Los socios del euro imponen a España una intervención suave de la economía

Los socios de la eurozona han firmado en la madrugada del martes un acuerdo de enorme trascendencia que marcará la política y la economía española de los próximos años. Los países del euro han dado el visto bueno al rescate financiero (30.000 millones de euros para empezar, antes de finales de julio) y han otorgado un año más a Madrid para cumplir el déficit, a cambio de rigurosas condiciones fiscales, bancarias y de supervisión. Es decir, una intervención con todas las de la ley, si bien de menor intensidad que la de los tres países rescatados hasta ahora: Grecia, Portugal e Irlanda.

La troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) enviará misiones a España cada tres meses, y asume de facto poderes sobre la supervisión financiera de la banca. Los socios europeos impondrán profundos cambios en todo el sector financiero. Y como colofón Bruselas exige de inmediato “nuevas medidas fiscales” al Gobierno para garantizar que España cumple sus metas de déficit. El Ejecutivo se adelantó por la mañana a esas exigencias y anunció que, en contra de sus promesas electorales, subirá el IVA el próximo viernes. Pero el vicepresidente Olli Rehn ha asegurado que España "tendrá que cumplir plenamente" con el nuevo pliego de condiciones y no ha descartado que entre esas exigencias estén otras medidas, como recortes en las pensiones o en el subsidio de desempleo. El ministro francés Pierre Moscovici ha explicado que el propio Ejecutivo español sugirió en la reunión modificaciones en políticas muy delicadas, como la relativa a las pensiones.

Bruselas exige un ratio de capital muy exigente, del 9%, para todos los bancos, que podría ahogar aún más el crédito y la recuperación

Con misiones cada vez más frecuentes en Madrid, Bruselas reclamando más y más ajustes y los bancos totalmente dependientes de la liquidez del BCE, ya hace meses que la economía española era objeto de una intervención blanda desde Fráncfort y Bruselas. La regla de oro introducida en la Constitución es tal vez la prueba más palpable de esa situación. Pero las medidas anunciadas esta noche de lunes vienen a atornillar tanto las exigencias como el control y la supervisión, tanto por el lado de la política fiscal —y de las comunidades autónomas— como por el de los bancos, principales protagonistas de la crisis española tras el sonoro reventón de la burbuja inmobiliaria.

El acuerdo en el Eurogrupo —la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, que se prolongó más de nueve horas— se formalizará el próximo 20 de julio. Y antes de fin de mes llegará el primer tramo del rescate a la banca, de 30.000 millones de euros, para cubrir las necesidades más urgentes: las de Bankia, por ejemplo. Esa ayuda es en realidad un préstamo al FROB, el fondo de rescate del Estado —y por tanto computa como deuda, al menos mientras no esté lista la recapitalización directa de bancos—, a un interés que podría estar en torno al 4%, con un plazo de vencimiento medio de 12,5 años, que en el mejor de los casos será de 15 años. Eso está en la banda baja de la petición del Ejecutivo español, que no ha podido evitar que, entre las condiciones, los socios europeos impongan pérdidas a productos financieros como las participaciones preferentes, algo que el ministro Luis de Guindos descartó hace apenas unos días. Además de las condiciones para las entidades que pidan ayudas (política de bonus y dividendos cero, venta de activos y de oficinas, despidos e incluso liquidaciones de bancos si es necesario), Bruselas exige condiciones horizontales a todo el sector: un ratio de capital muy exigente, del 9%, para todos los bancos, que podría ahogar aún más el crédito y la recuperación. Y reclama “reformar el marco reglamentario y supervisor”, con el BCE sobrevolando por encima del muy criticado –por el propio Gobierno— Banco de España.

La Comisión propondrá el martes al Ecofin ampliar un año el objetivo del déficit del 3% del PIB

Nada es gratis, pero tampoco todo son condiciones. La Comisión propondrá el martes al Ecofin ampliar un año el objetivo del déficit del 3% del PIB, y flexibiliza la meta de déficit para este año, que se sitúa en el 6,3% del PIB, por la profundidad de la recesión española, que ha diezmado notablemente los ingresos públicos. La anunciada subida del IVA —junto con medidas por el lado del gasto, como el aumento de las horas de trabajo de los funcionarios, anunciadas el lunes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro— viene a apuntalar las cuentas para cumplir ese objetivo. Pero eso puede ser contraproducente: una subida de impuestos sobre el consumo, como se encargó de criticar el presidente del BCE, Mario Draghi, vendrá a reducir aún más la ya débil demanda. Más recortes en plena tormenta: se avecina así una recesión profunda y duradera, que en el mejor de los casos se prolongará hasta bien entrado el año próximo. Entre las condiciones fiscales está también la presentación de un plan presupuestario bianual –que deberá estar listo este mismo mes— y medidas encaminadas a “reequilibrar las cuentas de las comunidades autónomas”, según explicó Rehn. “La situación es compleja, pero viable”, dijo el vicepresidente de la Comisión, que alabó la “colaboración” de las autoridades españolas y los esfuerzos realizados para estabilizar la precaria situación de la economía.

El Eurogrupo dio también pasos hacia la recapitalización directa de los bancos aprobada en la última cumbre, pese a que para ello la UE debe acelerar para tener un supervisor común antes de finales de año. Esos plazos son aún muy, pero que muy difusos, lo que ha provocado el escepticismo —por decirlo suavemente— de los mercados. Los líderes europeos, al menos, despejaron una de las dudas que en las últimas horas ha planeado sobre la gestión de la crisis de la UE: una fuente europea aseguró a finales de la semana pasada que cuando esté listo el mecanismo para recapitalizar directamente los bancos (y eliminar así de un plumazo, en el caso español, el volumen de deuda pública necesario para acometer el rescate de las entidades), las garantías en caso de pérdidas seguirían siendo responsabilidad de los Gobiernos. De esa manera, se eliminaría la deuda del balance del Estado, pero no el riesgo de tener que hacer frente a pérdidas. El lunes por la noche, los líderes europeos dijeron exactamente lo contrario: “No habrá requerimientos de garantías para los Gobiernos”, aseguraron tanto Rehn como el director gerente del fondo de rescate, Thomas Regling.

Junto con el alud de condiciones para el sistema financiero y para la política fiscal, varias puertas se cerraron el lunes para España. El luxemburgués Yves Mersch será consejero ejecutivo del BCE, en detrimento del candidato presentado por el Gobierno español. Y el alemán Regling presidirá el mecanismo permanente de rescate, pese a que España optaba también a ese puesto. Cero de dos: la presencia de españoles en las instituciones europeas sufre así un serio revés. Se rompe un acuerdo tácito que daba a España un sillón en el órgano más influyente para la gestión de la crisis europea, el BCE, donde la cuarta economía de la eurozona no volverá a tener un representante al menos en los próximos seis años. Todo eso en medio de una recesión que empeora, con la prima de riesgo por las nubes, con el paro en torno al 25%, con la necesidad de aprobar a toda prisa nuevos recortes para cumplir las recomendaciones de la Comisión, convertidas ahora en exigencias. Con la credibilidad institucional de España “bajo mínimos”, según fuentes diplomáticas. Y con las misiones de la troika entrando por la puerta del Banco de España y del Ministerio de Economía cada tres meses.