Condenado a 38 años de cárcel por defraudar más de 25 millones a Hacienda

La Audiencia Nacional ha condenado al empresario donostiarra Juan Ramón Reparaz a 38 años de prisión por defraudar más de 25 millones a la Hacienda guipuzcoana entre 1999 y 2006, cantidad que tendrá que devolver a la institución foral. Reparaz evadió al fisco a través de sociedades interpuestas con sedes en Panamá, Belice, Irlanda, el Reino Unido y España.

La Audiencia condena, en el mismo auto, a Luis de Miguel Pérez, el abogado considerado el presunto arquitecto financiero del entramado de la red Gürtel, a 21 años de cárcel por ayudar a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario donostiarra Juan Ramón Reparaz no declaró entre 1999 y 2006.

La Audiencia Nacional condena a De Miguel en una sentencia en la que el principal imputado es Juan Ramón Reparaz, uno de los supuestos mayores evasores fiscales de España.

En este contexto, De Miguel, que asesoró a Reparaz desde 1994 hasta el año 2004, ayudó a éste a ocultar sus "rentas y patrimonios" a la Hacienda foral mediante el citado entramado empresarial.

La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, obliga a Reparaz a compensar a la Diputación de Gipuzkoa con 25.428.126,21 euros más los correspondientes intereses de demora, al tiempo que le impone distintas multas por un importe total de 27.872.296 euros como responsable de doce delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales. Asimismo, condena a De Miguel a abonar multas por un total de 19.110.290 euros.

El escrito absuelve no obstante al hijo del empresario, al entender que desconocía "todo lo relativo a los asuntos fiscales de su padre", así como al socio de Reparaz cuya participación en los hechos no quedó "acreditada".

La sentencia absuelve igualmente a un cuarto procesado, trabajador de una empresa, al entender que en su condición de empleado se limitó a "cumplir la colaboración que se le demandaba".

Los hechos ahora sentenciados se iniciaron en la década de los años 80 (aunque los anteriores al año 1999 han prescrito), cuando Reparaz inició, según la resolución, "una actividad dirigida a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda pública".

De esta manera "se instrumentalizaron gran número de sociedades" en diferentes países y comunidades autónomas, varias de estas últimas dedicadas a la comercialización de atún y que permitieron a Reparaz, mediante la "práctica de la refacturación", situar "directamente en Panamá gran parte del beneficio obtenido" en la península. Otras de sus empresas españolas se dedicaron a "realizar distintas inversiones en bienes muebles e inmuebles".

La sentencia concreta que "por medio de estas estructuras societarias" Reparaz, que estuvo defendido en el proceso por el abogado vizcaíno Ricardo Palacio, "dispuso de su patrimonio y de los rendimientos que obtenía, evitando el control de la Hacienda pública" "sin generar sospechas", "ocultando su origen y reinvertiendo las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, había defraudado".

El texto aclara que el otro condenado, Luis de Miguel, "articuló desde su despacho de asesor fiscal las estructuras fiduciarias con la intención de ocultar la titularidad de las rentas y patrimonio" del empresario, "permitiendo su opacidad y la canalización de las cuotas no satisfechas hacia activos financieros en el extranjero".

Para ello, actuó "en representación" de las distintas sociedades, ayudando a Reparaz a "eludir las consecuencias legales de su ocultación al no declarar su verdadera situación tributaria.

Asimismo, este profesional representó al empresario en un "pacto" con el que éste pretendió comprar el "silencio" de su socio ahora absuelto cuando en el año 2002 se rompieron las relaciones comerciales entre ambos.

En este sentido, ha valorado "positivamente" que este empresario condenado por fraude fiscal tenga que devolver 25 millones de euros a la Hacienda foral.

Tras destacar que la condena por fraude fiscal a Reparaz y también al asesor Luis de Miguel, que colaboró en el delito, supone castigar "a la mayor trama de fraude de los últimos tiempos", la Diputación ha señalado que "lo más importante, junto con la pena de prisión" es que el condenado tendrá que devolver al fisco guipuzcoano la cantidad defraudada.

Pese a mostrarse "consciente de la dificultad, en estos casos, de recuperar la cantidad fijada por los tribunales", la institución foral ha mostrado la "firme determinación de utilizar todos los medios disponibles para lograrlo". En este sentido, ha asegurado que actuará "con decisión" y hará "todo" lo que esté en su mano para que "ese dinero de toda la ciudadanía guipuzcoana sea devuelto".

Finalmente, ha indicado que analizará con más detalle esta sentencia, tras lo cual, si lo considera necesario, hará una valoración más detallada.