Clavo al ataúd del evasor

Quedó oculta por las genéricas y ambiguas recetas de política económica incluidas en el documento de conclusiones. Quedó sepultada por los titulares de las peleas sobre Siria. Pero la lucha contra los paraísos fiscales y contra los búnkeres de los que se sirven las multinacionales para eludir impuestos ha registrado un notable triple avance en la cumbre del G20 celebrada en San Petersburgo.

Primer logro: ha quedado consagrado el principio por el que las Haciendas de los distintos países se prestarán un “intercambio automático” de información. Hasta 2011 la norma, fuera de la UE, era proporcionar la información al otro sólo a petición expresa, como consecuencia de un procedimiento administrativo o de una acción judicial contra el presunto evasor, una casi infranqueable barrera protectora de los países con secreto bancario. Desde entonces, la reforma del Convenio UE/OCDE sobre asistencia mutua en materia impositiva, preconizó el intercambio de “toda información previsiblemente relevante”. Ahora, 56 países, incluidos todos los del G20, han firmado ya ese nuevo protocolo.

¿Qué significa esto en la práctica? Como indica el informe explicativo de la norma, la información mutua se prestará de forma “rutinaria”, con lo que “el cumplimiento \[fiscal\] generalmente mejora y es posible detectar fraudes que de otro modo no habrían sido evidentes”.

En San Petersburgo, los Veinte solemnizaron convertir este principio en “el nuevo estándar global”. Lo mejor es que se comprometieron a un calendario: el próximo febrero la OCDE deberá presentar sus detalles técnicos, y a final de 2015 los miembros del grupo que no hayan empezado a hacerlo, ya se pasarán datos por la vía rápida. No es poco, pues representan el 80% de la economía mundial. Al resto, ex paraísos fiscales y países emergentes, sólo se les formula una recomendación de seguirles, en tono de requerimiento, pero el grupo no tiene potestad para obligarles.

La segunda conquista es la ratificación por los jefes de gobierno del acuerdo alcanzado el 20 de julio por sus ministros económicos para lanzar una ofensiva contra la ingeniería fiscal de las multinacionales que —cada vez más— trasladan sus beneficios a las jurisdicciones nacionales que los gravan menos, casi nada o nada.

El principio consiste en que los beneficios “sean sujetados al fisco donde se realizan las actividades generadoras de beneficios y donde se crea valor”. Para lograrlo, los Veinte han asumido las quince medidas del muy concreto Plan de acción elaborado por la OCDE. Esas medidas, que deberán adoptarse de aquí a final de 2015, incluyen, entre otras, la fiscalización de las empresas digitales; la limitación de las deducciones a la hora de establecer los precios de transferencia entre filiales; y la detección del uso fraudulento del movimiento de valores intangibles entre países para evitar al fisco.

Se trata de un paso importante, pero sus perfiles técnicos son arduos. Además, ya se sabe que el delincuente —y su abogado y su ingeniero fiscal— suele ser más imaginativo y rápido que sus perseguidores. Iremos viendo.

El tercer logro es el cerrado apoyo a la OCDE (que se va convirtiendo, junto al FMI, en brazo ejecutor del grupo, que ha recuperado en Rusia al menos esta iniciativa parcial) en su proyecto de crear una red de “Inspectores de Hacienda sin Fronteras”, elaborado el pasado 5 de junio (ver el informe en www.oecd.org). Se trata de “transferir conocimientos de auditoría” a las administraciones de Hacienda de los países en vías de desarrollo, desplegando inspectores visitantes para trabajar conjuntamente con los locales. Solo su nombre ayuda a detectar algunas de las, aún tímidas, nuevas brisas que acarician a los organismos internacionales.

¿Qué resultados tangibles se alcanzarán? La exigente Tax Justice Network pronosticó que marcarían “un momento histórico, porque asuntos que se habían excluido de la agenda durante un siglo han entrado al fin en ella”. “El G20 ha puesto su primer clavo en el ataúd de la evasión fiscal de las empresas, pero no ha dado garantías de cómo y cuándo se detendrá la estafa a los países más pobres”, evalúa Carlos Zarco, de Oxfam.