Argentina busca una alternativa para evitar el impago de su deuda

El Gobierno de Cristina Fernández de Kichner apelará el próximo lunes la orden de un juez de Nueva York que puede conducir a una suspensión de pagos técnica de Argentina. El juez Thomas Griesa ordenó el pasado miércoles que el 15 de diciembre le abone a acreedores de bonos impagos desde 2001 el 100% de lo adeudado, como condición previa a seguir pagando a la inmensa mayoría de inversores que canjearon aquellos títulos por otros que valían menos de la mitad. "El lunes vamos a estar presentando un pedido de revisión de esta orden de Griesa ante la cámara (tribunal de apelaciones)", anunció el jueves el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino.

Argentina se niega a pagarles a los acreedores litigantes, que han rechazado dos canjes de deuda, en 2005 y 2010, pero si no lo hace, tampoco podrá cumplir con el pasivo reestructurado y caerá entonces en suspensión de pagos. Para evitar el impago, Buenos Aires apuesta a la apelación de la orden del juez.

"No creemos realmente que sea una solución justa, como dice el señor Griesa, pagarles a los fondos buitres”, aludió Lorenzino a los acreedores litigantes, algunos de los cuales compraron los bonos argentinos emitidos bajo la legislación de Nueva York después de la suspensión de pagos de 2001, a precios bajísimos, pero desde 2002 reclaman que se les devuelva el 100% del valor nominal de los títulos. “Creemos, por el contrario, que pagarles a los fondos buitres es hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que Argentina esté hoy en condiciones de pagar su deuda", se refirió el ministro a los acreedores que aceptaron la quita. Políticos de la oposición a Fernández han reconocido que su país carece de la capacidad para pagar los 1.026 millones de euros que Griesa ordenó abonar a un grupo de litigantes. De los bonos de la suspensión de pagos de 2001, la mayor de la historia, el 7% no entró en los canjes y suponen unos 8.626 millones, una cifra difícil de desembolsar para Argentina de un día para el otro.

A principios de año, Griesa ya había ordenado el bloqueo del pago de la deuda reestructurado hasta tanto no se abonara a unos litigantes. Argentina apeló ese fallo y, mientras el tribunal de apelaciones lo analizaba, el juez de primera instancia aplicó una medida cautelar que congelaba su propia disposición. El pasado 26 de octubre, tres magistrados del tribunal ratificaron la posición de Griesa y le pidieron que les propusiera cómo Buenos Aires debía abonar a los demandantes. El juez respondió que el país sudamericano debía pagar el 100% de lo adeudado a los querellantes el 15 de diciembre, antes de abonar los servicios de la deuda reestructurada fuera de Argentina, no solo la de legislación neoyorquina, sino también la suscrita en Europa, por ejemplo, y que en total suman 18.523 millones. Además derogó su medida cautelar que congelaba el pago a los litigantes.

El Gobierno de Fernández pedirá al tribunal de apelaciones que vuelva a poner en vigencia esa medida cautelar. Además está pendiente que los todos los jueces de esa corte, que son unos 13, revisen lo determinado por tres de ellos el 26 de octubre. Argentina ha conseguido como aliados en su presentación al Gobierno de EE UU, la Reserval Federal de Nueva York y la industria financiera de Wall Street, que consideran que un bloqueo del pago a los tenedores de la deuda reestructurada puede sentar un mal precedente para otros canjes, como los que puedan tener que afrontar eventualmente países europeos.