudica a otros actores. El acuerdo contempla que Telefónica pueda ofrecer servicios 4G sobre la red de Yoigo y este venda un paquete combinado con sus servicios móviles y los servicios fijos (voz y banda ancha, tanto ADSL como fibra) de Movistar. Además, Yoigo seguirá utilizando las redes de transporte de Telefónica para las tecnologías 2G y 3G.

La tesis que defiende Orange es que el acuerdo es anticompetitivo. Por un lado, sostienen en la firma, Movistar podrá competir en el mercado de 4G —en el que se había quedado atrás frente a Vodafone, Yoigo y la propia Orange— utilizando el espectro del cuarto operador sin la autorización pertinente de Industria para esa cesión. Por otro, consideran que la mudanza de Yoigo a las redes de Telefónica hará que la primera no invierta en desarrollar las suyas propias mientras la compañía que dirige César Alierta reduce sus costes. También mantienen que influye en la fijación de precios, y que Yoigo estará condicionada a la hora de fijar sus ofertas combinadas, ya que venderá el servicio de fibra de Telefónica. Y por último, en Orange creen que dañan las posibilidades de otros operadores, porque Yoigo podrá ofertar servicio fijo de fibra mientras ellos o Vodafone aún lo están desarrollando.

Telefónica y Yoigo, por su parte, defienden que no han firmado un pacto global para alterar el mercado, sino que se trata de distintos acuerdos puntuales. Aunque luego matizó sus palabras, el ministro de Industria, José Manuel Soria, apoyó explícitamente el acuerdo el pasado 2 de septiembre. "Todo lo que se haga por impulsar la competencia es bueno siempre que se realice dentro de las reglas del mercado por el que velan los órganos reguladores, a partir de ahora la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y este parece que las cumple", declaró Soria.

Antes de ir a la CNC el miércoles pasado, el grupo francés ya había tomado otras medidas ante un movimiento que considera anticompetitivo. Extendió una queja ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI), con ese argumento de que en realidad Yoigo cede su espectro sin autorización. En la firma hablan de un "acuerdo de itinerancia nacional camuflado".

Ya a principios de agosto Orange pidió a la también agonizante Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) —CNC y CMT se integrarán en un nuevo ente superregulador en octubre— que paralizara la oferta de telefonía fija de Yoigo de forma temporal. En la compañía entienden que, como la oferta de móvil y fijo de Yoigo será una oferta conjunta con Telefónica, dicha oferta debe pasar los mismos filtros del regulador que tienen que superar las ofertas propias de Telefónica por su posición dominante. También pidieron a la CMT que compruebe que las condiciones que oferta el cuarto operador español no son discriminatorias para los demás.

Está por ver si CNC y CMT pueden resolver sobre las peticiones de Orange antes de integrarse en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El presidente del todavía regulador del mercado de las telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, afirmó el pasado 3 de septiembre ignorar si tendrían tiempo para hacerlo. En cualquier caso, en la compañía naranja esperan que no se produzca un vacío legal con el traspaso de poderes entre supervisores —"sería malo para todos", señalan— y creen que las autoridades españolas estan en posición de resolver sobre el asunto. En caso contrario, anuncian de todos modos, están dispuestos a presentar sus demandas ante instancias comunitarias de la competencia.