Rajoy suspende la paga de Navidad de los funcionarios

En los últimos días corría el runrún por los pasillos de los ministerios. El Gobierno estudiaba eliminar la paga extra de Navidad a los funcionarios. Los trabajadores públicos no querían dar veracidad a las informaciones que aparecían en los medios de comunicación sobre el asunto hasta que este miércoles el presidente del Gobierno certificó la mala noticia. Mariano Rajoy anunció durante su comparecencia en el Congreso que “en 2012, se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria”, la paga de Navidad. No obstante, precisó que “la suspensión será compensada, a partir de 2015, con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones”.

El Gobierno no ha aclarado, sin embargo, si la supresión de la paga extra será aplicable solo este año o afectará también en los dos próximos. Fuentes del Ejecutivo eludieron aclararlo diciendo que, por el momento, “hay que ceñirse a las palabras del presidente” y pospusieron los detalles a la publicación del texto del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado el próximo sábado. Sí quedó claro que la medida afectará a los altos cargos de la administración central, autonómica y local, y a los diputados y senadores.

El presidente avanzó algunos detalles más del plan de la función pública: se reducirá el número de días de libre disposición, los llamados moscosos; se equipararan las condiciones en situación de incapacidad temporal de los funcionarios al del resto de trabajadores y se ajustará el número de liberados sindicales. En total, según informó anoche la Secretaría de Estado de Administración de Pública, todo el paquete de medidas que cae en su departamento, supondrá un ahorro de 6.315 millones.

La parte del león de esta cantidad llega lógicamente de la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios, unos 4.000 millones. Esto supondrá un recorte de la nómina bruta anual de entre el 5% y 7% en su nómina bruta anual, ya que en la extra no se cobran los complementos del salario. Esta medida se suma a la rebaja media del 5% que Zapatero decretó en mayo de 2010. Desde entonces los trabajadores de la Administración no han dejado de perder poder adquisitivo. En 2011 y 2012, mientras los precios suben, ellos han visto como su sueldo ha quedado congelado.

En el caso de muchos trabajadores autonómicos, a estos recortes hay que sumar los que ya han decretado sus respectivos Gobiernos. Por lo que la pérdida de poder adquisitivo es incluso mayor. Por ejemplo, en Cataluña el Gobierno autonómico de CiU ya había aprobado una reducción salarial del 5%. Y en Andalucía, el nuevo Ejecutivo de José Antonio Griñán dictó una rebaja salarial para evitar despidos.

La nómina total de los empleados públicos es la parte más abultada del gasto conjunto de las Administraciones españolas. En 2011, ascendió a 122.926 millones de euros, el 26,2% del gasto público total. Con ellos se pagó a los casi 2,7 millones de empleados públicos. Para este año, solo la Administración central prevé destinar 27.339 millones de su presupuesto a pagar nóminas a los 592.531 trabajadores que dependen de ella.

Pese al anuncio que esta misma semana hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que entre sus planes estaba aumentar el número de horas semanales de los funcionarios, el presidente no hizo ningún anuncio al respecto. El Gobierno ya tomó una medida similar en diciembre, cuando aumentó de 35 horas a la semana a 37,5. Si al final se concreta esta medida —habrá que esperar hasta el Consejo de Ministros del viernes— el Ejecutivo gana margen para poder despedir a personal eventual, internos y contratados laborales sin que eso afecte plenamente a los servicios públicos.

Para justificar el recorte de plantilla en las Administraciones, Rajoy argumentó que es necesario revisar la función pública y adaptarla a la dura situación económica actual. Y dio cifras para sostener esta idea: “Desde que se inicia la crisis económica en 2007, se han destruido en el sector privado más de 2.900.000 empleos, mientras que en el sector público, el número de empleados ha crecido en 289.000 personas”. Sin embargo, según las últimas encuestas de población activa, el volumen de funcionarios ha comenzado a bajar.

El jefe del Ejecutivo ha considerado necesaria una revisión integral de la función pública porque considera que el empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento. En este sentido, también ha adelantado que se rebajarán los liberados sindicales, se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores y se facilitará la movilidad de los empleados públicos.

Otras medidas que este miércoles anunció Rajoy consisten reducir la cuantía que reciben los funcionarios durante la incapacidad temporal y equipararla a la que reciben los trabajadores del sector privado. Es decir, no cobrarán el 100% del sueldo cuando estén de baja. Aunque también es cierto, que en el sector privado hay convenios colectivos que sí recogen este compromiso.

Tanto esta como la última iniciativa anunciada, la reducción del número de liberados sindicales, parecen plagiadas de las que ya ha ido implantando la Comunidad de Madrid —y alguna otra gobernada por el Partido Popular. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ya ha tomado medidas similares, en algunos casos, como en el de los liberados sindicales hace varios años.