Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
PRIMER PLANO

Salidas de bajo coste para la crisis

Los expertos dan ideas que no disparen el déficit para que la economía española vuelva a crecer

Desempleados en una oficina de empleo de Madrid.
Desempleados en una oficina de empleo de Madrid.

Soplar y sorber al mismo tiempo es imposible. Sin embargo, España está obligada a ello. El Gobierno debe ser austero y, al mismo tiempo, fomentar el crecimiento. Resolver esta contradicción solo puede pasar por una serie de medidas de bajo coste, pero lo suficientemente efectivas como para despertar una economía en estado comatoso. Con el apoyo que el Consejo Europeo ha dado esta semana a la deuda soberana española —recapitalización directa a la banca sin engordar la deuda pública—, la pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tiene que convencer a los mercados de lo que hasta ahora no se creen, de que España va a reducir su déficit público.

La capacidad de maniobra es escasa, cuando la desviación presupuestaria de las administraciones públicas pactada con Bruselas para el conjunto del año está casi cubierta al mes de mayo y cuando la economía española acentúa su recesión, según el Banco de España. “Históricamente se demuestra que reaccionamos cuando ya no queda otro remedio”, asegura la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol.

Es imprescindible impulsar el crecimiento económico. Y para conseguirlo, lo primero que hay que hacer es recortar el gasto de las administraciones públicas, como han recomendado a España el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. “No existe contradicción entre austeridad y crecimiento. Sin un drástico recorte del déficit público será muy difícil salir de la crisis y volver al crecimiento económico”, sostiene Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de IE Business School.

“España necesita repensarse como economía competitiva a nivel global. Y ello exige combinar medidas macro y microeconómicas que, por una parte, impulsen la necesaria austeridad y, por otra, permitan la mejora competitiva a medio y largo plazo, que va más allá de ganancias inmediatas de competitividad a través de la depresión de los costes laborales”, apoya el director general del Instituto Vasco de Competitividad, José Luis Curbelo, quien agrega que es “preciso internalizar por parte de los agentes sociales y el Gobierno (a fin de cuentas, para ello se puso el calificativo “y competitividad” al nombre de un Ministerio) que la competitividad sostenible se tiene que basar en ganancia de productividad e impulsarse a nivel microeconómico. España precisa creerse el tan cacareado mensaje de la necesidad de un cambio de modelo de crecimiento, lo que uno duda tras el triste espectáculo de Eurovegas”.

¿Cómo impulsar el crecimiento económico cuando no hay dinero? La situación exige que se pongan en marcha medidas que no representen coste para el erario público. Medidas low cost que ofrezcan resultados rápidos, generen ingresos para el Estado y detengan la sangría del desempleo.

“España tiene que recomponer su credibilidad en el mundo presentando un proyecto económico creíble y cumpliéndolo, justo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora el anterior Gobierno del PSOE y el actual”, dice Mónica de Oriol. “Y esa estrategia, para el Círculo de Empresarios, debe centrarse en convertirnos en un país atractivo para las inversiones extranjeras porque nos vendrá muy bien para generar ingresos. Ello ha de partir de eliminar la desconfianza en la economía privada. Es fácil, tiene efectos inmediatos, pero hay que tener valentía para hacerlo”.

“Necesitamos liberalización para la puesta en marcha de cualquier negocio, una licencia exprés sin limitaciones porque está comprobado que la ampliación de los horarios comerciales crea empleo en lugar de destruirlo. Además liberaríamos a cientos de miles de funcionarios de las administraciones que se dedican a visar papeles. La inspección de la Administración debe ser a posteriori y que se pongan sanciones cuando las leyes se incumplan”, añade De Oriol.

Atraer pymes al parqué

España es un país de pequeñas y medianas compañías. Las pymes representan el 65% del PIB y emplean a más del 70% de la fuerza laboral. La reactivación económica pasa sin duda por la mejoría de este colectivo. Sin embargo, existe un grave problema: estas empresas dependen casi exclusivamente del crédito bancario. El peso de los mercados de capitales (bonos y obligaciones) en su estructura de financiación es residual, apenas un 2% del total. Bancos y cajas llevan meses con el grifo de los préstamos cerrado y parece que esta tónica va a continuar a medio plazo.

En este contexto urge encontrar vías de financiación alternativas. Una de ellas podría ser el mercado alternativo bursátil (MAB), la Bolsa para pymes que echó a andar en 2009. Las 21 compañías que cotizan en esta plataforma han captado alrededor de 100 millones de euros entre los inversores y capitalizan 450 millones. Son cifras que tienen su mérito teniendo en cuenta el entorno en el que se han logrado, pero se sitúan muy por debajo del potencial real de este mercado. Un estudio de la Universidad de Alcalá ha identificado 5.353 pymes españolas con capacidad para cotizar en el MAB. Además, otros países con iniciativas similares han sido capaces de convencer a más empresas de este tipo para dar el salto al parqué: cerca de 1.500 sociedades en el caso del AIM británico y 130 en el Alternext francés.

En el lado de la oferta, uno de los principales reparos de las pymes españolas para cotizar en el MAB son los costes. Los gastos y comisiones de la oferta superan en la mayoría de los casos el 8% del dinero recaudado. Por el lado de la demanda, uno de los mayores miedos de los inversores es la baja liquidez de estos valores. Con el objetivo de vencer estas reticencias, diferentes comunidades autónomas han aprobado incentivos fiscales para aquellos que inviertan en compañías del MAB, mientras que el Ministerio de Industria concede ayudas a las compañías para aligerar los gastos del salto al parqué. Sin embargo, Bolsas y Mercados Españoles, gestor de este mercado, y la propia CNMV creen que todavía hay margen para fomentar la financiación bursátil para las pymes.

“El tejido empresarial español es de pymes y merece la pena apostar por diversificar su financiación. Una de las medidas que podrían atraerlas al MAB es a través de desgravaciones fiscales. En el peor de los casos, el impacto para las arcas públicas sería neutro. Si estas empresas acceden al mercado y logran financiación, crecerán, generarán puestos de trabajo y eso se traducirá en más IRPF, sociedades e IVA”, explica Antonio Giralt, presidente del MAB. “Otras medidas serían la creación de fondos de inversión específicos para estas empresas con dinero, por ejemplo del ICO, o introducir cambios en la ley de instituciones de inversión colectiva para que los fondos de inversión o de pensiones tengan que invertir un pequeño porcentaje de su patrimonio en el MAB”, concluye Giralt.

La liberalización del proceso de creación de empresas es una medida repetida por todos los expertos consultados por su eficacia inmediata y porque, como recuerda Güemes, “en España el 80% del empleo creado en los últimos tres lustros ha sido gracias a las empresas de menos de tres años de vida. El trabajo falla cuando no se crean empresas, como ocurre hoy”.

Las fuentes consultadas reclaman que se apruebe la Ley de Emprendedores prometida por el Gobierno y que acumula meses de retraso. “Tiene que entrar en funcionamiento la ventanilla única de una vez para permitir, como en otros países, que se pueda constituir una empresa en un día”, reclama la directora del Instituto de Emprendedores de Esade, Luisa Alemany. A su juicio, también hacen falta incentivos fiscales para que los business angels entren con fuerza en España y los emprendedores logren financiación a sus proyectos; en Francia y Reino Unido se ha hecho, y está produciendo buenos resultados.

En apoyo a las pequeñas y medianas empresas de nueva creación, Alemany considera que se podría establecer que un porcentaje determinado de las compras de las administraciones públicas se destinen a sociedades de hasta cinco años de antigüedad. “Lloverían las propuestas de empresas que actualmente no tienen acceso a estas instituciones y se bajarían los costes”, opina.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), también está seguro de que la recuperación de la economía española pasa por los emprendedores y los autónomos. “Si cada uno de los más de tres millones de autónomos contratase a un solo trabajador, la tasa de paro podría reducirse al 7%”, dice. Y pone sobre la mesa algunas propuestas low cost que contribuirían al crecimiento. Por ejemplo, crear una bolsa de empresas en riesgo de desaparición porque no encuentran sucesor y ponerla a disposición de parados con capacidad de continuar sus actividades. Anualmente se cierran unas 50.000 actividades empresariales por falta de sucesor, no por falta de viabilidad. La Administración tendría que actuar de intermediario entre el viejo y el nuevo propietario.

Además, si rebajase las cotizaciones a la Seguridad Social al 50% a estudiantes universitarios y de formación profesional que se den de alta como autónomos y compatibilicen estudios y actividad por cuenta propia, así como a aquellos trabajadores con pluriactividad, habría más altas de autónomos y más ingresos para las arcas públicas. Algo que, para Amor, también se lograría si no fuesen solo los menores de 30 años en paro quienes pudiesen optar a capitalizar el paro para hacerse autónomos, sino todos los desempleados.

La representante de Esade cree que también tendría efectos positivos sobre los ingresos de la Administración el hecho de que esta pusiese a disposición de los parados una empresa con la que poder facturar sus trabajos esporádicos, que así abandonarían la economía sumergida.

La segunda medida para generar crecimiento económico, en opinión de Mónica de Oriol, es liberar recursos de las administraciones públicas de empresas, organismos y fundaciones que consumen recursos públicos y no se sabe muy bien lo que aportan. “Deberíamos cerrarlas, porque el clientelismo político hoy ya no se justifica”.

Esta opción es más viable actualmente que la privatización de las empresas públicas, tales como AENA o Loterías del Estado, que pueden ser una fuente de generación de ingresos importante, pero que no deben malvenderse, como sucedería ahora en un mercado bajo mínimos, en opinión de Juan Manuel Martínez, director de Deloitte, partidario de continuar saneando las empresas para proceder a su venta en el momento apropiado y cerrar toda sociedad que no sea viable. Martínez coincide con el Círculo de Empresarios en que la atracción de las inversiones extranjeras tiene que ser un objetivo prioritario para España. “Debemos confiar a todos los niveles en la demanda externa porque la interna no va a tirar de la economía”, opina. Propone que se creen incentivos fiscales para captar fondos de inversión extranjeros que puedan convertirse en una alternativa a la financiación tradicional de las empresas, que se ha secado. “Además de para que compren los activos inmobiliarios que en España no somos capaces de absorber”.

Para atraer a los inversores extranjeros es necesario, según Mónica de Oriol, seguridad jurídica, flexibilidad laboral y un marco fiscal atractivo: “Actualmente en España no hay seguridad jurídica, ni con este Gobierno ni con el anterior, porque sigue habiendo leyes contradictorias, no existe capacidad de gestionar la masa salarial por parte de las empresas y tenemos el impuesto de sociedades más alto de Europa para la creación de empresas, del 30%. Podríamos reducirlo al 20%, como en otros países del entorno, para la apertura de cualquier nuevo establecimiento. Son medidas sin coste, que se pueden poner en marcha inmediatamente y nos permitirían ganar competitividad, además de elevar nuestra credibilidad en el resto del mundo”.

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, opina que evitar la dispersión normativa y las contradicciones entre las distintas administraciones, que genera inseguridad jurídica, serviría para impulsar la actividad económica también de las pequeñas y medianas empresas sin necesidad de fondos públicos. “Igualmente serviría para que volviésemos a ser un país serio a los ojos de los ciudadanos y de los extranjeros”.

Pese a todo, ninguna de estas medidas low cost será suficiente para conseguir el ansiado crecimiento del PIB si no se combina con otras como las recomendadas por los organismos internacionales y que los expertos consultados aplauden. Es decir, la retirada de las subvenciones a la compra de vivienda y el aumento del IVA. Eso sí, en este caso, Curbelo, De Oriol y Martínez coinciden en que la subida del impuesto debe compensarse con una rebaja en las cotizaciones sociales. Tendría que hacerse “de modo que los bienes objeto del comercio internacional se beneficien de un impulso competitivo de corto y medio plazo similar al que antes ejercían las devaluaciones de la moneda”, indica el director del Instituto Vasco de Competitividad.

Y con otra recomendación insoslayable: la reducción de las administraciones públicas que, a juicio de De Oriol, tendría que responder a un análisis exhaustivo para determinar cuándo, cómo y dónde se va a recortar. La disminución de la masa laboral pública tendría que empezar por el personal laboral, unas 800.000 personas, a las que actualmente no podemos pagar, afirma. Para Alberto Terol, consultor estratégico y miembro de diversos consejos de administración, del análisis del gasto de las administraciones públicas podría conseguirse una reducción del 15% en los presupuestos sin tener que tocar partidas sensibles desde el punto de vista social, solo eliminando duplicidad de funciones entre los organismos estatales, autonómicos y locales.

Pero ninguna de estas medidas por sí sola hará que la economía vuelva a crecer. España sola únicamente puede ir tapando agujeros; necesita que Europa apueste, como hizo EE UU, por una devaluación del euro que le aporte competitividad e impulse la balanza comercial y de servicios, y bajar el precio del dinero para que los ciudadanos empiecen a consumir, declara Juan Manuel Martínez. “Así podríamos recuperar la estabilidad en tres o cuatro años y crecer por encima del 2% a partir de 2015”, sostiene.

La encrucijada tiene difícil solución. Desde el punto de vista fiscal no hay mucho margen de estímulo a la actividad porque hay que cumplir con Bruselas. Pero para reducir el déficit también es útil aumentar el PIB. Michele Boldrin y José Ignacio Conde-Ruiz, investigadores de Fedea, creen que el Gobierno cuenta con una amplia agenda de reformas estructurales “que no cuestan nada desde el punto de vista de las cuentas públicas, y que podrían generar confianza en la economía, atraer la inversión y con ella el crecimiento”. Entre las reformas prioritarias que piden estos expertos se encuentran la reforma fiscal (“es necesario rediseñar la fiscalidad, bajar drásticamente los impuestos sobre el trabajo”), las prestaciones por desempleo (“erradicar los abusos e incentivar la búsqueda activa de empleo”), las pensiones (“adelantar la puesta en marcha de la reforma aprobada en 2011”), así como cambios en el ámbito laboral (“apoyamos el contrato único”).

Boldrin y Conde-Ruiz también enumeran una serie de propuestas para el impulso de la actividad empresarial, como la limitación al máximo del uso de licencias, asegurar la plena eficacia de los mecanismos de constitución exprés de sociedades y conseguir la máxima libertad de horarios comerciales. “Pero antes de todo es necesario actuar de forma decidida para resolver de una vez por todas los problemas de nuestro sistema financiero y permitir que el crédito vuelva a fluir”. Y es que la banca es parte del problema y también de la solución a esta interminable crisis.