El juez Ruz imputa al presidente de Pescanova y a parte de la cúpula

El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por posibles delitos de falseamiento de información económica y financiera, falseamºiento de cuentas anuales y uso de información relevante. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitió de este modo a trámite tres de las cuatro querellas presentadas por accionistas contra parte de la cúpula de Pescanova. Sousa no estará solo en los tribunales: encausado por los mismos delitos se encuentra Alfonso Paz-Andrade, consejero de la firma y ex consejero delegado. Además, por posible uso de información relevante declararán también como imputados los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, este último también consejero, a través de la empresa Iberfomento.

La lista de Ruz no termina ahí: ha decidido también imputar (como persona jurídica) a la propia entidad Pescanova y a otras sociedades vinculadas con ella por falseamiento de información económica y financiera. Todos los imputados han sido citados a declarar los días 1 y 2 de julio. Debe acudir, además, como testigo José Carceller, representante de la cervecera Damm en el Consejo de Pescanova y uno de los miembros de la cúpula que más activamente han acusado a Sousa de mala gestión en los últimos meses.

En el auto, el magistrado encarga, además, a la Policía Nacional la realización de un “informe sobre eventuales cambios significativos operados en el patrimonio de Manuel Fernández de Sousa y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013, que supongan salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparentes de activos”.

La rocambolesca historia de Pescanova acabará finalmente en los tribunales. La empresa, aparentemente solvente y embarcada en enormes proyectos de piscifactorías, encendió las primeras alarmas el pasado 28 de febrero, cuando aseguró que no iba a presentar las cuentas del ejercicio de 2012. Después, como un castillo de naipes, su solvencia se ha ido derrumbando en menos de tres meses. A mediados de marzo reconoció “discrepancias contables” que han acabado en un concurso de acreedores y una trama que incluye la ocultación de deuda a través de filiales internacionales y la venta a escondidas de paquetes de acciones por millones de euros.

Ruz afirma en su escrito que entre agosto de 2012 y el pasado enero los administradores de Pescanova proporcionaron supuestamente “una imagen irreal de la situación económica y patrimonial” de la compañía, lo que llevó a los accionistas querellantes a adquirir acciones de la pesquera en el mercado de valores. Recuerda que en julio y agosto de 2012, Pescanova realizó una ampliación de capital y captó 124,9 millones. Según las querellas ninguna de las informaciones proporcionadas por Pescanova —cuentas anuales, folletos informativos a la CNMV e informes financieros— reflejaban la imagen fiel de la empresa. Hasta el punto de que, solo el 28 de febrero pasado, Fernández de Sousa comunicó al regulador bursátil dudas sobre la continuidad de la entidad. Al día siguiente, Pescanova iniciaba ya el proceso concursal y sus acciones fueron suspendidas de cotización.

En cuanto a las imputaciones por uso de información privilegiada, el auto del juez de la Audiencia Nacional se apoya principalmente en el informe que realizó la Fiscalía Anticorrupción, que, a su vez, se basaba en investigaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sostenía que era necesario investigar las ventas de acciones a espaldas del regulador realizadas justo antes de que salieran a la luz los problemas de la pesquera gallega. Entre Fernández de Sousa, Paz-Andrade, Barreras y Pérez-Nievas se deshicieron en dos meses de títulos por valor de al menos 46,2 millones de euros. Y, al hacerlo antes de que los problemas de la firma fueran públicos, evitaron perder en total 26,6 millones. Pérez-Nievas aseguró que había vendido acciones “por casualidad” y que las recompró después, aunque mucho más baratas que cuando se deshizo de ellas.

El juez exige que le sean enviados, además de todos los papeles relativos a las investigaciones de la CNMV sobre Pescanova, documentos sobre ventas de acciones a las entidades Sabadell y CaixaBank, así como informes sobre la compañía al auditor BDO.