La expropiación solo afecta a Repsol, según la redacción del proyecto de ley

La expropiación del 51% del capital de YPF decidida por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solo afectará a la participación de Repsol, y no al resto de accionistas como la familia Eskenazy, los fondos de inversión estadounidenses o los pequeños accionistas en Bolsa.

Así se deduce de la redacción literal del proyecto de ley difundido por la cadena nacional en la intervención de Kirchner para anunciar la expropiación. En el capítulo 1, artículo 7 de ese proyecto señala: “Se declara DE utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima ,subcontrolantes o controladas en forma directa o indirecta”.

De esta forma, la expropiación solo afectaría al capital en manos de Repsol (57,43%), mientras que el 25,46% que controla la familia Eskenazi a través del Grupo Petersen y el 17,11% restante en manos de fondos y pequeños ahorradores que compraron títulos en Bolsa estaría libre de la nacionalización. No obstante, todos los accionistas se verán igualmente afectados por el desplome de la cotización, y los efectos de la valoración que haga el Tribunal de Tasaciones.

El proyecto de ley, que debe pasar por las cámaras legislativas, consagra también “como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y su explotación, transformación y transporte para garantizar el desarrollo económico con equidad social y el incremento de la competitividad.

El texto también insta al Estado a “arbitrar las medidas conducentes” para la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” , la “explotación racional” de los recursos y la “protección de los intereses de los consumidores” tanto en precio como en disponibilidad.

El ejercicio de los derechos accionariales de las provincias, que dispondrán del 49% del capital expropiado, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y se prohíbe la transferencia o venta de los títulos expropiados, salvo que lo autorice el Congreso de la Nación”.

Asimismo, se crea un nuevo organismo -Consejo Federal de Hidrocarburos- integrado por los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria “que promoverá la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”.