Hacienda podrá elaborar las cuentas en 536 Ayuntamientos en apuros

El plan de rescate orientado a 536 municipios que el Gobierno avanzó el miércoles y aprobó este viernes en Consejo de Ministros tiene muchísima de letra pequeña. Los Ayuntamientos en dificultades que necesiten un aplazamiento de sus pagos o quieran recibir anticipos para abonar gastos tendrán que aceptar draconianas condiciones como contrapartida. Entre ellas se establece la “posible intervención de Hacienda en el proceso de elaboración de los presupuestos generales en determinados supuestos”. El Gobierno no detalla de qué casos se trata, pero por si acaso el Ministerio de Hacienda vigilará todos los movimientos de las cuentas bancarias.

Los alcaldes que se acojan al plan deberán hacer importantes esfuerzos adicionales para reducir los gastos de funcionamiento y financiar “íntegramente”, el coste de los servicios públicos que presenten a través de tasas. Pero a la vez tendrán prohibido incrementar la recaudación, lo que significa que estarán abocados a dejar de prestar los servicios que no puedan costear a un precio razonable, algo parecido a lo que el Ejecutivo ha planteado en la reforma de la Administración local que pronto iniciará su trámite parlamentario. Tampoco podrán encadenar prórrogas de los presupuestos ni constituir nuevos organismos. Las entidades que dependan de ellos deberán alcanzar el equilibrio financiero o serán liquidadas.

Pese a que Hacienda prometió dar la lista de los 536 afectados, el ministro Cristóbal Montoro no ha facilitado nombres de los Consistorios que están al borde del precipicio. Representan el 6% del total de Ayuntamientos españoles y están, en su mayoría, en Andalucía (112), Castilla-La Mancha (94) y Valencia (61). En 27 casos se trata de Ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y 44 están entre los 20 y los 40.000.

Basta con que presenten remanentes de tesorería negativos; tengan una deuda elevada con el Estado (de más de un 30% de sus ingresos no financieros) o les hayan concedido préstamos de más de un millón de euros en el mecanismo de pago a proveedores (y no los estén devolviendo) para que se puedan acoger al real decreto que regula el rescate.

La buena noticia son las facilidades que les concederán. El Gobierno les ofrecerá anticipos en su participación en la cesta de impuestos y podrán ampliar el periodo de devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, así como formalizar nuevas operaciones de endeudamiento.

En la reunión de este viernes, el Gobierno también modificó la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que los Ayuntamientos con remanente de tesorería positivo puedan destinar ese superávit a “inversiones sostenibles”, una de las principales reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).