Rajoy maneja varias alternativas para reducir el gasto en pensiones

El Gobierno tiene sobre la mesa desde hace semanas varias alternativas para reducir el gasto en pensiones, la única gran partida presupuestaria que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha salvaguardado de los recortes. La próxima semana será crucial para determinar si esto sigue siendo así. Aun en la fórmula de rescate más suave, la que propugna España, el Eurogrupo planteará negociar nuevas condiciones. Y la Comisión Europea quiere ir más allá de la reforma aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero, en 2011, que eleva, de forma gradual, la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró a sus colegas en la última reunión del Eurogrupo que la próxima semana se anunciarán más reformas. En los mismos días, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará el proyecto de Presupuestos para 2013, lo que incluye una revisión de cómo van las cuentas públicas este año. Ambas citas son esenciales para comprobar si el Gobierno se decanta ya por una rebaja a medio plazo del gasto en pensiones, vía reformas, por un ajuste inmediato o por ambas cosas a la vez.

Para el problema más acuciante, cómo cubrir el desfase entre ingresos y gastos este año –un déficit tapado por los adelantos de la Administración central-, la Seguridad Social ha echado mano del dinero sobrante por las mutuas de accidentes laborales durante años (4.400 millones de euros). Y el Gobierno pone ya más de la mitad de los 7.000 millones que cuestan los complementos a las pensiones más bajas. Pero la mala evolución de las cotizaciones apunta a que hará falta más. A bote pronto, al Ejecutivo le queda la opción de no pagar la desviación de la subida de las pensiones (1%) sobre la inflación (que cerrará el año cerca del 3%). Sería un ahorro de 4.000 millones —la mitad se computaría en este ejercicio, el resto en 2013—. También una promesa incumplida a las puertas de nuevos comicios electorales (en Galicia, País Vasco, y presumiblemente, Cataluña).

Otra opción es recurrir al fondo de reserva de las pensiones, la hucha que acumula casi 70.000 millones de euros. Para ello, el sistema de pensiones debe haber incurrido en “déficit estructural”, una situación definida por una serie de criterios en la ley, que pueden cumplirse al cierre de este ejercicio. La última alternativa es dejar aflorar buena parte del desfase de la Seguridad Social (incluido el desvío en prestaciones por desempleo) y usar así el margen de ajuste que aceptó Bruselas en julio, al elevar el déficit público permitido a España del 5,3% al 6,3% del PIB, unos 10.000 millones de euros más. Pero implicaría que ningún otro nivel de la Administración (central, autonómica y local) se desviara de sus objetivos.

Sobre las reformas que vendrán, el propio Guindos dio por hecho que habrá cambios legales para limitar la jubilación anticipada. Y el Gobierno también está presto a anticipar (estaba prevista para 2027) la definición del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que condicionará los principales parámetros (edad de jubilación, periodo de cómputo o revalorización de las pensiones) a la esperanza de vida. Su aplicación llevará a pensiones más bajas, una edad de jubilación más tardía o revalorizaciones más cicateras, pero el ahorro en el gasto será gradual, limitado en el corto plazo aun cuando se aprobara ya.

La Comisión Europea planteó también en junio que se acelerara el calendario previsto en la reforma de 2011 para elevar la edad de jubilación, que alcanzaría los 67 años en 2027. La propuesta de Bruselas, que permitiría anticipar el ahorro de gasto previsto, se cayó después de las recomendaciones del Consejo Europeo a España para controlar el déficit. Pero eso era antes de que el Ejecutivo de Rajoy se viera obligado a pedir ayuda para financiarse.