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La reforma laboral de Rajoy cumplió con las exigencias que el BCE hizo a Zapatero

La carta que Trichet envió a Madrid en agosto reclamaba "un contrato excepcional con indemnizaciones bajas por despido"

Un libro revela la carta que Trichet envió hace 10 meses a Zapatero con sus exigencias ante la tormenta financiera

El expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet, con José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011
El expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet, con José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011

El Banco Central Europeo alivió en agosto del año pasado —temporalmente— la presión a la que la tormenta financiera sometió a la deuda española e italiana. No lo hizo sin condiciones. José Luis Rodríguez Zapatero y Silvio Berlusconi, entonces al frente de los gobiernos de sus respectivos países, tuvieron que plegarse, en gran parte, a las exigencias por carta del BCE. Pero al menos en el caso español, las condiciones se cumplieron parcialmente.

"Esto es como entiende el BCE la independencia de los Gobierno, pero al revés", lamentaba en privado el pasado agosto un miembro del Ejecutivo dias después de conocer el contenido de la carta. "Te dicen lo que tienes que hacer y si no...".

Entre los deberes que el Banco Central Europeo había puesto a Zapatero, estaba la creación de un “contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido durante un espacio de tiempo limitado”. Es decir, un “contrato de crisis”, como llamó a comienzos de mes el director general de Empleo, Xavier Thibault, al nuevo contrato que ha creado la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy y que permite a las empresas menores de 50 trabajadores despedir sin indemnización alguna durante el primer año.

La carta a Zapatero reclamaba actuaciones en el mercado laboral, más recortes presupuestarios y reformas para impulsar la competitividad

La carta dirigida a Zapatero, publicada en parte en el último libro de Ernesto Ekaizer, Indecentes, ¿por qué lo llaman crisis cuando es estafa?, el organismo dirigido por Jean-Claude Trichet supuso un paso importantísimo en la cesión de soberanía en política económica del Gobierno español a los estamentos europeos. Profundizó mucho en un camino que el presidente había emprendido en mayo de 2010, cuando dio un volantazo a su política económica e inició la senda de la austeridad por exigencias de Bruselas.

Firmada por Jean-Claude Trichet, entonces presidente del BCE, y el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la misiva reclamaba actuaciones en el mercado laboral, más recortes presupuestarios y reformas para impulsar la competitividad en “energía, alquiler de viviendas y servicios profesionales. La carta española, al contrario que la italiana, no exigía una reforma constitucional que sacralizara la regla del equilibrio presupuestario. En cambio, Zapatero la pactó con Rajoy y decidió acometerla contra el criterio de su propio partido y de gran parte de su Gobierno (más de un ministro se enteró de la medida cuando, sentado en el Congreso de los Diputados, escuchó al presidente en la tribuna de oradores).

Tres medidas y un nuevo contrato

En materia laboral la carta era detallada y exigía tres medidas, además de la creación de un nuevo contrato. La primera hacía referencia a la reforma de los convenios colectivos que el Gobierno había puesto en marcha en junio: "En el futuro trámite parlamentario, la ley debería ser reformada para reducir la posibilidad de que los acuerdos sectoriales limiten validez de los acuerdos a nivel de empresa".

La siguiente era una medida claramente inspirada en una demanda histórica del Banco de España: la abolición de los mecanismos que recogen los convenios colectivos para garantizar que los asalariados no pierden poder adquisitivo. "Seguimos muy preocupados por que el Gobierno no haya adpotado ninguna medida para eliminar las cláusulas de indexación de los salarios a la inflación. [...]. Alentamos la adopción de medidas excepcionales urgentes para excluir el uso de la indexación salarial". 

La única medida que el Gobierno asumió plenamente fue la de eliminar la prohibición de concatenación de los contratos temporales

"Considermos necesario eliminar la prohibición de concatenación de los contratos temporales durante cierto periodo de tiempo", rezaba la cuarta exigencia. Esta fue la única medida que el Gobierno asumió plenamente. El último Consejo de MInistros de agosto suspendió temporalmente la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de dos años.

Las otras tres exigencias cayeron en saco roto. La profundización en la reforma de convenios fue imposible porque se acabó la legislatura. Las otras dos coharon con la oposición del exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el propio jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano, que se opusieron a la pretensión de Zapatero y la ministra de Economía, Elena Salgado, de crear los minijobs o miniempleo, un tipo de contrato de contrato a tiempo parcial inspirado en Alemania (donde no existe salario mínimo interprofesional) que permite pagar un máximo de 400 euros mensuales.

Un debate que venía de lejos

El intercambio de pareceres soterrado sobre las medidas laborales a tomar en España entre parte del Gobierno de Zapatero y el BCE, apoyado por el exgobernador del Banco de España (uno de los firmantes de la carta de agosto junto con Trichet) y el Ministerio de Economía, venía de lejos, apuntan fuentes de la anterior Administración. De hecho, en la primavera de 2011, el órgano emisor de Fráncfort había reclamado un nuevo contrato que permitiera pagar sueldos bajos, incluso, por debajo del salario mínimo interprofesional, algo que choca con la Constitución, también colisiona la eliminación por decreto de las cláusulas de salvaguarda.

Tampoco fue muy obediente el Gobierno de Zapatero a la hora de cumplir con las medidas “amplias e inmediatas” que aseguraran “la sostenibilidad de las finanzas públicas”. El intento del Gobierno en cumplir con este punto fue el anuncio de que habría un ajuste presupuestario de 5.000 millones que llegaría a través de un adelanto en el impuesto de sociedades y la obligación de que los médicos recetaran medicamentos genéricos.

Pero la entonces vicepresidenta Elena Salgado también dejó pendiente una recomendación específica del BCE: el consejo de que las comunidades autónomas publicaran trimestre a trimestre la evolución de sus cuentas.