El manifiesto de los diecisiete

La peligrosa situación actual del área euro (AE) es fruto de sus fallos de diseño, añadidos a otros fallos posteriores de gobernanza y gestión de la crisis cuando aquellos han aflorado. De no afrontarse estos fallos con celeridad, provocarán una crisis sistémica del AE e incluso su desaparición.

La gran paradoja es que hoy el AE en su conjunto está en mejor situación fiscal, en términos de déficit y deuda, de equilibrio externo por cuenta corriente y de deuda externa neta, que Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Dichos fallos son los que provocan desequilibrios internos.

Al no existir una opción colectiva y cooperativa entre sus Estados miembros para salir de la crisis, sino solo la impuesta por los acreedores a los deudores, al final ambos salen perdiendo. Es incomprensible, porque superar la crisis no es un juego de suma cero, sino que todos sus Estados pueden salir ganando poniéndose de acuerdo en reparar sus fallos de diseño y mejorar su gobernanza.

Diecisiete economistas europeos —cinco alemanes, dos de ellos miembros del consejo de asesores económico; tres franceses; dos italianos; dos españoles, Luis Garicano y yo; dos belgas, un sueco, un irlandés y un austriaco—, constituyéndose como INET Council on the Euro Zone Crisis (www.ineteconomics.org), nos hemos puesto de acuerdo en el diagnóstico de la situación y en las medidas a tomar a corto, medio y largo plazo en un manifiesto que, aunque puede no satisfacernos a todos individualmente, sí consideramos colectivamente que es el más justo y más viable, dada la situación actual.

Los problemas que afrontan los Estados con déficits no fueron causados por ellos mismos, sino que son el resultado de fallos en el diseño del área euro que han fomentado un exceso de deuda

Para ello hemos separado la solución del “problema heredado” a corto y medio plazo, que consiste en detener la actual recesión, reducir los niveles de deuda y los superávits y déficits externos por cuenta corriente en el seno del AE, de la solución del problema a largo plazo, que consiste en reparar sus fallos estructurales y de diseño.

La primera requiere repartir cuanto antes los costes actuales de una forma más justa, y la segunda requiere arreglar sus fallos estructurales de diseño, sin que haya, necesariamente, transferencias permanentes o emisiones de deuda conjunta y solidaria para evitar futuras crisis.

En primer lugar, resolver el problema de corto plazo es muy necesario y muy justo. Es necesario porque hay que romper la espiral en la que se encuentran los Estados deficitarios, que están haciendo fuertes y rápidos ajustes fiscales que a corto plazo conducen a la recesión haciendo más difícil repagar las deudas, deprimiendo los precios de los activos y la calidad de los bancos y del crédito, lo que a su vez produce más recesión que impide mejorar sus porcentajes de deuda/PIB y que puede llevar finalmente a una ruptura del euro.

Es justo porque los problemas que afrontan los Estados con déficits no fueron causados por ellos mismos, sino que son el resultado de fallos en el diseño del AE que han fomentado un exceso de deuda en los Estados con déficits y un exceso de ahorro y de préstamos en los Estados con superávits. Como todos ellos habían aprobado inicialmente dicho diseño, todos son responsables y deben repartirse sus costes.

Además, puede ser consistente con unos incentivos correctos, ya que los primeros que tienen que pagar las pérdidas del sistema financiero, tanto en los acreedores como en los deudores, son los accionistas; también los acreedores, que se favorecieron del exceso de créditos, y solo en última instancia los contribuyentes. Y, a medio plazo, los Estados con mayores niveles de deuda tendrán que comprometerse a reducirlos en un periodo determinado a cambio de recibir apoyo condicional a su ajuste continuado.

Resolver el problema de largo plazo no requiere una unión fiscal total o la emisión de eurobonos sino que basta con construir una serie de instituciones mínimas

Las medidas más urgentes a corto plazo son: primera, una mutualización parcial y temporal de la deuda heredada, siguiendo el sistema planteado por el consejo de expertos alemán, para ayudar a los Estados deudores que están haciendo su ajuste fiscal apropiado, según el procedimiento europeo de déficit excesivo. Es decir, suministrando el EFSF-ESM (los mecanismos de rescate) progresivamente una garantía a toda la nueva deuda que se emita hasta un nivel previamente acordado, con el compromiso de la UE de crear un “fondo de redención de la deuda” garantizado por capital adicional o por la potestad de emitir letras con garantía conjunta y solidaria si fuese necesario.

Segunda medida: una licencia bancaria para el ESM asegurándole mayor capacidad de garantía y de impacto. Si no fuera posible su acceso al BCE, habría que conseguir que su deuda tuviera prioridad para ser adquirida por el BCE.

Tercera: reestructuraciones de deuda voluntarias ofreciendo bonos actuales por nuevos bonos con el mismo valor y cupón, pero con plazos más largos. Estos últimos serían emitidos bajo ley extranjera y además podrían ofrecerse incentivos a los tenedores de bonos de corta duración, aportando dinero o letras para incentivar su intercambio y otorgando a la nueva deuda el mismo estatus que la del ESM y manteniendo la deuda antigua como subordinada.

Cuarta: reformas fiscales estructurales que restauren la solvencia sin crear caídas del PIB, como aumentos en la edad de jubilación o que tengan costes de actividad o fiscales a corto plazo, pero aumenten en mayor medida la solvencia, como las reformas laborales o de reducción del personal del sector público, y finalmente, devaluaciones fiscales sustituyendo impuestos al trabajo por impuestos al consumo.

Quinta: pasos concretos hacia una unión bancaria y hacia una reducción creíble de la deuda a través del Pacto Fiscal permitirían que el BCE tuviese más espacio para actuar activamente en los mercados de deuda soberana y evitar crisis autocumplidas en aquellos Estados que están cumpliendo lo prometido.

Sexta: políticas fiscales y monetarias extraordinarias o de emergencia, normales o no convencionales, para apoyar el PIB nominal y evitar fuertes recesiones o depresiones en algunos Estados.

Séptima: permitir que el ESM pueda actuar cuando una fuerte caída de los precios de los activos provoque recesiones, estableciendo un límite a una primera pérdida nacional o inyectando capital en sus bancos afectados.

Después, resolver el problema de largo plazo no requiere necesariamente una unión fiscal total o la emisión de eurobonos con garantía conjunta y solidaria, aunque ambas serían deseables, sino que basta con construir una serie de instituciones mínimas necesarias para superar la crisis, reducir el endeudamiento excesivo y poder crecer más.

La primera de estas medidas implicaría modificar una política monetaria única diseñada para la media del AE pero que resulta demasiado dura para unos Estados y demasiado blanda para otros. Creando una política fiscal al nivel del AE para compensar dichos impactos negativos en los distintos Estados y creando una regulación y supervisión financiera macroprudencial que evite los excesos financieros y crediticios. Intentando diferenciar la política monetaria única con el uso de herramientas adicionales en sus Estados miembros, como reservas o coeficientes en su banco central diferentes o impuestos contracíclicos sobre los bienes raíces.

En segundo lugar, creando varias instituciones europeas. Una unión bancaria siendo el BCE el único supervisor y único encargado de la resolución bancaria y un sistema único de seguro de garantía de depósitos, a ser posible desembolsado. Una reforma bancaria y financiera que evite futuras crisis y para que sirva realmente a los intereses de sus clientes. Un prestamista de última instancia de aquellos Estados que cumplan el Pacto Fiscal. Un único sistema de reestructuración de la deuda de los Estados que no puedan acudir al ESM. Y finalmente, un “activo libre de riesgo” común, “bonos europeos seguros”, no ligados o emitidos por ningún Estado, que evite las fugas de capitales entre Estados, que sirva de colateral, que no tenga garantía conjunta y solidaria y que evite transferencias permanentes entre Estados.

Guillermo de la Dehesa es miembro del INET Council on the Eurozone Crisis.