Increíbles presupuestos

No es frecuente que un Gobierno se proponga reducir el déficit público en más de tres puntos porcentuales del PIB en un solo ejercicio económico. Mucho menos que lo trate de hacer cuando la economía se encuentra inmersa en una profunda recesión, con una tasa de desempleo camino del 25% de la población activa. Si, además, las economías que tradicionalmente constituyen sus principales mercados de exportación también se encuentran deprimidas, el empeño se empieza a convertir en un ejercicio de heroicidad.

Ese país es el nuestro. Adicionalmente a ese cuadro básico, fundamento del ejercicio de presupuestación, la deuda privada, la de las familias y las empresas, se encuentra en niveles sin precedentes, y el crédito bancario, en tasas negativas de variación. Eso ayuda a comprender el marcado escepticismo con que se contemplan esos propósitos del Gobierno español, en gran medida impuestos por la Comisión Europea. Escepticismo que, en el caso de los inversores en bonos del Tesoro, se traduce en exigencias de una mayor remuneración a esos títulos públicos.

A esas pretensiones difícilmente alcanzables se añaden algunas anomalías en el propio ejercicio de elaboración de esos presupuestos que no han contribuido precisamente a fortalecer la confianza de los inversores, ni la de las instituciones comunitarias. La más destacada ha sido la inexplicable tardanza en dar a conocer los propios Presupuestos. La sospecha de que esa tardía difusión, dada la magnitud de los ajustes en capítulos considerados sensibles socialmente, ha sido motivada por la convocatoria de las elecciones andaluzas, añade mayor incomodidad en aquellas instituciones supervisoras del proceso de saneamiento financiero público y, eventualmente, suministradoras de los apoyos financieros necesarios. La otra irregularidad que tampoco ha sido bien recibida por las instituciones comunitarias es la unilateral reducción del objetivo inicialmente comprometido por España. Que la reducción fuera todavía de más difícil consecución, hasta el objetivo inicialmente comprometido, no era causa suficiente para que sin consulta previa el presidente del Gobierno no desvelara sus intenciones sino fuera de las instancias comunitarias.

Ese es el contexto en el que ha nacido el principal instrumento de la política económica española, correspondiente al año probablemente más complicado y amenazante para la economía de España y el bienestar de los ciudadanos. Los contribuyentes conocieron desde el principio que verían elevadas sus tarifas del IRPF, y más tarde, que se reducirían partidas básicas de servicios como la sanidad y la educación, además de otras no menos relevantes a medio y largo plazo, como la inversión pública en capital físico o la destinada a fortalecer el capital tecnológico, esencial para no retroceder en la necesaria modernización de la economía, en el fortalecimiento de su capacidad competitiva.

Los riesgos asociados a ese ejercicio de voluntarismo difícilmente creíble son elevados. La aplicación de los cuantiosos ajustes en el gasto público no garantizarán la consecución del objetivo propuesto. Para que este sea posible será necesario conseguir los ingresos públicos previstos. Un propósito que se presenta poco compatible con contracciones del PIB en el entorno del 2%, a pesar de que los contribuyentes reduzcan su renta disponible para satisfacer esos mayores impuestos directos.