Vuelve el fantasma del rescate europeo

“España no tiene interés ni intención, a fecha de hoy, de acudir a un rescate europeo para los bancos españoles”, defendió este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras reafirmarse en el mismo mensaje ante los líderes de la UE. Pero las nuevas necesidades de ayuda pública de Bankia han vuelto a pulverizar las previsiones. Y a dar argumentos a los expertos que insisten en que España se verá obligada a pedir el auxilio europeo para recapitalizar su banca.

Que la necesidad de capital de la banca española va a ser notable es ya una obviedad. Solo BFA-Bankia, que suma cerca del 10% del sistema financiero español, requiere, al menos, 19.000 millones más. Es además un anticipo de lo que ocurrirá con el sector en menos de un mes, cuando dos evaluadores externos publiquen un análisis global sobre toda la cartera de crédito de la banca española, y no solo sobre los activos vinculados con el ladrillo, objetivo prioritario de las provisiones ordenadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España.

Parte de las nuevas necesidades de capital que afloró el viernes en Bankia derivan de que debe ampliar la cobertura (en otras palabras, reservar dinero) para afrontar pérdidas potenciales por impagos en créditos hipotecarios y préstamos a las empresas, dada la intensidad de la recesión. Es un ejercicio similar al que harán los evaluadores externos al examinar al conjunto de la banca. Es también un ejercicio que llevan haciendo semanas servicios de estudios y centros de análisis extranjeros.

El Instituto de Finanzas Internacionales, la organización que representa a la gran banca internacional, aseguró esta misma semana que la banca española podría verse forzada a cubrir hasta 260.000 millones de euros en pérdidas potenciales. Tras las reformas del Gobierno, al sector se le exigen unos 190.000 millones en provisiones, lo que sería a todas luces insuficiente.

Se abre la cuenta de lo que aflorará en la auditoría externa en un mes

Algunas entidades —y aquí todos los expertos sitúan a Santander y BBVA, los dos grandes del sector—, podrán aumentar otra vez su nivel de provisiones a cargo de los beneficios o de ventas de activos. Pero el resto tendrá que tirar de su colchón de capital, lo que en muchos casos les situaría debajo del mínimo legal. Según las cuentas del Instituto de Finanzas Internacionales, harían falta entre 50.000 y 60.000 millones de euros más de capital. Y se da por descontado, que la inmensa mayoría debería ser público.

Para conocer la cifra definitiva de la inyección adicional de dinero público hay que esperar al examen de los evaluadores externos. Pero no es ya solo que Bankia, abra la cuenta con 19.000 millones. Es que los analistas internacionales han fraguado un consenso en el mercado sobre que las necesidades de capital serán elevadas. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha abierto la barra libre al asegurar que el Gobierno apoyaría con todo el dinero necesario a Bankia, un respaldo incondicional que espera el resto de entidades en problemas.

La cuestión es si el Gobierno es capaz de asumir una inyección de varias decenas de miles de millones. La posibilidad de que sea la propia banca la que afronte el coste del rescate, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, mengua en paralelo a la mayor exigencia de provisiones. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de naturaleza estatal, tiene liquidez o autorización para emitir deuda por unos 14.000 millones, insuficiente para afrontar incluso las necesidades de Bankia.

La duda es si el Ejecutivo podrá abordar en solitario las ayudas al sector

La vía más obvia es que el Estado consiga el dinero mediante nuevas emisiones de deuda pública. Aquí el problema sería el coste: la presión de los mercados ha situado ya el tipo de interés de los bonos del Tesoro a diez años en el 6,5%. Antes de estas nuevas inyecciones en la banca, el Gobierno vaticinaba que la deuda pública rondaría el 80% del PIB a final de año. Otro salto de varias decenas de miles de millones en el endeudamiento este mismo año sería posible, pero acercaría la deuda pública al 90% del PIB, un nivel que los inversores penalizarían.

Es ese escenario —la posibilidad de que el Tesoro tenga que pagar más de un 9% por colocar sus bonos, como le ocurrió a Irlanda—, lo que precipita las especulaciones sobre la petición de ayuda al fondo de rescate europeo. Desde julio pasado, la UE permite una suerte de rescate parcial, limitado a la banca. Pero la resistencia del Gobierno a pedir un préstamo de la UE y el FMI para las entidades financieras está más que justificada: nada garantiza que lo que la UE interpreta como rescate parcial, no se convierta, por obra y gracia de la presión de los mercados, en rescate total. Algo que, como ha ocurrido con Portugal, Grecia e Irlanda, cerraría el grifo de la financiación privada internacional durante años y obligaría a asumir un duro programa de condiciones económica a cambio del respaldo de la UE. Siempre que la UE se lo pudiese permitir.