El ajuste de Rajoy da un duro golpe a las empresas en plena recesión

Los principales damnificados directos por las medidas de ajuste del Gobierno son los funcionarios, los consumidores, los parados y las personas dependientes. Pero junto a ello, las medidas del Gobierno también dan un duro golpe a las empresas, tanto por el aumento de la tributación del impuesto de sociedades como por las medidas de carácter sectorial y por el impacto sobre los márgenes y la demanda de la subida del IVA. La situación se agrava porque el nuevo golpe fiscal llega en plena recesión, con las empresas en una situación débil, y porque se extiende cada vez más a las de menor tamaño. En esa situación, las dificultades de las empresas pueden acabar traduciéndose en recortes de sueldos y plantillas.

El Gobierno aprobó el viernes nuevas medidas para aumentar la recaudación del impuesto de sociedades que elevarán la presión fiscal en unos 2.500 millones de euros anuales durante este año y los dos próximos. Ese hachazo de 7.500 millones se logra en buena parte exprimiendo al máximo el adelanto en la tributación con el endurecimiento de los pagos fraccionados. El importe mínimo pasa para este año y el próximo del 8% al 12% y el tipo aplicable también se incrementa para empresas con un volumen de negocio superior a los 10 millones. Además, se incluye en la base imponible de esos pagos fraccionados un 25% de los dividendos y rentas de participaciones que tienen derecho a exención. Es una forma del Estado de lograr liquidez a costa de las empresas, pues esos mayores pagos fraccionados se ven luego compensados en la declaración final.

La presión se extiende cada vez más a las empresas de menor tamaño

Pero también en esta declaración sube la factura. Para los periodos impositivos que empiecen en 2012 y 2013, las empresas que facturen más de 60 millones, la compensación de bases imponibles negativas (créditos fiscales por las pérdidas sufridas en años anteriores) estará limitada al 25% de la base imponible previa a la compensación. El límite será del 50% para las que facturen entre 20 y 60 millones. Como con los pagos fraccionados, es una vuelta de tuerca más a las limitaciones que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el verano de 2011. Antes de esa reforma, una empresa que tuviese suficientes créditos fiscales por pérdidas acumuladas podía compensar el 100% de los beneficios.

Además, se reduce del 10% al 1% (se pasa de 10 a 100 años) el límite de deducción de los activos intangibles de vida útil indefinida (como las marcas).

Donde el Gobierno sí abre la mano es en el equivalente empresarial de la amnistía fiscal, buscando la repatriación, con un gravamen del 10%, de dividendos y capitales procedentes de paraísos fiscales aunque no cumplieran los requisitos de la primera medida en este sentido que se incluyó en los Presupuestos (era más exigente con el origen de los fondos, pero bastaba tributar al 8%).

Es una vuelta de tuerca más a las limitaciones que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Pero el aumento del impuesto de sociedades no viene solo. En el decreto ley publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado, se deroga la compensación a las autopistas de peaje con las que se pactó una bajada de tarifas del 7% en 1999. La medida llega en un momento de bajadas históricas del tráfico. El decreto incorpora algunas normas sobre las eléctricas, pero en su caso y el de las renovables, el mayor recorte está por llegar antes de fin de mes, y supondrá un impacto de unos 6.000 millones de euros.

La rebaja de cotizaciones sociales se verá eclipsada por el incremento de parte de las bases de cotización y por la supresión de las bonificaciones a la contratación, de modo que el efecto neto será mínimo. En cambio, la subida del IVA tendrá un efecto indirecto muy duro para las empresas, que tendrán que optar entre asumir la pérdida de margen o repercutir la subida en sus clientes con la posibilidad de que caigan sus ventas. Sectores como el turismo o la automoción ya han puesto el grito en el cielo, pero el impacto más difícil de absorber será el de las empresas que han visto sus productos y servicios pasar de tributar el 8% al 21%, como es el caso de las cadenas de peluquerías, las empresas de televisión de pago, los cines, teatros, discotecas floristerías o servicios termales.