Menos cohesión territorial

Los tres decenios largos de democracia en España han aportado una determinante mejora del aparato productivo, una mayor tendencia a la cohesión social aunque con altibajos y un aumento sustancial de la convergencia territorial. Prueba de esta última es que un alto número de regiones españolas que durante largo tiempo recibieron la máxima intensidad de las ayudas europeas han tenido que ir prescindiendo de las mismas al superar los umbrales de atraso estipulados. Es algo que no ha sucedido en países con desequilibrios similares, como Italia, cuyo Mezzogiorno continúa anclado en niveles de prosperidad muy precarios. Y en tanto que el éxito no es cosa dada, conviene destacarlo.

La larga crisis está siendo perjudicial para todos esos parámetros. Para la renovación de la base industrial. Para la nivelación social, en la medida en que el disparatado incremento del desempleo reduce la cuota de las rentas salariales en el pastel de la riqueza global. Y también para la cohesión territorial.

Varios son los elementos que más directamente afectan al aumento temporal de la dispersión territorial de la prosperidad. Uno es el impacto del carácter procíclico del sistema de financiación autonómica, que tiende a procurar menor intensidad de nivelación en épocas de caída de ingresos. Otro, quizá el principal, es de tipo estructural, al evidenciarse que la menor diversificación sectorial de las economías regionales más atrasadas las hace más vulnerables. Asimismo, cabe explorar si la inédita retracción del sector público en comunidades donde su peso relativo es mayor ha contribuido a su menor velocidad de crucero.

Y también hay que considerar la menor fuerza del apoyo de los fondos estructurales europeos al desarrollo regional. Ello no es achacable a la crisis, pero su calendario sí coincide con ella, al acercarse la fecha de caducidad del paquete presupuestario septenal (2007-2013) de la UE, que preveía un notable aumento de la prosperidad española y, por tanto, una ordenada pero consistente desaceleración de las transferencias. Lo que constituye un argumento más para la reconsideración del marco financiero 2014-2020, de entrada rechazado, con acierto, por la Eurocámara.

La cuestión fiscal acusa fuertes indicios de producir efectos nuevos, actuales y futuros. Así, por ejemplo, se dibuja una correlación bastante clara entre el nivel de austeridad registrado y las previsiones de crecimiento para 2013. Las cuatro regiones que ejecutaron los ajustes más drásticos el año pasado (Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia) se sitúan como probables farolillos rojos en la evolución del PIB en este ejercicio. Y en un sentido si no opuesto, al menos complementario, las comunidades autónomas del arco mediterráneo, que ostentan niveles de financiación per capita inferiores a la media, no lograron, en parte probablemente por ello, evitar las posiciones de mayor déficit.

Conviene que los organismos ad hoc —el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y algún día un Senado de vocación federal— sopesen con detalle todas estas tendencias para extraer conclusiones muy precisas sobre el esfuerzo fiscal relativo de cada protagonista, con vistas a adaptar las decisiones políticas a la realidad.