El Gobierno asegura que no dará ayudas para que la banca segregue el ladrillo

El Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas para que la banca segregue sus activos inmobiliarios dudosos y los saque de su balance, pero no aportará "en principio" ayudas públicas con el fin de facilitar el proceso, según ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La operación podría afectar hasta 170.000 millones de activos problemáticos. Guindos se ha reunido este miércoles a petición propia con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, responsable del control de ayudas públicas. Ambos "han mantenido una conversación general sobre el sistema financiero", según el portavoz de Almunia.

El ministro de Economía no ha dado tampoco detalles sobre la reunión y se ha limitado a señalar que "el comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado". De Guindos ha explicado que las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno ha exigido a la banca para sanear sus activos inmobiliarios —ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas— ya los sitúan "en valores de mercado".

Reunión del Ecofin

Después de su encuentro con Almunia, Guindos acudió al encuentro del Ecofin. Los ministros de Economía de la UE intentan hoy en una reunión extraordinaria llegar a un acuerdo sobre los nuevos requisitos de capital para la banca que deben implantar los Veintisiete en el marco del acuerdo internacional sobre solvencia bancaria Basilea III para blindarse ante futuras crisis.

La base de la negociación entre los países miembros y el Parlamento Europeo son una regulación y una directiva presentadas por la Comisión Europea en 2011 que enmiendan las reglas de la UE sobre requisitos de capital y que cumplen con las exigencias internacionales consensuadas en el seno del G20 en 2010 pero las extiende a más de 8.300 bancos, a todos y no solo los sistémicos, y tiene en cuenta las particularidades del sector europeo.

El objetivo es sellar un acuerdo antes del verano, pero aún hay divergencias entre los países, principalmente sobre el grado de flexibilidad que deben tener para endurecer los requisitos.

La regulación se aplicará para prevenir divergencias en la implementación a nivel nacional, fija requisitos de capital y provisiones para que la banca tenga suficiente liquidez disponible, tanto a corto plazo como a largo para poder enfrentar crisis, y frena el excesivo apalancamiento (deuda sobre fondos propios).

Requisitos

Los nuevos requisitos para la calidad y la cantidad de capital se introducirán por fases a partir de 2013 hasta 2019. La regulación exigirá al sector tener un coeficiente mínimo de capital ordinario del 4,5% de los activos ponderados por riesgo, un capital de máxima calidad del 6% y un capital total del 8%.

El texto da a los Estados miembros la oportunidad de imponer, durante dos años ampliables requisitos más estrictos, previa autorización de la Comisión Europea para mitigar riesgos sistémicos, y el Ejecutivo comunitario también tendría la posibilidad de aumentar las exigencias para todos los países de la UE.

La directiva, por su parte, introduce un colchón o reserva de conservación de capital del 2,5% para todos los bancos en la UE y un colchón anticíclico, que se fijará a nivel nacional y se creará en tiempos de crecimiento económico, de entre el 0 y el 2,5%.

Los Veintisiete admiten que es necesario aumentar las reservas de capital de los bancos, así como mejorar su calidad, pero discrepan sobre el margen que deben tener las autoridades nacionales para imponer incrementos.

Divisiones

El Reino Unido lidera el grupo de países que reclaman poder exigir a la banca establecida en su territorio niveles de capital superiores y sin consultar a Bruselas. Francia, en cambio, es partidaria de "armonizar al máximo" este tipo de decisiones, al igual que la Comisión Europea.

Ambos consideran que, si bien cierta flexibilidad es necesaria, medidas unilaterales podrían conllevar un desapalancamiento excesivo (desinversión de activos o reducción de los balances) o la reubicación o repatriación de capital al país de origen o a otros con exigencias menos estrictas y por ende generar desequilibrios.

La Presidencia danesa de turno de la UE, en un intento de conciliación, ha propuesto crear un colchón adicional, el sistémico.

De esta manera, las autoridades nacionales podrían imponer un requisito adicional de capital de hasta un 3% sin consultar con Bruselas, pero más allá de ese umbral necesitarían la autorización de la Comisión Europea, que a su vez tendría que consultar al Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS) y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Además de estas negociaciones técnicas, el Ecofin podría determinar el candidato para dirigir el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).