Rajoy evita que le marquen el ritmo

Hace poco más de un año, el Gobierno español pareció sacar bandera blanca. En la primavera, Bruselas apenas disimulaba su enfado con el retraso de los Presupuestos de 2012, su insatisfacción por el ritmo de saneamiento de la banca española. Los mercados apretaron y Mariano Rajoy cedió: en julio, subió el IVA, pidió el rescate para la banca, pactó presentar una docena de reformas. En agosto, el Banco Central Europeo cumplió con su parte y se comprometió a apoyar a los países con problemas. Pero llegó el primer examen de la Comisión, en septiembre, y Rajoy hizo bueno aquello de que un árbol pasa inadvertido en el bosque: envolvió la falta de avances en un programa de reformas más ambicioso aún.

Además de multiplicar las reformas, Rajoy se autoimpuso un calendario muy exigente, mucho más allá de las capacidades de tramitación legislativa del Gobierno y de las Cámaras. Bruselas mostró su satisfacción ante la envergadura de la apuesta e hizo la vista gorda sobre la falta de avances.

Buena parte de la docena de reformas que Bruselas reclamó en julio pasado, tras otorgar un año más al Gobierno español para reducir el déficit, están todavía a medio camino, cuando no a medio hacer. El caso más llamativo es el de la autoridad fiscal independiente, del que Bruselas esperaba noticias en septiembre pasado. El proyecto de ley, apenas 15 páginas, tardó otros seis meses en ver la luz, y aún no se ha debatido en el Congreso. La nueva regulación del sector eléctrico o de los colegios profesionales ni tan siquiera han llegado al Consejo de Ministros. “Las reformas de las política activas de empleo se han retrasado”, constata el informe del Consejo de la UE, la semana pasada. De las medidas contra la pobreza y la desigualdad “no se ha informado ni del contenido ni de los plazos”.

España, junto a Eslovenia, es el país con un mayor grado de incumplimiento en los indicadores establecidos por Bruselas para medir los desequilibrios económicos. Los funcionarios de la Comisión han reaccionado y ahora son ellos los que han puesto plazos estrictos a las reformas. Su credibilidad está en juego, asumen que la austeridad tiene que ser más lenta (han dado dos años más a España), pero exigen que los cambios legales anunciados se lleven a cabo de una vez.

La respuesta del Gobierno, parapetado en su condición de alumno aplicado en los ajustes presupuestarios, es un paso adelante y otro atrás: acelera la reforma de las pensiones, niega que vaya a hacer los cambios impositivos que aconseja la Comisión. La música suena otra vez, y Rajoy se resiste a dejarse marcar el paso.