Guindos responsabiliza a Bruselas de los despidos que sufrirá la banca

El doloroso proceso de ajuste que sufrirá la banca española en los próximos años viene dictado desde Bruselas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló este lunes a la Comisión Europea como la responsable de haber diseñado la reestructuración bancaria y los despidos que lleva asociados. “Siempre que hay ayudas públicas existe un plan de reestructuración; no es el Gobierno español el que lo determina, es Competencia”, se escudó al ser preguntado por los despidos que se avecinan en el sector. Las entidades nacionalizadas, y eventualmente otras que también requieran ayudas, acometerán despidos masivos. Solo en Bankia y NCG Banco se exigirá un recorte de plantilla de unas 8.000 personas —entre despidos y venta de negocios— y la reducción de unas 1.000 sucursales a cambio del dinero del rescate.

La reestructuración bancaria (cierre de oficinas, venta de negocios y de activos, así como la reducción de personal) tendrá cinco años para desarrollarse, según explicó el ministro a su llegada al Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía de la zona euro que trataba de cerrar por enésima vez un acuerdo para salvar a Grecia de la quiebra.

“A partir de los planes de reestructuración se establecerá la senda del exceso de capacidad en un plazo de cinco años y también la conversión de preferentes en diferentes alternativas”, detalló, sin aclarar si los despidos podrán distribuirse igualmente durante todo el periodo o tendrán que realizarse al inicio del proceso. También la Comisión Europea rehúsa concretarlo.

Guindos no quiso cifrar el coste adicional que supondrá el dinero que haya que inyectar en el banco malo y las cantidades que puedan necesitar entidades que no estén bajo el control del Estado

Pese a las palabras de Guindos, la responsabilidad de fijar despidos y reducir el tamaño de las entidades no es exclusiva de Bruselas. Las autoridades de Competencia, que deben garantizar que el préstamo que recibe España para esta reestructuración no supone una ayuda de Estado ilegal, trabajan sobre las propuestas que elaboran los propios bancos y las autoridades españolas. No obstante, en este proceso, el papel de Bruselas ha sido mucho más activo que en otros casos, con condiciones bastante estrictas para conceder el préstamo millonario al sector bancario, admiten fuentes de la Comisión Europea. Esas mismas fuentes señalan que la información que dará mañana Competencia con los principales datos de la reestructuración no incluirá el número de despidos, para que sean los bancos quienes decidan si divulgan o no esa información.

Sí ofrecerá Bruselas las cifras precisas del coste del rescate a la banca, que este lunes ya perfiló mucho Guindos. El ministro confirmó que las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) recibirán 37.000 millones de euros, tal y como adelantó este lunes EL PAÍS. El titular de Economía no quiso cifrar el coste adicional que supondrá el dinero que haya que inyectar en el llamado banco malo y las cantidades que puedan necesitar otras entidades financieras que no estén bajo el control del Estado. En total, la factura rondará los 40.000 millones, “cifra que siempre hemos manejado y que supone un poco más del 3,5% del PIB de España”, añadió Guindos. Las cifras podrían rebasar ese límite esbozado este lunes.

La comisión ejecutiva del Banco de España analiza hoy los planes de Bruselas, que recibirán el visto bueno con toda seguridad, informa Íñigo de Barrón. Tras la presentación de Almunia, el supervisor emitirá una nota corroborando la actuación de Bruselas.

Los sindicatos advierten de la posibilidad de encarecer los costes de la extinción de contratos con recursos masivos ante los juzgados

Mientras tanto, los sindicatos temen que Bruselas imponga el despido con una indemnización de 20 días por año, tal y como establece la reforma laboral, en toda la banca nacionalizada: Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia. Desde la sección de banca de CC OO-Comfia, se denuncia la posición “sectaria y doctrinaria” del Banco de España en las negociaciones de los planes de reestructuración de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en las que trata de imponer la última reforma laboral. Este sindicato considera injusto que se despida con las peores condiciones laborales y que luego el banco que compre la entidad reciba ayudas públicas con las que podría obtener beneficios en poco tiempo.

Los sindicatos advierten de posibles conflictos y la posibilidad de encarecer los costes de la extinción de contratos con recursos masivos ante los juzgados que podrían acabar reconociendo la improcedencia del despido.

Por otro lado, dos expertos veteranos del sector financiero, Raimundo Poveda (director general de Regulación del Banco de España hasta hace 12 años) y Aristóbulo De Juan (director general de supervisión hasta 1986) criticaron con dureza la manera en la que se ha llevado a cabo la restructuración de la banca. En unas conferencias organizadas por Linklaters, Poveda afirmó que el banco debió crearse “hace tres o cuatro años”, mientras que De Juan rechazó que se pidieran “solo 40.000 millones a Bruselas. Deben reclamarse 100.000 millones porque las necesidades de capital van a elevarse por la morosidad oculta en los balances, créditos hipotecarios y las provisiones sin dotar”.