Una subida fiscal inevitable e inminente

El Gobierno estudia elevar hasta el 18% el IVA de bienes con tipos reducidos La reforma detraería el consumo y perjudicaría la economía España es el país de la UE que menos ingresa por este tributo

Una clienta realiza su compra en un supermercado en Toledo.
Una clienta realiza su compra en un supermercado en Toledo.EFE

España gasta más de lo que ingresa. Así ha sido en los cinco primeros meses del año, cuando el Estado ha registrado un desequilibrio presupuestario del 3,41%, casi todo el déficit previsto para este año. El Estado está magro: el gasto corriente ha caído un 30% y apenas quedan partidas donde podar sin rebajar el sueldo de los funcionarios o tocar las pensiones. “A diferencia de otros países europeos, España tiene poco margen donde recortar, la clave está en los ingresos fiscales”, explicaba hace unas semanas el investigador de Fedea Michele Boldrin, que defiende un cambio en la estructura tributaria (bajar el IRPF y subir el patrimonio). El gasto público es 5,5 puntos del PIB inferior a la media de la UE. Pero los ingresos son 9,5 puntos menores que la media europea, según Eurostat. Y ahí está la raíz del desequilibrio español.

Al tiempo, la recaudación fiscal está en caída libre: las arcas públicas han ingresado casi un 5% menos hasta mayo. El Gobierno se encuentra como el capitán de un barco que hace agua y la fuga es mayor que la capacidad de la tripulación para achicar la inundación. A pesar de que ya ha subido el IRPF, ha eliminado deducciones y desgravaciones del impuesto de sociedades, ha elevado el impuesto sobre el tabaco y ha puesto en marcha una amnistía fiscal para las rentas ocultas en el extranjero, estas medidas apenas han tenido influencia en la recaudación hasta ahora.

Mientras, el sector financiero ha estallado en las manos del Gobierno. Las consecuencias de esta fenomenal metástasis en una buena parte de la banca española ha desembocado en una multimillonaria petición de rescate a Bruselas. Así, las recomendaciones que la Comisión Europea planteó a finales de mayo se convierten en obligaciones, según reconoció el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, la semana pasada. Y una de las medidas más reclamadas por Bruselas es la subida del IVA. España es el país de la Unión Europea que menos recauda por este impuesto —el 5,5% del PIB frente al 7,3% de la zona euro— y uno de los que tienen el gravamen más bajo —un tipo medio del 14,6% frente al 21,3%—, según datos de Eurostat publicados en mayo. Tras la cumbre europea cerrada el pasado viernes, donde España consiguió ganar tiempo y algo de alivio en la presión sobre la deuda soberana, la insistencia de los socios europeos en una reforma del IVA hace prever alguna decisión inmediata al respecto. Sea una contrapartida de la asistencia financiera europea, o no, el Gobierno está abocado a subir este tributo, cuya recaudación ha caído más de un 10% en lo que va de año. Esta tendencia hace peligrar el objetivo comprometido con Bruselas de dejar el déficit público este año en el 5,3% del PIB.

Como el 23% de Portugal

Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, cree que el tipo general irá subiendo progresivamente del 18% hasta niveles como el de Portugal, por ejemplo, del 23% o más. “España no tiene margen de maniobra para no hacerlo: ha pedido un rescate y esto será necesario”, apunta. El país, agrega, tendrá que reducir sus costes y salarios y romper el círculo vicioso de austeridad, decrecimiento y falta de crédito con las exportaciones. En este contexto se entiende que el Gobierno haya admitido que estudia subir el IVA de productos con tipos reducidos del 8% al 18%. “En un momento en el que cae el consumo es perjudicial subir el impuesto que lo grava, pero ahora, cuando lo importante es aumentar la recaudación, no hay muchas más opciones. Es mejor que haber subido el IRPF”, explica José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense.

Los expertos consultados coinciden en que el alza del IVA es inevitable e inminente, pese a que el Gobierno se haya mostrado en repetidas ocasiones contrario a hacerlo mientras caiga el consumo. La reforma del IVA provocaría un retroceso del gasto y perjudicaría la recuperación económica a corto plazo. La solución que maneja Hacienda pasa por un cambio en la estructura del impuesto sin tocar los tipos para “ensanchar las bases imponibles”. Por eso, el Gobierno estudia qué bienes con tipo reducido —8%— puede subir al tipo general del 18%. Este IVA intermedio se aplica a la mayoría de los productos alimenticios, sanitarios, transporte de viajeros y equipajes, servicios de hostelería y construcción de viviendas. También están sujetas a este porcentaje las entradas a espectáculos culturales.

Entre los bienes sujetos al tipo superreducido —4%— se encuentran los de primera necesidad, como pan y cereales para su elaboración, leche, queso y huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales, libros, periódicos y revistas, coches, prótesis para minusválidos y viviendas de protección oficial. Aunque el Gobierno no ha precisado si analiza pasar algunos de estos bienes del 4% al 8%, es previsible que lo haga.

Aumento de la recaudación

José Felix Sanz, investigador de Funcas, ha publicado esta semana un informe sobre los efectos de la reforma del IVA en el que se concluye que la eliminación del tipo reducido aumentaría la recaudación en 8.618 millones de euros solo en el sector de los hogares. La supresión del tipo superreducido aportaría a las arcas públicas 4.428 millones adicionales, aportados solo por las familias. “Habría una pérdida del efecto redistributivo de este impuesto, pero sería mínimo”, precisa este experto en tributos. Por su parte, subir el tipo general del 18% al 20% supondría un alza de la recaudación de 2.699 millones. “Lo mejor para aumentar los ingresos públicos es subir el tipo general —el 18% es uno de los más bajos de Europa—, eliminar el tipo reducido y pasar parte del superreducido al general. Habría que dejar el tipo mínimo para productos de primera necesidad y reformar el IRPF”, agrega.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también alerta del efecto de la subida del impuesto sobre la economía. “Viendo cómo está el consumo en nuestro país, la medida provocaría un agravamiento”, explica Ramsés Pérez Boga, vicepresidente de IHE, que cuestiona los planes del Gobierno. “El ensanchamiento de bases que plantea Hacienda afectaría a algo tan sensible como la hostelería —que tiene uno de los tipos más bajos de Europa—, vinculada al turismo. Precisamente esta industria está siendo uno de los motores de la economía en estos momentos y no es bueno subirle los tipos”. Pérez Boga defiende una subida selectiva a determinados artículos, como las prótesis, los libros o la vivienda, aunque su solución pasa por reforzar la lucha contra el fraude. “Así también se ampliarían las bases de IVA como piden las instituciones internacionales. Hemos detectado que se ha disparado el fraude en este impuesto”, puntualiza.

Sustento básico

“Tal vez sea un objetivo deseable suprimir tipos reducidos”, señalaba el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en un documento publicado a finales de 2011. “Tendría efectos redistributivos negativos. En el caso de España, una reforma que eliminara los tipos reducidos permitiría bajar el general hasta el 12,7%. Ahora bien, se producirían efectos indeseables sobre los tramos más bajos de renta”. Por eso, el IEF considera que “una reforma como la que se propone resulta inviable. Ello no significa que se pueda limitar en parte la aplicación de los tipos reducidos, pero hay ciertos bienes para los que entendemos no se pueden suprimir. En especial, para aquellos que suponen el sustento básico de las familias”.

En la misma línea se manifiesta Antonio Durán Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Subir los tipos bajos provoca un efecto en la recaudación más importante que si se sube el tipo general. Pero afecta más a las clases medias y bajas”, explica este profesor de la Pompeu Fabra. Su tesis se confirma al echar un vistazo a la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE. Según esta, cerca del 60% del gasto familiar está sujeta al tipo de IVA reducido o superreducido. “Cambios en el tipo reducido provocarán un empobrecimiento de la población y un cambio de hábitos de consumo”, precisa. Durán Sindreu considera que la subida del IVA debe ir acompañada de una rebaja de las cotizaciones sociales. “El efecto perjudicial del incremento del impuesto sobre el consumo en la economía se podía compensar en parte con el efecto de dinamización de la disminución del coste laboral”, añade.

Gasto en alimentos

El aumento del IVA no afecta a todas las familias por igual. El gasto medio en alimentos representa cerca del 20% de la cesta de consumo para el 10% de los hogares con menos renta, pero menos del 10% para el 10% con más ingresos, apunta Miguel Rodríguez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. A la postre, “no deja de ser un alza real de unos pocos euros”. Y la subida del tipo general —en dos puntos porcentuales, por ejemplo— también puede tener un impacto similar, o incluso mayor, en los hogares con menos renta o con más hijos, añade el profesor, ya que las familias de menor renta destinan más de un 70% de su gasto en la cesta de consumo a bienes que probablemente tributen al tipo general. “Un incremento de dos puntos sobre el 75% del gasto podría tener un impacto similar o mayor que un incremento de ocho puntos sobre el 20% del gasto”, añade. Estos cálculos excluyen la compra de vivienda nueva, que paga un 4% de IVA.

Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, es escéptico respecto a los efectos que tendrá en la recaudación la ampliación de las bases imponible. “Si no se toca el tipo general, los efectos serán mínimos en la recaudación, pero muy importantes para sectores muy concretos como el turismo, que pasará de un IVA del 8% al 18%”. Varias organizaciones empresariales de este sector, de hecho, ya han manifestado el desacuerdo.

Rodríguez apunta que “los tipos reducidos sobre algunos bienes y servicios representan una subvención implícita de la Administración hacia sus productores y consumidores”. “Gráficamente, es como si Hacienda les cobrase el IVA del 18% y simultáneamente el Ministerio de Economía les entregase una subvención —un cheque— por el 8% o el 14%”, añade.

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