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OPINIÓN

La fiscalidad necesaria

España tiene un grave problema de déficit público, aunque nuestra insoportable tasa de paro y la falta de expectativas de crecimiento son problemas aún mayores.

Los socialistas defendemos la sostenibilidad de las finanzas públicas porque defendemos un Estado fuerte, con unos servicios públicos de calidad, que funcionen bien y cuya financiación no comprometa a las generaciones del futuro. Por ello, defendemos un sistema fiscal justo y eficiente que proporcione los recursos suficientes y que contribuya a garantizar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, lo que significa aplicar políticas anticíclicas y no bajar los impuestos cuando la economía está más recalentada.

La derecha, española y europea, están abordando este asunto con altas dosis de torpeza, injusticia y escaso éxito. Se han apropiado del concepto de la austeridad para pervertir su significado y minimizar el papel que el sector público debe tener en una economía avanzada para combatir desigualdades, fomentar la cohesión social y estimular el crecimiento económico.

Por ello, el Gobierno del PP ha hecho un ajuste profundamente ideológico utilizando la crisis como excusa para privatizar o debilitar los servicios públicos esenciales.

Es el momento de un reparto justo para salir de la crisis sin llevarnos el Estado social por delante

La verdad es que el principal causante de nuestro déficit no es un gasto público excesivo, sino la debilidad de nuestro sistema impositivo. El gasto público no financiero de la zona euro es del 49,1% del PIB, y el de España es del 45,2%, cuatro puntos inferior, mientras países nórdicos con economías muy competitivas superan el 55%.

Por tanto, el gasto público no financiero es comparativamente bajo en España. Otra cuestión es si se gasta de la mejor manera posible. Para un partido progresista como el nuestro, la eficiencia del gasto público es un principio fundamental, porque los que defendemos un Estado fuerte, con unos servicios públicos de calidad, somos los primeros interesados en garantizar su financiación y en que funcionen bien, lo que, sin duda, requiere de Administraciones eficientes y eficaces.

En consecuencia, hay que mejorar la eficiencia de cada euro gastado, pero no ajustar el déficit recortando el gasto público, porque en un momento de gran debilidad de la demanda y con un desempleo insostenible solo conduce, como estamos viendo, a un mayor empobrecimiento de la población, a más paro y a un abismo fiscal.

Por eso, el Partido Socialista defiende que otra política es posible para salir de la crisis centrando el ajuste en la recuperación de los ingresos mediante una reforma fiscal ambiciosa, progresista, realista, y eficiente, basada en los sistemas fiscales más avanzados del mundo.

¿Y por qué es necesaria una reforma fiscal?

Porque nuestra presión fiscal es casi 8 puntos inferior a la media europea.

Porque durante la crisis, España ha experimentado la mayor caída de la presión fiscal de la zona euro, 5,4 puntos del PIB entre 2007 y 2011, solo superada por Bulgaria, mientras que en la Unión Europea la presión fiscal retrocedía 0,5 puntos de media y en países como Francia, Grecia, Finlandia, Austria, Bélgica o Portugal, crecía.

Porque la economía sumergida en España es notablemente superior a la de la UE-15 (19,2% del PIB en 2012 frente al 14,1%).

Porque las rentas del trabajo medias y bajas tienen un excesivo peso en los ingresos tributarios, ya que soportan el 90% de la presión fiscal, mientras las del capital tienen una reducida participación, ya que apenas aportan el restante 10%.

Porque, en definitiva, la crisis nos ha situado ante los fallos del sistema. No todos contribuyen igual, algunos no lo hacen en absoluto y el Gobierno sigue aumentando los impuestos sobre los de siempre, perdonando los delitos cometidos por quienes nunca contribuyeron y reduciendo los derechos sociales en todos los ámbitos.

Por todo ello es necesaria una reforma, cuyas bases hemos presentado los socialistas el 13 de abril en Badajoz, para recaudar más, para hacerlo de forma más justa, para que la recaudación sea más estable y para que los impuestos no distorsionen la actividad económica.

Una reforma tributaria en profundidad que no sube los tipos impositivos ni a las rentas del trabajo ni al ahorro de la inmensa mayoría de los contribuyentes, sino que aumenta las bases impositivas haciendo tributar justamente a las grandes fortunas, a las grandes corporaciones y a los grandes defraudadores, para que sean quienes aporten los recursos necesarios para cerrar nuestro déficit social, financiar las inversiones y políticas de crecimiento necesarias y contribuir más a la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El pilar de la reforma es la lucha contra el fraude. Esto requiere adoptar medidas en el ámbito nacional, con más recursos para la Agencia Tributaria, reforzando su independencia y actualizando anualmente la normativa antifraude para anticiparse a los avances de la ingeniería fiscal. Y, en el ámbito internacional, planteando en la UE una ofensiva política para acabar con los paraísos fiscales, para mejorar el intercambio de información fiscal y para eliminar las licencias bancarias a las entidades que no colaboren con las autoridades tributarias.

El fraude ligado a los paraísos fiscales es el más injusto de todos los fraudes al estar al alcance fundamentalmente de los grandes patrimonios y empresas que muy frecuentemente han conseguido amasar su fortuna de manera fraudulenta, como se ha dado en casos que están en la mente de todos. Por eso, si somos eficaces en la lucha contra el fraude fiscal, lo seremos por extensión en atacar la corrupción.

Para gravar más a las grandes fortunas, integraremos en una figura tributaria única, corrigiendo dobles tributaciones, la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento, ya sea mobiliaria o inmobiliaria e independientemente de donde esté invertida (sicav, fondos de inversión, etcétera). De este modo, nadie se escapará de pagar el impuesto según su capacidad económica.

También queremos estimular el ahorro a medio y largo plazo y darle un tratamiento neutral para que no esté condicionado por la rentabilidad fiscal. Para ello, proponemos crear una cuenta de ahorro libre de impuestos hasta un límite y con carácter finalista (pensiones, educación, desempleo…), similar al esquema utilizado en Canadá.

Asimismo, es necesario limitar o eliminar la mayor parte de las deducciones fiscales que son ineficaces y regresivas, tanto en el impuesto de sociedades, que discriminan a las pymes en favor de las grandes empresas como en el IRPF, que discriminan a las rentas medias y bajas.

También debemos aproximar nuestra imposición medioambiental a la media europea, para que los impuestos, además de para recaudar, sirvan para combatir el cambio climático.

Y, por último, tenemos que reforzar la contribución a la sostenibilidad de las cuentas públicas del sector financiero. Por eso proponemos dos nuevos impuestos. Uno que desincentive la excesiva financiación bancaria vía deuda y que gravaría el pasivo de las entidades, neto de capital y depósitos y otro que grave con un tipo especial los salarios variables y los beneficios extraordinarios de las entidades financieras, siguiendo el esquema recomendado por el FMI.

En definitiva, planteamos una reforma impositiva en profundidad, con medidas factibles basadas en figuras existentes en los países de mayor renta per cápita del mundo, como Canadá y Holanda. Una reforma para recaudar más, para hacerlo de forma más justa y más estable para que los ingresos no se desplomen en las fases recesivas de la economía y para que los impuestos no distorsionen la actividad económica.

Es el momento de un reparto justo para salir de la crisis sin llevarnos el Estado social por delante y de dotarnos de un sistema tributario justo, moderno, estable y eficiente que genere ingresos suficientes y facilite la actividad económica. J

Inmaculada Rodríguez-Piñero es secretaria federal de Economía y Empleo del PSOE.