Los 12 reveses a la Ley de Emprendedores

El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un duro informe contra el Anteproyecto de la Ley de Emprendedores que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy hace dos semanas. El organismo, que preside Marcos Peña, detalla hasta una docena de reveses contra la norma, vendida por el Ejecutivo en numerosas ocasiones, con la que se pretende fomentar la creación de pymes y reducir la responsabilidad de los jóvenes empresarios que inician una actividad.

El documento, que consta de 17 páginas, señala que "el Consejo considera necesario realizar algunas valoraciones críticas" sobre el proyecto que prepara el Gobierno y en el que participan varios ministerios. "En primer lugar, el objeto de la norma resulta confuso", indica el informe del CES, que adelantó El Mundo. Cree que la norma es una especia de cajón de sastre porque incluye tanto "medidas de apoyo a los emprendedores como disposiciones tendentes a facilitar el desenvolvimiento de la actividad empresarial en general y además medidas de fomento a la internacionalización de las empresas sin que incluya definiciones precisas de la realidad que pretende regular".

En segundo lugar, el organismo se sorprende por la definición del término "emprendedor" que adopta la redacción del anteproyecto: "persona física o jurídica que desarrolle una actividad económica productiva". Según el CES este concepto "se aparta del comúnmente aceptado". "La falta de rigor en la definición del objeto de la norma y del ámbito de aplicación explica la falta de coherencia sistemática del anteproyecto porque sus disposiciones normativas no están estructuradas, como sería deseable", añade en tercer lugar el CES, que también cuestiona que "no se comprende la exclusión, implícita, de las cooperativas y sociedades laborales".

Una de las críticas más claras del organismo que preside Peña es que considera "en general que se trata de una propuesta compleja y heterogénea que se construye a partir de la superposición de modificaciones normativas de diferente calado y con finalidades diferentes".

El CES considera que "una gran parte de las disposiciones constituyen enunciados programáticos, en el sentido de crear metas, pero sin derechos y obligaciones con alcance jurídico". Otro de los reveses contenidos en el dictamen pasa porque el CES considera que "se relegan numerosas cuestiones de calado al posterior desarrollo reglamentario sin que se establezcan plazos concretos para llevarlo a cabo" (como el régimen especial del IVA, regulación de las cédulas y bonos de internacionalización, entre otros).

El organismo también cuestiona la normativa por no tener en cuenta que las administraciones territoriales tienen competencias y que existe un marco jurídico autonómico y local que debería tenerse en cuenta. El CES destaca la ausencia de disposiciones de índole social como programas para favorecer que las mujeres inicien proyectos empresariales y otros planes que discriminen positivamente a personas con discapacidad.

Como décima crítica, el dictamen resalta que la norma no contempla las especificaciones que caracterizan al proceso de emprendimiento de actividades tecnológicas. Otra de las objeciones es que el organismo cree que se deberían haber puesto más atención al emprendimiento de las actividades en el medio rural. "impulsar medidas oportunas para reducir la brecha digital entre el medio rural y el urbano".

Por último, el CES destaca que en todo el documento presentado por la vicepresidenta del Gobierno ha ce dos semanas "no hay ni una sola mención a la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones".