Las empresas siguen sin pagar el paro y las cuotas de los prejubilados

Tanto el PSOE como el PP dicen haber emprendido una guerra contra las prejubilaciones. Ambos partidos han coincidido en cómo ponerles coto: encarecerlas obligando a las empresas con beneficios a pagar el seguro de desempleo y las cotizaciones sociales correspondientes cuando prescindan de trabajadores mayores de 50 años en los despidos colectivos. Los socialistas pusieron la primera piedra en 2011 en la reforma de pensiones. El PP la precisó en la reforma laboral de febrero y la ha atornillado en el trámite parlamentario de esta última norma. En cambio, ninguna empresa ha pagado todavía un solo euro por prejubilar a un solo empleado. ¿Por qué? Ni este Gobierno ni el anterior han desarrollado el reglamento preceptivo para que las compañías paguen y sepan cómo hacerlo.

 “El Gobierno está actualmente tramitando este desarrollo reglamentario”, ha respondido el Ministerio de Empleo al diputado de CiU, Carles Campuzano. El pasado marzo el diputado convergente preguntó por escrito al Ejecutivo qué empresas habían pagado al Tesoro por despedir a mayores de 50 años o más. La respuesta de Empleo da a entender que todavía no se ha comenzado a recaudar y explica por qué: “La efectividad de estas aportaciones económicas exige la aprobación del oportuno reglamento que desarrolle los aspectos procedimentales necesarios para que se pueda proceder a la liquidación y al posterior pago de las mismas”. El departamento que dirige Fátima Báñez concluye la contestación explicando que lo está preparando, pero no aclara cuándo va a estar listo.

La reforma de pensiones se aprobó definitivamente en julio del año pasado. El Gobierno de Zapatero aprovechó su trámite parlamentario para introducir una enmienda en la que se obligaba a las empresas en beneficios con más de 500 trabajadores a pagar el paro y las cotizaciones sociales de los despedidos mayores de 50 años (un prejubilado no es más que un trabajador que pierde su empleo en los últimos años de su vida laboral). Fue la reacción del Gobierno socialista a la polémica que levantó el anuncio de Telefónica de que iba a despedir a 6.500 empleados en España, de ahí que la citada enmienda se llamara popularmente enmienda Telefónica. Una vez aprobada la norma, el gabinete de Valeriano Gómez, el último ministro de Trabajo del PSOE, redactó un borrador, pero el reglamento nunca lo aprobó.

Fátima Báñez aprovechó la reforma laboral para detallar la fórmula de cálculo que se utilizaría para saber cuánto tendrían que aportar al Tesoro Público las sociedades cuando hicieran despidos colectivos y en ellos hubiera prejubilaciones. Posteriormente, el PP incluso ha aprovechado el trámite de la reforma para ampliar el número de empresas afectadas al rebajar de 500 a 100 el número mínimo de trabajadores en plantilla para pagar por los despidos de los trabajadores de más edad.

Además, ha reformulado la redacción de algunos puntos para cerrar alguno de los recovecos que las empresas y sus abogados habían encontrado en la norma para escapar del pago. Pero casi cuatro meses después de que el decreto esté en vigor todavía no hay un reglamento aprobado ni los agentes sociales tienen un borrador (sí que lo tienen sobre otros puntos de la reforma, como los despidos colectivos o el nuevo papel de árbitro final de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos). Además, será difícil que entre en vigor rápidamente, ya que la aprobación de un reglamento exige una consulta al Consejo de Estado, salvo que Empleo optara, ahora, por hacerlo por vía de urgencia.