Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Menos vulnerables

La opción adoptada finalmente significa que es el Estado quien asume las deudas

No había muchas alternativas. En ausencia de esa línea de crédito, el Tesoro español tendría que haber afrontado próximas subastas de títulos de deuda pública en condiciones tan precarias o más que las existentes hasta el pasado jueves. De esa particular vulnerabilidad venían dando cuenta no solo los mercados secundarios de bonos españoles (con tipos de interés cercanos al umbral que determinó la intervención en otras economías de la eurozona), sino también los de acciones, en particular de los bancos. Precisamente, la suavización de las tensiones de las dos últimas jornadas de la semana pasada venía explicada en gran medida por la presunción de la proximidad de alguna forma de apoyo europeo, de rescate. Las probabilidades eran mayores para una de las dos posibles específicamente destinadas al sector bancario. No ha salido la más conveniente: la asignación directa de los fondos europeos a las propias instituciones bancarias, sin pasar por el FROB o cualquier otro operador público que exigiera su cómputo como deuda pública. No era política ni jurídicamente fácil, y en todo caso contrario a la diligencia que se precisaba.

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La opción adoptada finalmente significa que es el Estado quien asume las deudas. Los fondos a recibir, hasta un máximo de 100.000 millones de euros, los negociará el Gobierno una vez se estimen las necesidades de recapitalización del sector. Estas vendrán determinadas, en gran medida, por la evaluación encomendada por el propio gobierno a dos compañías privadas. La condicionalidad fundamental asociada a esa línea de crédito deberán satisfacerla los bancos receptores de la ayuda.

La tercera alternativa era el rescate a la manera convencional, como ha sido aplicado en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal: los fondos europeos irían directamente al Gobierno español acompañados de estrictas cláusulas de "condicionalidad" sobre las políticas económicas, desde luego sobre la fiscal. Ese tipo de rescate habría tenido lugar de persistir la deprecación de la deuda pública o ante un nuevo episodio de insolvencia bancaria.

No son pocas, ni poco relevantes, las incógnitas sobre la modalidad aprobada. Entre ellas, los tipos de interés que finalmente se apliquen, los plazos de devolución y, desde luego, las exigencias a los bancos y las posibles al Gobierno. Con todo, el principal factor de incertidumbre es la reacción de los mercados en las próximas jornadas, no necesariamente en la de lunes. Si dominara la interpretación más racional, deberíamos encontrarnos con un clima significativamente mejor. Una recapitalización bancaria creíble debilita uno de los dos elementos que alimentaban el bucle diabólico entre erosión de la solvencia bancaria, depreciación de la deuda pública y mayor recesión de la economía. La conversión de la deuda privada en deuda pública no se ha eliminado ni mucho menos, pero se puede reducir de forma significativa su principal fuente de alimentación, a través del saneamiento bancario. De todas formas, aunque la deuda pública no aumente mediante obligadas nacionalizaciones bancarias, seguirá acusando el menor crecimiento de la economía española y las consecuencias de unas políticas económicas que en su totalidad son, al menos en el corto plazo, manifiestamente contractivas. El rescate aprobado el sábado no ha hecho, por tanto, sino sentar las bases para la desactivación del principal foco de inestabilidad financiera en España y en la eurozona: la crisis bancaria española. Para que no signifique solo pan para hoy es necesario alejar los escenarios de una recesión española más intensa y amplia. Sin crecimiento económico no se pagan las deudas, y a partir del sábado estas son mayores.

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