Hollande tendrá que ajustar 40.000 millones para cuadrar el déficit en 2013

Llegó el momento de la realidad. El Gobierno socialista francés tendrá que reducir gastos y subir impuestos para ajustar entre 6.000 millones de euros y 10.000 millones este año y recuperar al menos otros 33.000 millones en 2013 para poder cumplir las previsiones de déficit. Esta es la principal conclusión de un estudio que el Tribunal de Cuentas ha entregado hoy al primer ministro, Jean-Marc Ayrault, sobre la auditoría encargada por François Hollande al ganar las presidenciales.

Didier Migaud, dirigente de los jueces contables, ha dicho que la subida temporal de los grandes impuestos (ha citado el IVA y la CGS, la contribución a la Seguridad Social) “será difícilmente evitable” si se quieren respetar los compromisos adquiridos con Bruselas. Pero Ayrault, reiterando la promesa de que las clases medias y los trabajadores quedarán exentos del ajuste, ha replicado: “Aprobaremos medidas de justicia fiscal. Los contribuyentes más ricos y las empresas más grandes participarán así en el esfuerzo colectivo. Las clases populares y medias serán preservadas. Paralelamente, el gasto será controlado”.

El miércoles, el consejo de ministros aprobará una corrección de los Presupuestos Generales en la que se anunciarán las primeras medidas de reducción del gasto y nuevas tasas. Según ha trascendido, habrá subidas de impuestos a las empresas petroleras y a los bancos, y se anularán exenciones fiscales a las familias más pudientes y a las compañías que más ganan.

La hipótesis del Tribunal, recogida en un informe de 250 páginas, se basa en un 1% de crecimiento para 2013 y en un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,4% para este año, cifras peores de las que facilitó el Gobierno anterior y de las que manejaba hasta ayer mismo el actual Gabinete. La auditoría considera que el ajuste es asumible, aunque estima que tendrá un alcance histórico ya que supondrá “un esfuerzo similar al que realizó Francia en vísperas de la entrada en vigor del euro, entre 1994 y 1996”. Las cifras de 2013 no incluyen, para colmo, los casi 5.000 millones que París deberá reembolsar tras ser condenada en Europa por diversos asuntos fiscales.

La incógnita estriba en ver si el Gobierno socialista se verá forzado a optar entre las promesas y la necesidad. El ministro de Economía, Pierre Moscovici, anunció la semana pasada que necesitaba entre 7.000 y 10.000 millones para llevar el déficit de este año desde el 5,2% del PIB al 4,5%. Pero el objetivo de desviación de las cuentas para 2013 es del 3%, y París debe llegar al déficit cero en 2017, lo que sugiere que los sacrificios serán el sello del quinquenio.

 Ayrault y Moscovici han afirmado que la herencia del periodo de Nicolas Sarkozy obligará a hacer “esfuerzos importantes para evitar que el paro siga aumentando”, y han criticado el aumento de la deuda en los últimos años. “Entre 2007 y 2011, la deuda pública aumentó en 600.000 millones y la carga anual de la deuda representa hoy el primer gasto del presupuesto estatal”, recuerda el primer ministro. La oposición ha defendido sin embargo el balance de Sarkozy, y subrayan que no han dejado “ninguna sorpresa” a sus sucesores. El Tribunal apunta dos: 3.000 millones de crecimiento menor y un cálculo demasiado optimista de los ingresos fiscales.

Hollande llegó al poder como la gran esperanza blanca del crecimiento europeo. “La austeridad no puede ser una fatalidad perpetua”, dijo la noche de su triunfo electoral. Pero la situación está lejos de ser halagüeña. El paro aumenta en el país y el continente, los indicadores de confianza no mejoran ni dentro ni fuera y la recesión amenaza con volver. La economía francesa permaneció estancada en el primer trimestre y, según las estimaciones, apenas crecerá entre tres y cuatro décimas este año, menos de lo necesario para crear empleos.

Ayrault ha destacado que su Gobierno promoverá una política de “regeneración productiva” tanto en Francia como en Europa, y ha citado el pacto de crecimiento impulsado por Hollande en Bruselas. Pero el brutal ajuste requerido para 2013 amenaza con limitar las promesas de equidad y prosperidad. El Tribunal de Cuentas sugiere tres vías de ahorro fundamentales. Por un lado, congelar el sueldo de los funcionarios, bloqueando los ascensos y promociones; en segundo lugar, y más crucial, reducir los gastos de intervención del Estado, que supone la gran masa de gasto público, y emprender reformas de la formación profesional, la vivienda y el gasto sanitario. Para terminar, el tribunal propone revisar las actualizaciones automáticas de las pensiones (salvo las más bajas) y las ayudas familiares.