Luchando contra el déficit

Además de las previsiones para 2012-2014 que publicó la OCDE el pasado miércoles, los datos de más interés de la semana han sido la ejecución presupuestaria del Estado y la Seguridad Social hasta octubre y los índices de confianza de noviembre que elabora la Comisión Europea.

Las previsiones de la OCDE para España no se alejan mucho de las del consenso de analistas privados. Contemplan caídas del PIB cercanas el 1,5% tanto para 2012 como para 2013 y un leve crecimiento para 2014. La tasa de paro seguirá creciendo hasta rozar el 27% en 2013, para descender una décima en 2014. En síntesis, esto viene a corroborar lo que repetidamente señalamos en esta columna: que los numerosos procesos de ajuste, reestructuración y reformas que está llevando a cabo la economía española acabarán poniendo a punto la economía, mejorando su competitividad y potenciando su crecimiento, pero que los frutos de todo ello tardarán todavía en materializarse. Es más, la mayoría de estos procesos, muchos de ellos de larga duración en el tiempo, ejercen efectos contractivos sobre la actividad y el gasto a corto plazo, por lo que es difícil que la economía española inicie en unos pocos meses su recuperación. Esto no significa una desaprobación de lo que están haciendo las autoridades y agentes privados o sociales. Simplemente es cuestión de tiempo y no podemos pretender que el reloj corra más deprisa. Quedémonos con lo positivo: en 2014 podría empezar a descampar.

Para cumplir con el objetivo de déficit, el Estado debería gastar 5.000 millones menos de lo presupuestado, lo cual es factible

Las cuentas del Estado registraron un déficit hasta octubre de 43.374 millones de euros, un 4,1% del PIB estimado para todo el año. Corrigiendo los ingresos y gastos de las diferencias de calendario laboral respecto a un año normal, dicho déficit se reduciría al 3,9% del PIB. Esta cifra se encuentra por debajo del objetivo del Estado para todo el año del 4,5% del PIB, por lo que es posible que este se alcance, pero no va a ser fácil.

En efecto, los ingresos totales por impuestos recaudados por la Agencia Tributaria (que luego se distribuyen entre el Estado y el resto de administraciones territoriales) son ligeramente inferiores a los del mismo periodo del año anterior, cuando la previsión es que crezcan un 4,3%. Ciertamente, en los dos últimos meses se ha producido una recuperación de los mismos al entrar en vigor las medidas tributarias tomadas en julio (sobre todo, la subida del IVA y cambios en el impuesto de sociedades), pero una previsión razonable apunta a que aumenten entre el 1% y 1,5% al acabar el año, lo que dejaría la recaudación unos 5.000 millones por debajo de la presupuestada. Las administraciones territoriales no se verían afectadas por ello hasta dentro de dos años, que es cuando se liquidan las cuentas entre ellas y el Estado, así que serían los ingresos de este los que se verían mermados. Para cumplir con el objetivo de déficit, el Estado debería gastar, por tanto, 5.000 millones menos de lo presupuestado, lo cual es factible. También podría ser que los ingresos no impositivos, de difícil estimación, fuesen mayores que los previstos y compensaran los menores ingresos impositivos.

Es prácticamente inalcanzable que el objetivo de que las cuentas de la Seguridad Social acaben equilibradas

Lo que es prácticamente inalcanzable es el objetivo de que las cuentas de la Seguridad Social acaben equilibradas. Como se ve en el gráfico superior derecho, el déficit, expresado en forma de sumas móviles de 12 meses (un ejercicio completo móvil), va en aumento y alcanzó en octubre 5.000 millones. Esta cifra sería la mínima que previsiblemente se alcance al final del año. A ello habrá que añadir la previsible desviación de otros 3.500 millones en las prestaciones por desempleo, por lo que las administraciones de la Seguridad Social cerrarían con un déficit de entre el 0,8% y el 1% del PIB.

Por lo que respecta a los indicadores de confianza [gráficos inferiores], la media de octubre y noviembre mejora ligeramente respecto al trimestre anterior en los de industria, servicios y comercio minorista, pero continúa el deterioro de la construcción y de los consumidores. La subida del IVA y la caída que está registrando la renta disponible de las familias pasan factura al consumo, lo que merma la recaudación por impuestos indirectos y dificulta el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas)