El Gobierno anima a los Ayuntamientos a privatizar servicios

Hace dos semanas responsables del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, celebraron un encuentro con dirigentes de la oposición para tratar de pactar las líneas generales de la reforma de la administración local, que el Gobierno pretende aprobar a finales de julio. Hacienda pretende redefinir las competencias de los 8.116 municipios de España. Para ello, planea eliminar duplicidades y asegurar la financiación de los servicios que prestan. El Ejecutivo pretende que los municipios ahorren unos 3.500 millones de euros con la supresión de competencias impropias en el ámbito local, según revela el Plan de Estabilidad Presupuestaria 2012-2015 presentado por el Gobierno en Bruselas.

Técnicos del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP), dependiente de Hacienda, trabajan en un borrador que establece que los Ayuntamientos “someterán a evaluación el conjunto de sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades” pasado un año desde la entrada en vigor de la reforma. Si tras dicho examen, el Gobierno local no puede mantener algunos servicios municipales deberá “ordenar su supresión”, si son servicios facultativos; y “podrá privatizarlos, sin son servicios obligatorios, siempre que no realice funciones públicas”, según se desprende del documento de trabajo que manejan los técnicos de Hacienda.

Además, el documento señala que las diputaciones podrán asumir algunas competencias de municipios de menos de 20.000 habitantes. “Las diputación podrá elegir la forma de gestión que mejor garantice le cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad”, según el documento que estudian en Hacienda. El Gobierno incita de esta forma la privatización de servicios tanto de los ayuntamientos como en las diputaciones.

Otra de las novedades de la reforma consiste en suprimir las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos municipios. Los Ayuntamientos con más recursos habían asumido la gestión de escuelas infantiles y pequeños centros de atención sanitaria. Cuando esté aprobada la norma, estos servicios pasarán a manos de las comunidades autónomas. “Se suprimen las competencias locales en materia de enseñanza, así como las relativas a la sanidad”, señala el borrador.

El Gobierno echa atrás así en su idea inicial de fusionar ayuntamientos o eliminar mancomunidades o, incluso, diputaciones. Hacienda había barajado la idea de fusionar los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. La nueva posición del Ejecutivo popular pasa por reforzar el papel de las diputaciones y favorecer la agrupación de municipios más pequeños para prestar servicios. “En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la comunidades autónomas encomendarán a las diputaciones la prestación común y obligatoria de todos o algunos de los servicios mínimos cuando no sea eficiente la prestación en el ámbito municipal”. De los 8.116 municipios que hay en España, 7.718 tienen menos de 20.000 habitantes.

El borrador establece los servicios mínimos que tiene que prestar cada localidad, en función de la población:

Para todos los municipios: alumbrados públicos, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. En los municipios con más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. En los municipios con más de 20.000 habitantes: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas municipales. En las localidades con más de 50.000 habitantes: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. Además, para estos servicios se establecerán estándares de calidad mediante un real decreto para que sirvan de base para fijar los recursos financieros asignados por el Estado a las corporaciones locales.

Zarrías: "El Gobierno trata de desmantelar servicios municipales o privatizarlos"

El Gobierno pretende, además, introducir los principios de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a los Ayuntamientos. Esta norma limita el nivel de deuda y déficit público para las administraciones. Por eso, el artículo 10 del borrador señala que “la coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Además, el texto está cuajado de alusiones a la nueva ley que establece la austeridad en las cuentas públicas.

El secretario de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, explicó ayer que el documento que estudia Hacienda para reformar la administración local “permite la intervención encubierta de los Ayuntamientos”. Considera que el borrador, elaborado por expertos y que cuenta con la colaboración de la Federación Española de Municipios (FEMP) “es poco ambicioso, utiliza una terminología obsoleta, violenta el principio de autonomía municipal y “viola el artículo 28 de la Ley Reguladoras de Bases del Régimen Local”. Dicho artículo establece que “los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. El borrador de Hacienda lo suprime porque “es incompatible con la fijación estricta de competencias locales que impulsa la reforma”.

La reforma busca eliminar duplicidades y refuerza el papel de las diputaciones

Zarrías acusa al Gobierno de querer “desmantelar” los servicios públicos municipales. Y añade: “Tratan de suprimir servicios municipales o privatizarlos. El Gobierno quiere cambiar el modelo de los ayuntamientos”. El responsable socialista afirma que el Gobierno trata de echar la culpa a los Ayuntamientos de la situación en que se encuentra el país. “Eso no es verdad. Ayuntamientos como Madrid y Valencia han sido derrochadores, pero el despilfarro no es general a las corporaciones locales”. Y concluye: “Estamos de acuerdo en que se establezcan estándares de Calidad pero no por Real Decreto”.