Buena reforma y fatal LOAPA

Blancos y negros. Al fin el Gobierno empieza a cumplir el compromiso con la UE de lanzar su reforma administrativa, como parte del plan de estabilidad económica. Pero con retraso. El programa —de 252 detalladas páginas— sobre Reforma de las Administraciones públicas solo ha recogido o inciensos o iras. Pero es bifronte, como Jano. Contiene medidas que parecen excelentes y propósitos brutalmente involutivos.

Apunta excelencia la radiografía de la Administración (sobre todo, el examen de la central). Y las medidas transversales para todos sus departamentos: planificación conjunta, conexión de datos y registros públicos; sistemas de medición de eficacia; factura y notificaciones electrónicas; gestión informática jerarquizada; reducción y simplificación de cargas burocráticas...

Comparada con la italiana o la belga, la Administración española es gloria. Dista infinito de la que describió Larra en Vuelva usted mañana. Pero como prescribe el documento, debe mejorar para adaptarse a la era digital. El recetario en esta onda de Soraya Sáenz de Santamaría y Jaime Pérez Renovales no debe ningunearse.

Junto a él, cuelan un capítulo extremadamente, con perdón, reaccionario, el que pretende (páginas 87 a 137) acabar con 118 duplicidades administrativas y supone casi únicamente un intento de desguace y supresión de entidades autonómicas. Y su sustitución: de forma que “por organismos estatales se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos”, según letanía reiterada sin fin en el informe.

Esta reforma administrativa es mucho más que eso. Es la pieza clave de la operación recentralizadora y de sibilino desmoche del Estado autonómico, ya en marcha. Comparte con otras propuestas (la ley de unidad de mercado, la del regulador único, la de acción exterior y la de reforma local) las aparentes pretensiones de funcionalidad técnica y eficiencia económica. Partiendo, ay, del concepto anticonstitucional de la LOAPA de 1982, por el cual el Estado es lo esencial y puede invadirlo todo, y lo autonómico es accesorio y pues, prescindible. O sea, que la eficacia y la racionalidad solo se atisban desde la Puerta del Sol y jamás desde San Telmo o la plaza de Sant Jaume... esa deslealtad constitucional.

El documento, léanlo, que yo lo he hecho y no he fallecido (aún), da lo único que podía ofrecer. Al ser elaborado por una comisión (la CORA) compuesta exclusivamente por funcionarios de la Administración central, con exclusión de las restantes, conduce a resultados únicamente concebibles por esta. Es decir, por el corporativismo centralista.

Esta parte del trabajo del equipo de Renovales gustará a los separatistas, les fabricará clientes. Pretende suprimir solo dos organismos centrales, el de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas (¡!) y el Consejo de la Juventud de España (amén de algunas fundaciones y sociedades mercantiles públicas), mientras invita a enterrar decenas de instituciones autonómicas. Pobre España machadiana, incapaz de aprender que el servicio meteorológico catalán, Meteocat, es cien veces mejor que su homólogo central, justamente porque sus “modelos de predicción ni siquiera son comunes”. O de plantearse suprimir el ineficaz Defensor del Pueblo central (tantas veces turnado entre estalinistas y neofalangistas) en beneficio de sus 17 colegas. De trocear la capitalidad para hacerla digerible.

Con razón esta vez, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, alega que “el Gobierno da todas las lecciones, pero los deberes no los hace”. “El Estado tiene ministerios enteros que no tienen competencias”, añade, “porque están traspasadas y pese a ello no están suprimidos”; en verdad, conservan competencias, si bien residuales. Para eliminar grasa administrativa, debería Soraya reconocerle esa parte de razón. Y suprimir antes el grueso de los ministerios de Educación<TH>/ Cultura (14.362 empleados en 2012), o Sanidad (4.740), por dar ejemplo, algo siempre mejor que las pochas amenazas de Cristóbal Montoro de asfixiar al esclavo insumiso a cuenta del déficit.

Para más inri, Renovales alega que el desmoche autonómico solo supone entre el 5% y el 20% del ahorro de la reforma... que ¡en ningún momento se justifica en una memoria económica! Pues ahórrenselo. Mantengan la parte buena de la reforma y guillotinen la fatal nueva LOAPA.