YPF se juega su futuro en Ecuador

Diez meses después de que el Gobierno de Argentina expropiara el 51% de las acciones de Repsol en YPF, solo una multinacional se ha atrevido a asociarse con la petrolera argentina. La estadounidense Chevron desoyó las advertencias de Repsol cuando esta dijo que demandaría a cualquier empresa que firmara algún acuerdo con “representantes ilegítimos de YPF”. Únicamente Chevron se comprometió en diciembre a realizar una inversión conjunta de mil millones de dólares para explotar las inmensas reservas de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta. Pero había un gran pero en ese acuerdo: Chevron era también la única multinacional que arrastraba desde 2011 una orden de embargo por valor de 14.000 millones de euros (19.000 millones de dólares) dictada por la justicia ecuatoriana.

En consecuencia, el pasado noviembre un juez argentino dio curso a la petición trasladada desde Ecuador y decretó el embargo. “Nada va a impedir el programa; es una cuestión de abogados que buscan entablar demandas contra quien sea”, declaró en diciembre Alí Moshiri, vicepresidente de Chevron para América Latina y África. Pero al mes siguiente, en enero, un tribunal argentino de segunda instancia ratificó el embargo. Ahora, una gran inversión de unos 11.000 millones de euros, que podría solventar el futuro energético de Argentina, cuelga de un hilo. El hilo va desde Buenos Aires a un pequeño chalet de Quito donde trabaja un equipo de 12 personas en la defensa de la Unión de Afectados por Texaco.

Texaco era el nombre de la petrolera denunciada en 1993 en Nueva York por el vertido de 64 millones de litros de petróleo en el ecosistema amazónico. En 2001 Chevron compró Texaco y heredó la denuncia. “Cuando alguien compra una casa también se hace cargo del pasivo, es decir, de los impuestos que esa vivienda le queda por pagar. Y Chevron sabía lo que estaba comprando”, explica una abogada de la Unión de Afectados. Veinte años después, los expedientes del litigio ocupan las cuatro paredes de una habitación del chalet y se han desparramado hasta la cocina.

Los 20 años de litigio tuvieron un punto de inflexión cuando en febrero de 2011 un juez de primera instancia en la localidad ecuatoriana de Lago Agrio ordenó que Chevron debía pagar 14.000 millones de dólares

Los 20 años de litigio tuvieron un punto de inflexión cuando en febrero de 2011 un juez de primera instancia en la localidad ecuatoriana de Lago Agrio ordenó que Chevron debía pagar 14.000 millones de dólares para reparar los datos ambientales que Texaco cometió en la Amazonia entre 1972 y 1990. En enero de 2012 otro juez de segunda instancia ratificó la sentencia. Chevron se negó a pagar y denunció prácticas corruptas en los tribunales. A partir de ese momento, los abogados de las poblaciones amazónicas decidieron solicitar el embargo de los activos de Chevron en Argentina, Brasil y Canadá.

A la odisea jurídica no le falta de nada. Hasta el punto de que el pasado enero el exjuez ecuatoriano de primera instancia que había fallado en contra de Chevron, Alberto Guerra, declaró ante la justicia de EE UU que recibió miles de dólares por parte de los abogados de la Unión de Afectados por Texaco para que fallase en contra de Chevron. La Unión de Afectados, sin embargo, asegura que Guerra fue comprado por la multinacional estadounidense y que se encuentra ahora en Miami “bajo la tutela y protección” de Chevron. El juicio está recurrido por la compañía estadounidense ante la Corte Nacional de Justicia, organismo que tardará como mínimo un año en pronunciarse.

¿Invirtió Chevron en Argentina con la esperanza de que la presidenta Cristina Fernández mediara ante su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, para destrabar el conflicto? “Si Chevron actuó así, se equivocó. Porque hasta ahora el presidente siempre se ha mantenido al margen de este caso”, señala Luis Yanza, secretario técnico del despacho.

En Argentina, a Chevron solo le queda la oportunidad de recurrir el embargo ante el Tribunal Supremo. “Pero las posibilidades de que el Supremo les acepte el recurso son escasas”, anticipa Yanza. “Antes de emprender acciones judiciales contra Chevron en cualquier país nos aseguramos de que la justicia de ese país ofrezca las debidas garantías de independencia, y ese es el caso de Argentina”, concluye el secretario técnico de la organización.

En caso de que el embargo fuese ratificado por el Supremo argentino, la inversión en Vaca Muerta quedaría comprometida. Al menos, eso fue lo que declaró el gerente en Argentina de Chevron, Ricardo Aguirre, al diario La Nación en diciembre: “No podemos avanzar en un acuerdo comercial con un embargo sobre nuestras espaldas. (…) Si el embargo prosperara, no solo no se podría avanzar en la inversión con YPF, sino que estaría afectada toda la actividad de Chevron en Argentina. No hay futuro para la empresa en el país. Es evidente: no contaríamos con los fondos”.

No obstante, el 18 de febrero, Chevron emitió un comunicado en el que aseguraba que mantendrá sus negocios en Argentina a pesar del embargo. Tres días después, el presidente Rafael Correa anunció que lanzaría una “campaña internacional” para acreditar ante el mundo los daños causados por Chevron. Y a principios de marzo, el vicepresidente de Venezuela y heredero político de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, declaró: “No podemos aceptar que una trasnacional agreda a un país hermano. La agresión contra Ecuador es una agresión contra todos nosotros”. Días antes, el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, vaticinó que nadie se meterá en el “avispero” de Vaca Muerta mientras no se solucione el contencioso con Repsol. A Chevron le crecieron las avispas en pocos meses.