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OPINIÓN

Rescate total o por fases

La economía española no puede continuar con la escasez de financiación ni los tipos actuales

La situación financiera se hace insostenible. La escalada de la ya famosa prima de riesgo en torno de los 650 puntos básicos (pb) y la clara negativa del BCE de intervenir en los mercados secundarios de deuda de los países con problemas obliga al Gobierno español a tomar una decisión y se necesita que esta vez sea una decisión rápida y contundente. Ni el Tesoro ni las empresas españolas pueden continuar con esta escasez de financiación y con tipos que en los plazos superiores a dos años se elevan por encima del 7%.

Está claro que la confianza de los mercados no va a mejorar a pesar de los intensos recortes aplicados. Lo hecho hasta ahora, a pesar de lo doloroso que es para los ciudadanos, no es suficiente y las reformas que quedan por hacer, la ya iniciada reforma del sistema financiero sin acabar y especialmente la reforma de las Administraciones públicas que parece lejos de plantearse con un rediseño profundo del sistema de autonomías y de las corporaciones locales, que permita disponer de una Administración pública menos costosa y más eficaz. Los dos grandes partidos son responsables de la situación a la que hemos llegado y sin embargo no parecen estar dispuestos a un consenso para al menos iniciar un debate que pueda aportar soluciones en el medio plazo.

Por lo tanto urge tomar decisiones y el Gobierno que dispone de mayoría absoluta en el Parlamento no tiene excusa. Basta ya de retrasos en la toma de decisiones. Además de continuar la reforma del sistema financiero con el cumplimiento inexorable de los 32 puntos que exige el memorándum ya aprobado, tiene que pedir ayuda formal a Europa. En el momento actual tiene dos caminos: solicitar el rescate total del país o pedir la ayuda del fondo de estabilidad de la UE para que intervenga en el mercado de deuda secundaria, lo que se llame como se llame será otro paso más en el rescate por fases que ya hemos iniciado.

De momento, el presidente Rajoy niega la necesidad del rescate, pero desgraciadamente cada vez que dice que no hay que hacer algo la realidad se le impone y, empujado por la UE (entiéndase Alemania), lo tiene que hacer. Pero hay un camino alternativo aprobado en la última cumbre europea. Los Gobiernos con problemas de financiación pueden solicitar la ayuda del fondo de estabilidad europeo para que intervenga en el mercado secundario de deuda. Es de esperar que esa intervención permitiera bajar la prima de riesgo al tener seguridad los mercados de que el fondo europeo comprará la deuda que exceda de un determinado precio. Pero esta ayuda por supuesto tendrá su coste, que serán las contrapartidas adicionales a las ya exigidas por la UE en el memorándum en la primera fase de ayuda/rescate diseñada para el sistema financiero. Esta vía ha sido señalada por el comisario Almunia como menos dolorosa que el rescate total, que exige una troika (FMI, BCE y CE), interviniendo el país, al estilo de lo sucedido en Grecia y Portugal. Otra diferencia es que el Tesoro y las empresas podrían seguir financiándose en unos mercados más tranquilos y se tendría el tiempo suficiente para acometer esos recortes de gasto público que Europa exige que España cumpla.

La reforma pendiente es la de la Administración. Hace falta un pacto de Estado que evite la ruina del país

¿Pero qué recortes adicionales son los que se nos exigirían con esta segunda ayuda? Se ha hecho una reforma laboral, se han subido los impuestos (IRPF e IVA) y se han recortado los salarios de los funcionarios, además de reducir gastos en sanidad, educación y servicios sociales. El ajuste a través del empleo es brutal, alcanzando un nivel de paro difícilmente sostenible. Sin embargo, la reciente publicación del techo de gasto para 2013, excluidos intereses y Seguridad Social, disminuye solo el 6,6% y para el total del gasto aumenta un 9,2% (9.114 millones de euros más por el aumento del pago de intereses y 6.683 millones de euros más por gastos de la Seguridad Social). Dado que los mercados no parecen dispuestos a disminuir los tipos de la deuda y que de momento no parece posible una disminución del paro está claro que hay que atacar otras parcelas del gasto. No basta con un nuevo recorte lineal de los gastos, es necesario un análisis muy crítico para eliminar todo lo que sea excesivo e innecesario.

En Europa nunca se han creído la salud de un sistema financiero español con la ineficacia de las cajas de ahorro ni tampoco entienden la organización ni el funcionamiento de nuestro sistema de las Administraciones públicas, que ahora se muestra en su verdadero valor de ineficacia como se refleja en la nueva situación con la solicitud de ayuda al Estado. La reforma del sistema financiero está en marcha y ya se han puesto las condiciones en el mencionado memorándum para las entidades que soliciten las ayudas. Las instituciones europeas no pueden entrar en la organización del sistema administrativo español, pero sí pueden y van a exigir transparencia en los datos y que se reduzcan los gastos de esta Administración tan costosa. Y en este punto volvemos al principio.

La reforma pendiente es la reforma de las Administraciones públicas. Es un tema básicamente político y son los partidos políticos los llamados al sacrificio. Se tiene que abrir un debate parlamentario analizando los puntos débiles del sistema. Olvidarse de sus intereses partidistas, eliminar duplicidades. Las comunidades autónomas que no puedan sostener los sistemas educativos y de sanidad pueden devolver las competencias al Estado. Aquellas que consideren que sí son capaces de gestionar sus recursos deben dejar de pedir ayudas al Estado. Probablemente hay que plantearse el sistema de solidaridad interregional actual que ha dado lugar a tantas ineficiencias y abusos. Estúdiense las posibilidades y tómense soluciones. Si no se puede dar marcha atrás quizás se pueda dar algún paso adelante siguiendo el ejemplo del País Vasco y Navarra. Pero, por favor, busquen una solución y hagan un pacto de Estado antes de que el país se vaya totalmente a la ruina.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE.