Una austeridad muy contestada

Como quedó patente en las reuniones de Bruselas, el Gobierno se ha visto obligado a presentar unos presupuestos austeros con el ineludible compromiso de reducir en este año el déficit total de las administraciones públicas al -5,3% del PIB. La permisividad comunitaria al suavizar el anterior objetivo de déficit español (-4.4% del PIB) se explica por la elevada cifra de déficit alcanzada en 2011 por el Gobierno anterior (-8.1% frente al -6% estimado) y por el empeoramiento de las previsiones de crecimiento económico español y europeo.

Partiendo de la necesidad de austeridad y recortes, hay dos ámbitos de análisis en los que podemos centrarnos. Por una parte, en lo acertado o no de las previsiones establecidas para el año 2012, que con una caída del 1,7% del PIB real enmarcan el conjunto de la actividad económica y, por tanto, de la posible recaudación de impuestos. El otro aspecto es la magnitud del recorte y, sobre todo, la distribución del esfuerzo entre los diferentes estamentos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Indudablemente, el Gobierno, en sus previsiones para 2012 tiene que contar con un entorno desfavorable con la mayoría de los países europeos en recesión y con un precio del petróleo elevado. El cuadro macroeconómico revisado por el Ejecutivo, con caídas del 1,7 % del PIB y casi del 4% del consumo final nacional, pone muy difícil conseguir algún crecimiento de los ingresos y obliga a aplicar un recorte importante de los gastos. En esta previsión, el Gobierno se sitúa en el lado más pesimista de las instituciones internacionales y de los analistas nacionales e internacionales. Quizá con esto quiera cubrirse de posibles errores en las estimaciones, que en todo caso podrían ser algo mejores de lo esperado para el segundo semestre del año, mejorando algo sobre la previsión realizada. Desde el punto de vista de los ingresos, las previsiones en los presupuestos son optimistas, con un incremento de los ingresos tributarios del 2,3% (siempre antes de la cesión a los entes territoriales) que podría compensarse, como hemos comentado, con una menor caída de la actividad y el consumo durante el segundo semestre. Si no es así, no le quedará más remedio que subir el tipo del IVA. Un aspecto poco comentado es el aumento previsto en la recaudación del impuesto sobre sociedades, del 22,2%, que se basa en la reducción de las desgravaciones a las grandes empresas aprobada por Real Decreto Ley adjuntado a los PGE.

En cuanto a los gastos, solo se libra de los recortes el gasto en pensiones y el salario de los funcionarios, aunque el aumento del IRPF hace que sí se note alguna reducción en el bolsillo individual de dichos ciudadanos. El mayor esfuerzo lo tendrán que hacer aquellas comunidades autónomas que habían incurrido en déficits muy elevados durante 2011. Para analizar la equidad de estos ajustes se deben estudiar los detalles de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas y sus cuentas individuales en sanidad y educación, que son los capítulos más difíciles de ajustar. La reducción de gastos aplicada a los ministerios (-16,9% en su conjunto) es generalizada, aunque con diferentes intensidades (ayuda al desarrollo, defensa, ayudas a la vivienda, infraestructuras), incluso, las transferencias a los sindicatos, reducidas en 6,2 millones de euros, que junto a la liberalización de la formación incluida en la reforma laboral puede explicar en parte el descontento de los mismos.

De todos estos ajustes en el gasto público pueden obtenerse importantes beneficios si se realizan de forma adecuada. Cada institución y ministerio puede recortar los gastos ajustándolos con criterios de eficiencia o puede limitarse a ajustar lo más fácil en cada caso. Tendrán que desaparecer entes públicos (sociedades, institutos, fundaciones) que se crearon sin necesidad y con el único propósito de evitar las normativas y rigideces legales en las contrataciones del Estado y de las comunidades autónomas. También tendrían que limitarse y/o desaparecer subvenciones en aquellos casos cuyo único objetivo era favorecer a empresas y amigos cercanos.

Uno de los temas más contestados es el contenido en las medidas excepcionales referidas al tratamiento de las rentas de fuente extranjera y de rentas no declaradas en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades. De estas medidas se infiere un reconocimiento de la dificultad de la lucha del Estado contra la evasión de capitales y el fraude fiscal. Bien es sabido el dicho popular de que el que no defrauda es porque no puede. Debería añadirse al que no se le castiga. No hay que ser rico para defraudar, la oportunidad de hacerlo depende del tipo de rentas. La medida tomada es pragmática, pero el aspecto más dudoso de estas medidas excepcionales es su eficacia. En el caso en que tengan algún éxito habría una reducción del fraude con efectos positivos en las futuras declaraciones, pero tiene que reforzarse la inspección fiscal y cambiar la mentalidad y conciencia cívica de los ciudadanos.

Los PGE son restrictivos y, por tanto, no ayudarán a incentivar el crecimiento durante 2012, aunque, si se hace bien, pueden poner las bases para un posterior crecimiento más equilibrado que el del ciclo expansivo anterior. El Gobierno, una vez aprobados los PGE, tendrá que esforzarse en conseguir una aplicación correcta de los mismos y continuar con las reformas, especialmente la financiera, para que el crédito vuelva a fluir en el sistema económico y permita el ansiado crecimiento y la creación de empleo.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE