Iberdrola aprovecha una ley de Montoro para ahorrar 1.500 millones en impuestos

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha decidido lanzar un órdago fiscal en sus cuentas del primer semestre. La eléctrica ha adelantado el pago de 316 millones de euros en impuestos a cambio de actualizar activos de su balance por un importe de 6.323 millones de euros. Con ello, genera activos fiscales diferidos que le permitirán ahorrarse en el futuro 1.854 millones, con lo que el efecto neto es de 1.538 millones de rebaja de la factura fiscal.

Iberdrola ha podido realizar esa operación porque el Gobierno del Partido Popular promovió a finales del año pasado una ley de actualización de balances (que tuvo su réplica en las haciendas forales vascas) que permitía actualizar los balances pagando un 5% de la revalorización. A partir de 2015 la amortización de ese mayor valor es fiscalmente deducible al tipo impositivo general (actualmente el 30%). El propósito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era adelantar ingresos en vista de los problemas para reducir el déficit público, aun a costa de penalizar fuertemente la recaudación de ejercicios venideros.

La actualización de balances acometida por Iberdrola es tan ambiciosa que la eléctrica cubre por sí sola los objetivos de recaudación que se fijó el Gobierno para todas las empresas españolas, que cifró en 300 millones de euros. "El grupo Iberdrola ha acogido a esta normativa un parte significativa de sus activos situados en España", señala la empresa en sus cuentas anuales resumidas del primer semestre.

La matriz del grupo no utilizó la norma, pero sí lo han hecho varias de sus filiales, que han aprobado esas revalorizaciones en sus juntas de accionistas de finales de junio y han liquidado a Hacienda a principios de julio. Las arcas públicas se encuentran así con unos fuertes ingresos este mes, superiores a los previstos en la norma.

La actualización de balances se adapta como un guante a las empresas que tienen inversiones en inmovilizado con una vida útil muy larga, como es el caso de las eléctricas, que amortizan sus activos en periodos muy largos (como ocurre con algunas instalaciones hidroeléctricas, nucleares o de distribución), de hasta 65 años.

Partidas más modestas

Hasta ahora ya se habían acogido a la norma de actualización de balances decenas de empresas, pero con cantidades muy modestas que permitían dudar de que se alcanzasen los objetivos de recaudación. Repsol, Red Eléctrica, CLH, Damm, Campofrío y muchas empresas no cotizadas se han apuntado a la revalorización, pero con cifras muy modestas.

El importe de las revalorizaciones contables, de acuerdo con la inflación desde que se adquirió el activo, se lleva a una cuenta específica de reserva de revalorización. Posteriormente, se podrá destinar esta cantidad a la reducción de resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o a reservas de libre disposición. Por tanto, alegaba Hacienda, la medida permite también potenciar la financiación interna de las empresas al mejorar su capacidad de acceso al mercado de capitales y de deuda.

La actualización de balances es una medida que se realiza con cierta periodicidad. Las anteriores fueron aprobadas en 1983 y 1996.

El grupo que preside Ignacio Sánchez Galán aprovechará la norma para pagar menos impuestos en el futuro, pero explica que ahora mismo está sometida a una enorme carga impositiva en España, de la que se ha quejado Galán ante los analistas. La eléctrica ha explicado que en 2012 ingresó 5.300 millones de euros en las arcas públicas, de los que el 49% fueron en España pese a que España solo genera el 30% del beneficio del grupo.

Galán también ha criticado la reforma eléctrica diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pues en su opinión penaliza a las partes más eficientes del sector en detrimento de las más ineficientes, como la energía solar.