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“Espero que se coman sus palabras los que pintan un panorama dantesco”

Joaquín Almunia, este miércoles en Bruselas.
Joaquín Almunia, este miércoles en Bruselas. EFE

Bilbao, 1948. Ese detalle biográfico ha perseguido a Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, en toda la gestión del caso astilleros. Ese detalle y su militancia sindical y política, por supuesto: responsable de economía de UGT a finales de los setenta, ministro de Trabajo con Felipe González en los ochenta y candidato socialista en el fiasco electoral de 2000. Respetadísimo en las instituciones europeas por su rigor y su agudo instinto político, que le convierten en un peso pesado de la Comisión, Almunia encaja las preguntas inevitablemente críticas como un fajador en esta entrevista con cuatro diarios españoles. Hasta que en una de las últimas cuestiones aparece ese dato: Bilbao, 1948. Y entonces Almunia salta a la yugular, seco e inusualmente cortante: “Confío en que dentro de cinco años todos aquellos que han pintado un panorama dantesco, que han augurado todo tipo de males como consecuencia de esta decisión para los astilleros, se tengan que comer sus palabras”.

Pregunta. El sector naval apunta a una especie de sentencia de muerte para los astilleros. ¿Lo es?

Respuesta. La decisión declara no compatibles las ayudas fiscales a los inversores: excluye taxativamente a los astilleros, a la industria auxiliar y a los armadores. Otra cosa es cómo va a reaccionar el sector naval ante inversores que por tener que devolver esas ayudas no quieran seguir en ese tipo de programas. Para atraer a los que sí están dispuestos a seguir financiando a los astilleros hay un nuevo esquema publicado en el BOE y validado por la Comisión Europea desde finales de 2012. Hay, además, otras ayudas disponibles: regionales, a la exportación o a la innovación.

P. Ha habido algún cambio notable en apenas unos días que afecta a la solución adoptada. ¿Obedece a la presión política o se trata de cuestiones jurídicas?

R. Hay dos cambios fundamentales en los últimos 15 días. Uno: se ha podido argumentar jurídicamente que los armadores estén exentos de la obligación de devolver cualquier ayuda. Y dos: la obligación de recuperar las ayudas empieza en abril de 2007 y no en abril de 2005 porque el servicio jurídico de la Comisión ha encontrado jurisprudencia —es verdad que no mayoritaria, pero existen precedentes— de que la seguridad jurídica empieza en el momento en que se publica una decisión de la Comisión en el diario oficial.

P. La presión política no ha influido, entonces.

R. Todo el control de las ayudas de Estado, que es responsabilidad exclusiva de la Comisión, se rige por criterios jurídicos. Es una actividad casi jurisdiccional.

P. ¿Por qué ha sido tan lento todo el proceso? ¿No es excesivo ese retraso?

R. Las autoridades españolas no notificaron el sistema de ayudas. Nunca. Incluso en alguna ocasión la Comisión preguntó a España si existía algún esquema: se nos respondió que no. Después de la decisión francesa de 2006, la Comisión recibió algunas denuncias, pero no aportaban la información necesaria; en 2007 y 2008 las autoridades españolas enviaron información parcial, incompleta. Solo a raíz de la denuncia formal de siete asociaciones de constructores navales en 2010 tuvimos una visión completa. El proceso podía haberse acelerado si las autoridades españolas hubieran notificado la existencia de ese esquema. No fue el caso.

P. ¿No ha habido un exceso de inseguridad jurídica en todo el proceso? ¿Puede seguir habiéndola por la judicialización del caso?

R. La decisión es clara: son los inversores quienes están obligados a devolver las ayudas. Esa responsabilidad no se puede traspasar a ninguna otra persona jurídica, ni a los astilleros ni a las navieras. Las normas europeas prevalecen sobre el derecho nacional, y en este caso ni siquiera es derecho público: puede que haya contratos privados, pero no pueden prevalecer contra el criterio de la Comisión. En cuanto al futuro, desde finales de 2012 hay un nuevo sistema visado por la Comisión en una decisión formal: hay plena seguridad jurídica.

P. En cuanto a las ayudas que se deben recuperar, ¿con cuánto se daría por satisfecho?

R. La Comisión no se da por satisfecha con ninguna cifra. Corresponde a la autoridades españolas determinar cuánta ayuda no compatible ha recibido cada inversor. En las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado es habitual fijar los criterios generales: son las autoridades nacionales quienes tienen la información, los instrumentos, la responsabilidad de recuperar las ayudas que dieron indebidamente. Esas son las reglas del juego.

P. ¿Tienen credibilidad los importes publicados?

R. Cuando me han contado a través de qué operaciones se ha llegado a esa cifra de casi 3.000 millones inmediatamente me he dado cuenta de que son cálculos completamente erróneos. Hay un segundo elemento: es curioso cómo a medida que iba cambiando la decisión la cifra se mantenía constante o incluso a veces aumentaba.

P. ¿Se ha dramatizado en exceso?

R. Se exageran hasta límites más allá de lo imaginable las posibles consecuencias de esta decisión. Todos tenemos la responsabilidad, cada uno en nuestro ámbito, de que ninguna de esas previsiones tenga nada que ver con la realidad de un sector que ha demostrado que es capaz de reestructurarse, que es capaz de innovar, de vender, de ser competitivo y de crear empleo. Espero que lo siga siendo. Hay medios e instrumentos suficientes para ayudarle a que lo siga siendo.

P. El sector está en pie de guerra. Como bilbaíno, ¿cómo lo lleva?

R. No es agradable ese tipo de personalización por el simple hecho de que alguien asuma sus responsabilidades como comisario europeo. Como no es la primera vez que tomo decisiones que no reciben inmediatamente un aplauso, confío en que dentro de cinco años todos aquellos que han pintado un panorama dantesco, que han augurado todo tipo de males como consecuencia de esta decisión, se tengan que comer sus palabras.

P. ¿Incluido el Gobierno?

R. Todos.

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