Rajoy quiere que Merkel defina este jueves su postura sobre el rescate

El 19 de octubre, al término del Consejo Europeo, Rajoy tomará el avión de regreso desde Bruselas para participar en el cierre de campaña de las elecciones vascas y gallegas. Un nuevo batacazo en las urnas, tras el fiasco de las andaluzas de marzo pasado, dejaría seriamente tocado al Gobierno del PP y pondría en cuestión la legitimidad de su mayoría absoluta menos de un año después de haberla ganado. Pero lo que se juega Rajoy en Bruselas es aún más importante: un posible rescate, duro o suave, que reabra el grifo de la financiación para la economía española a cambio de nuevos y más severos ajustes. Ambos procesos discurren en paralelo, pero están muy relacionados. Lo que nadie se atreve a vaticinar es cómo influirán el uno en el otro.

Tras las entrevistas de la pasada semana con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente francés, François Hollande, la hora de la verdad llegará el próximo jueves, cuando la canciller alemana, Angela Merkel, visite La Moncloa. Fuentes gubernamentales esperan que Merkel les aclare si quiere o no que España solicite formalmente un rescate, ya que los mensajes que llegan desde Berlín, en función de quien sea el interlocutor, resultan contradictorios.

Con todo, las miradas no estarán pendientes ese día de Madrid, sino de Fráncfort, donde se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). En esa cita debería concretarse qué “medidas extraordinarias”, según la expresión utilizada por su presidente, Mario Draghi, en un artículo en Die Zeit, está dispuesto a tomar para contener la hemorragia de la deuda en España e Italia. Y, sobre todo, cuáles son las condiciones para reanudar su programa de compra de bonos en el mercado secundario, interrumpido desde marzo. Rajoy ha condicionado la petición de un nuevo rescate a la letra pequeña de la oferta del BCE: qué está dispuesto a hacer y a cambio de qué.

Las cartas de Draghi

Pese a la expectación que ha despertado este cónclave, fuentes gubernamentales dudan de que Draghi enseñe todas sus cartas. “Ha logrado aislar al Bundesbank [el más remiso a que el BCE se aparte de la ortodoxia] y seguirá avanzado, pero no va a dar un golpe sobre la mesa”, auguran las mismas fuentes.

Y ello, entre otras razones, porque Merkel le ha pedido que no haga nada que pueda influir en el debate que el Tribunal Constitucional alemán mantiene sobre el tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), cuyo veredicto debe hacerse público el próximo día 12. El Constitucional mantiene bloqueada la entrada en vigor del MEDE, un cortafuego de medio billón de euros, ya que su entrada en vigor solo se producirá cuando lo ratifique el 90% de su capital y Alemania acapara más del 27%. El Gobierno español y la Comisión Europea confían en que el Constitucional germano no tumbe el tratado sino que, como máximo, refuerce los mecanismos internos de control parlamentario, como ya hizo con el rescate a Grecia.

Una vez que Alemania desbloquee la ratificación del MEDE, este podría empezar a actuar en octubre, complementando así la intervención del BCE. El primero compraría bonos de España e Italia en el mercado primario (es decir, en las subastas del Tesoro) y el segundo, en el secundario (compraventa entre agentes privados).

Intervención, no rescate

El Gobierno no busca un rescate al estilo de Grecia o Portugal, con la apertura de líneas de crédito de la UE y el FMI, y su salida del mercado de capitales, sino una intervención que alivie la presión sobre la deuda española y relaje su coste (el viernes superó los 550 puntos de diferencial con Alemania) hasta niveles razonables.

El Gobierno sostiene que este rescate suave no debería incluir más requisitos que el cumplimiento de los objetivos de déficit ya pactados con Bruselas para el Estado (el 4,5% en 2013 y del 2,8% en 2014), aunque sí una vigilancia más exhaustiva por los famosos hombres de negro.

Mientras España tantea las condiciones de un posible rescate, la Comisión Europea ha pisado el acelerador de la unión fiscal y bancaria, con el objetivo de que la nueva autoridad europea de supervisión bancaria, en la que el BCE tendrá el máximo protagonismo, eche a andar en enero, lo que permitirá que los 100.000 millones para recapitalizar la banca española se presten directamente a los bancos, sin el aval del Estado.