El Congreso de Argentina aprueba su segunda amnistía fiscal en cuatro años

El Congreso de Argentina ha aprobado la segunda amnistía fiscal en cuatro años. A diferencia de aquella de 2009, que en plena crisis internacional buscó mejorar la recaudación tributaria, esta vez solo se apunta a que ingresen al sistema divisas no declaradas en tiempos en que la moneda extranjera escasea y rigen fuertes controles cambiarios. Aquellos que declaren sus divisas no pagarán ningún impuesto retroactivo, pero deberán canjearlas a cambio de tres títulos públicos, dos destinados a la financiación de infraestructura pública y de la petrolera YPF, cuyo 51% que pertenecía a Repsol fue nacionalizado en 2012, y otro que servirá para comprar inmuebles.

Desde 2011 en adelante, el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner ha ido restringiendo cada vez más la compra de divisas en un país que es el que donde más dólares en efectivo per capita hay en el mundo, después de EE UU. Cada argentino tiene de media 1.300 dólares, según estadísticas del Departamento del Tesoro norteamericano de 2006. Desde los setenta, los argentinos de clases alta y media ahorran y compran inmuebles en moneda estadounidense y en efectivo ante la sucesión de años de inflación, devaluaciones y confiscaciones de depósitos bancarios.

Ante el regreso de una inflación superior al 10% o 20% anual a partir de 2007, han ido creciendo las expectativas de devaluación del peso, pero el Gobierno de Fernández quiere evitarla por el impacto que inicialmente tendría en los precios y en la actividad económica. Así es que ha prohibido que los argentinos compren divisas para ahorrar o comprar viviendas, ha puesto cupos para adquirirlas para viajes al exterior y ha restringido también importaciones y giros de beneficios de multinacionales a sus casas matrices.

El déficit energético argentino ahonda la necesidad de conseguir divisas

Los controles cambiarios han reducido la fuga de capitales, pero el déficit energético que se profundiza en Argentina ha ahondado la necesidad de conseguir divisas. Además, la escasez de dólares derivó en una contracción del mercado inmobiliario del 14% en 2012 y del 30% en el primer trimestre de 2013.

El blanqueo de capitales que ahora promueve el Gobierno de Fernández apunta, por un lado, a reactivar la compraventa de propiedades y la construcción, así como a financiar las inversiones energéticas que requiere Argentina para revertir su déficit de combustible y gas. Claro que hasta el propio presidente de la nacionalizada YPF, Miguel Galuccio, admitió en 2012 que solo en 2017 su país podrá recuperar el autoabastecimiento energético, y siempre y cuando se cumplan las inversiones prometidas.

La amnistía fiscal fue aprobada en la Cámara de los Diputados por 130 votos a favor y 107 en contra. Los opositores al kirchnerismo criticaron la iniciativa por varios motivos. Por un lado, porque consideran injusto que se condonen los impuestos a los incumplidores, mientras que trabajadores y pensionistas pagan sus obligaciones con el fisco.

El Gobierno intentó defenderse recordando que Gobiernos anteriores como los de los radicales Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001) y el peronista Carlos Menem (1989- 1999) había adoptado medidas similares, así como otros países como EE UU, México, Italia, Portugal y España. Los opositores advirtieron de que en otras latitudes los blanqueos de capitales implicaron pagos de impuestos retroactivos, aunque con una menor carga de la prevista por la legislación habitual.

La oposición cree que la ley favorecerá el lavado de dinero en tiempos en que un fiscal ha iniciado una investigación contra un empresario amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, por cometer ese presunto delito. El kirchnerismo se defiende diciendo que la norma prohíbe que investigados por este delito o funcionarios se acojan al blanqueo, pero la oposición sospecha que puedan presentarse testaferros.