El Código Mercantil reabre la batalla de los blindajes

La batalla de los blindajes vuelve a estar sobre la mesa. La propuesta de nuevo Código Mercantil presentada la semana pasada por el Ministerio de Justicia declara que en “las sociedades cotizadas serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que fijen con carácter general el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista”. De salir adelante esa propuesta, renacería una disposición que fue bautizada en su día como enmienda Florentino y que fue revocada por el Gobierno del PP el año pasado antes de que desplegase efectos prácticos.

El tope a los derechos de voto limitó el poder de empresas como ACS en Iberdrola o Sacyr en Repsol. Pero la situación ha cambiado mucho y ninguna de las dos constructoras tienen ahora más del 10% de esas compañías. No obstante, la limitación sigue actuando como un blindaje tanto en esas dos compañías como en otras de gran tamaño como Telefónica, de modo que la tramitación del nuevo Código Mercantil atraerá multitud de presiones de los diferentes grupos de intereses para influir en la redacción final.

De momento, lo que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Justicia es la propuesta de la Comisión General de Codificación para crear un nuevo Código Mercantil que sustituya al de 1885, que ha ido siendo remendado, pero no sustituido en más de un siglo. Pese a los elogios al documento que expresó el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, Justicia aún no ha hecho suyo el proyecto, elaborado tras casi siete años de trabajo y con la participación de más de 60 expertos. Se abre una fase de estudio y debate antes de la propuesta del Gobierno y su posterior trámite parlamentario.

Con todo, de prosperar el texto presentado, incluirá modificaciones de gran calado en la normativa por la que se rigen las empresas cotizadas. La propuesta de Código Mercantil establece que para cotizar en Bolsa hay que tener un capital de al menos 10 millones de euros tras descontar las participaciones superiores al 10% y un mínimo de 200.000 acciones. Las empresas tendrán derecho en todo momento a saber quiénes son sus accionistas y sus direcciones, unos datos que estarán también a disposición de las asociaciones de accionistas, en las que no podrá haber socios que tengan más del 0,5% del capital.

La primera gran novedad que atañe a la junta de accionistas es su propia convocatoria. Con la propuesta en la mano, se dará poder a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para convocar la junta de accionistas. Eso permitiría solucionar situaciones de bloqueo en casos como el de Pescanova. Pero, además, se rebaja en la práctica al 1% (frente al 5% actual) la participación necesaria para exigir una junta. Los derechos de la minoría se mantienen en el 5% para las sociedades de hasta un millón de euros de capital, al 3% entre 1 y 10 millones y a solo el 1% desde 10 millones, una cifra que se supera por mucho en la inmensa mayoría de las empresas cotizadas. La minoría así definida podrá también presentar sus propias propuestas de acuerdo o modificaciones del orden del día en las juntas que convoque el consejo e impugnar los acuerdos de la junta. La CNMV, además, podrá asistir a las juntas de todas las cotizadas “por medio de persona habilitada”. El auditor también estará obligado a asistir.

Los cambios propuestos en el nuevo Código Mercantil para el Consejo de Administración son aún más profundos. Para empezar, se limita el número de componentes a un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros, lo que dejaría fuera de la ley a un buen número de sociedades. Ese número solo era hasta ahora una recomendación de buen gobierno. Solo se podrá tener un número mayor, hasta 24 consejeros, en caso de fusión de dos empresas cotizadas y por un periodo transitorio de seis años.

Además, se prohíbe que una misma persona sea miembro de más de tres consejos de administración (salvo en el caso de empresas de un mismo grupo) de empresas cotizadas, españolas o extranjeras.

La propuesta también limita la figura del presidente ejecutivo. El texto señala que el nombramiento del presidente como consejero-delegado o miembro de la comisión ejecutiva habrá de estar expresamente previsto en los estatutos de la sociedad y requerirá el voto favorable de los dos tercios del consejo de administración.

El texto obliga a que el puesto de consejero sea retribuido, pero pone límites a la paga variable. La suma de todas las retribuciones variables no podrá superar el 1% de los beneficios antes de impuestos. Pero no es un límite muy estricto porque podrá seguir habiendo paga variable en caso de pérdidas o si los beneficios no son suficientes con la condición de que haya beneficios suficientes en los cinco años siguientes para atender esa paga con el 1%. Este límite puede afectar a las empresas más pequeñas y con menores beneficios, pero apenas tendrá incidencia en las más grandes. Las empresas cotizadas deberán hacer públicos los blindajes de los consejeros y en todas las empresas, no solo las cotizadas, la indemnización por cese “deberá ser razonable”, según la propuesta.

El Código obligará a que los consejeros no ejecutivos se reúnan al menos una vez al año con el auditor de la sociedad y les exige que se informen diligentemente sobre la marcha de su empresa. La ley obligará a dar más información sobre las operaciones de consejeros con la empresa.

La propuesta de Código Mercantil, por lo demás, regula por primera vez materias que hasta ahora no estaban contempladas en las leyes como algunos contratos electrónicos, turísticos, de distribución o financieros mercantiles no respaldados por una norma. También se ha incorporado regulación sobre la transmisión de empresas y nuevas modalidades de contratación como la realizada en subasta pública o la automática.